“Son niños tutelados por una Administración que ahora les falla”

Carles Tria, médico de 55 años, lleva 17 años trabajando en la residencia Santa María, de Mataró. El centro está pasando estos días por los peores momentos que recuerda. Pero ni siquiera ahora, aunque no vaya a cobrar este mes, se plantea cambiar de trabajo. “Cuando llegué, me enamoré de esta forma de entender la medicina”, dice. “Es injusto que siempre resulten perjudicados los más desfavorecidos. Ahora nos necesitan”, añade.

Tria es uno más de los miles de trabajadores sociales que estos días, pese a ver en riesgo sus ingresos, han decidido cerrar filas con los niños, personas mayores o discapacitados a los que atienden. Según el Colegio de Trabajo Social de Cataluña, hasta 100.000 empleados del sector pueden verse afectados por los impagos de la Generalitat a todos los centros asistenciales concertados de Cataluña.

“Estamos en una situación de verdadera alarma social”, asegura Iñaki Antón, director de la residencia Gravi en Polinyà (Barcelona). Antón explicó que la financiación pública supone el 70% de los ingresos de este tipo de centros, mientras el resto es sufragado por las familias. Por ello, ya ha comunicado a sus trabajadores que no podrá pagar ni nóminas ni a gran parte de los proveedores, salvo los que preparan las comidas “Es lo último en lo que vamos a recortar. No podemos dejar de alimentar a los ancianos”, remató.

En la residencia para discapacitados intelectuales Santa María, en Mataró (Barcelona), califican la situación de “crítica”. Albert Vidal, vocal de la fundación privada Maresme, que gestiona el centro, revela que los trabajadores no cobrarán la nómina de este mes, aunque desde la dirección se está buscando cómo pagar “al menos una parte” del sueldo de los 280 profesionales que trabajan en sus siete centros, que atienden a unas 2.000 personas. Vidal recuerda que de los 12 millones de euros anuales de presupuesto que tiene la fundación, un 80% procede de la Generalitat. El vocal confía en que esta decisión del Gobierno catalán no se repita, ya que si el impago se prolonga dos meses más, tendrán que cerrar.

En situación similar se encuentran los 90 centros residenciales que atienden a los más de 2.000 menores tutelados por la Generalitat por hallarse desamparados o en riesgo de exclusión social. “Los retrasos en los pagos ya nos obligaron a negociar una póliza con La Caixa para impagos. Es el único balón de oxígeno que tendremos”, explicó la directora de un centro de menores tutelados en Girona. Responsable de 16 niños de entre dos y 18 años, la educadora pide no revelar el nombre de su centro, que coordina desde hace 20 años.

“Son niños tutelados por una administración, que ahora les está fallando”, lamenta la directora. “El único dinero que recibimos es el de la Generalitat, 59.400 euros al mes. Con ello se sufraga todo lo que necesiten los menores, más el salario de 11 educadores que se turnan las 24 horas del día. Cuando conocimos la decisión de la Generalitat los empleados optaron por reducir su nómina en un 40% con tal de que los niños estén bien atendidos”, añadió. Un educador cobra unos 1.300 euros al mes.

La decisión de la Generalitat de aplazar el pago de más de 70 millones de euros a centros sociales concertados, correspondientes al mes de julio, ya ha dado el primer paso hacia los tribunales. La Asociación Catalana de Directores de Centros y Servicios de Atención a la Dependencia Gerontológica (Ascad) llevó ayer a la Fiscalía los impagos, por considerar que suponen un “abandono asistencial” de las personas mayores cuya asistencia depende de estos centros. Ascad argumenta que la decisión del gobierno de Artur Mas (CiU) comporta un “riesgo vital” para los residentes.