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Cinco duros planes de ajuste no han logrado sanear las arcas catalanas

La Generalitat irá al fondo de liquidez con una deuda de 42.000 millones

“La austeridad está matando al paciente”. Así de rotundo se mostró ayer en una entrevista a la BBC Andreu Mas-Colell, el encargado de buscar las constantes vitales a una economía, la catalana, que desde su entrada en quirófano en 2009 ha sido tratada con una sobredosis de austeridad. Al enfermo se le han recetado hasta cinco terapias que han consistido en recortes de gasto y subidas de impuestos y tasas. Desde entonces, sus ingresos fiscales no han hecho sino caer y, a la par, su deuda ha seguido escalando. Cataluña acudirá al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) con un lastre de 42.000 millones de euros, el 21% de su producto interior bruto (PIB) y unos vencimientos para el segundo semestre de 5.755 millones.

En sus dos últimos años al frente de la Generalitat, el tripartito puso en marcha sendos planes de ahorro que sumaban 2.500 millones, pero que no permitieron contener el déficit público, que dejó en el 4,2% del PIB. El Gobierno de Artur Mas se aplicó desde el primer día con las tijeras. Dio un tijeretazo a los Presupuestos del 10%, lo cual supuso cerrar quirófanos, reducir las horas lectivas en escuelas e incluso revisar la concesión de ayudas a colectivos en riesgo de exclusión. Aunque la rebaja de gasto que logró Mas fue en realidad fue del 6,9%, se trata del recorte mayor jamás aplicado en Cataluña. Y se redujo el déficit, pero se quedó en el 3,9% del PIB, tres décimas menos que el año anterior.

A ese plan le siguieron otros dos más que el Ministerio de Hacienda consagró el pasado mes de mayo y que supone ahorrar 4.578 millones de euros este año a base de crear y subir tasas e impuestos, recortar gastos y sueldos a los empleados de la Administración y privatizar patrimonio público. Pero la entrada de nuevo en recesión, que siguió deteriorando el sector industrial de la comunidad, asestó otro golpe a los ingresos de la Generalitat, que continuaron hundiéndose.

Los responsables económicos de la Generalitat denuncian siempre que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no cumple con su parte. La Administración central, denuncia la Generalitat, lleva dos años sin traspasar los fondos de competitividad vinculados al sistema de financiación autonómica y sin abonar las cantidades estipuladas en el Estatuto para inversiones, que suman 978 millones de euros. Además, el Gobierno de CiU esgrime como otro lastre el crónico déficit fiscal que mantiene la Administración central con la autónoma, que cifra en una media de 16.000 millones.

A la vez que los ingresos descienden drásticamente, el Ejecutivo catalán se enfrenta a unos vencimientos de 5.755 millones de euros en el segundo semestre del año, de los cuales la mayoría corresponden a la devolución de bonos que compraron particulares. Y además, una parte sustanciosa de los ingresos va a pagar intereses de la deuda, que solo este año ascienden a 1.999 millones de euros, lo cual supone la tercera gran partida de los Presupuestos, solo por detrás de las destinadas a sanidad y educación. La bajada de los ingresos y el incremento de los compromisos ha acabado por asfixiar las arcas catalanas, que este mes ya solo puede atender los pagos de nóminas de funcionarios y vencimientos de los bancos, por lo que ha anunciado que no abonará los conciertos con escuelas y hospitales.

La Generalitat apenas cuenta con un recurso: hacer la bola de la deuda más grande. Puesto que la crisis internacional le cerró las puertas a los mercados internacionales, el Gobierno catalán ha venido apelando al ahorro de sus ciudadanos con bonos para particulares y créditos a corto plazo con entidades de la comunidad. Pero tampoco es tan fácil: la última emisión ya no se cubrió con la holgura de las anteriores. La Generalitat negocia ahora con un sindicato bancario un crédito de 800 millones que le permitiría cierto oxígeno. Según fuentes cercanas a esa negociación, las entidades ya daban por descontado el rescate y pedían que fuera el fondo de liquidez quien cubriera los próximos vencimientos.

La gasolina pública y la aerolínea de bandera

LL. P. / M. N.

Las partidas de sanidad, educación y servicios sociales constituyen el grueso de los presupuestos de la Generalitat. Se trata de tres capítulos que, además de incrementarse a partir de 2004 respecto a los Gobiernos de Jordi Pujol, durante la época de bonanza no hicieron sino crecer y, de hecho, explican el desvío presupuestario de los dos últimos ejercicios, cuando los ingresos cayeron abruptamente. A pesar de que el Gobierno catalán no se explayó en proyectos faraónicos, algunas obras y gastos sí han sido criticados por la oposición. En algunos casos, los proyectos han sido auténticos fiascos.

A falta de un aeropuerto con una amplia oferta de vuelos intercontinentales, la Generalitat trató de levantar una aerolínea de bandera que acabó siendo un “pozo sin fondo”, en palabras del presidente Artur Mas. Para ello, se quedó con Spanair, a la que tuvo que alimentar con gasolina pública casi desde el primer momento. En total aportó 140 millones de euros, hasta que el pasado mes de enero, tras verse incapaz de hallar un comprador para la compañía, el Ejecutivo catalán decidió cerrar el grifo, lo cual supuso la quiebra y liquidación de la aerolínea.

Otro proyecto que se ha puesto en duda es el aeropuerto de Alguaire (Lleida), que costó cerca de 95 millones de euros. Su primer año de andadura fue un fiasco, con vuelos prácticamente vacíos —por ejemplo, la ruta Lleida-Barcelona— que debían ser subvencionados por la Generalitat. El Ejecutivo de CiU ha visto ahora en el turismo de esquí una salida para el aeródromo que, aun así, sigue con números modestos. En el primer semestre del año, por sus instalaciones han pasado 27.132 pasajeros.

La oposición, sobre todo el PP y Ciutadans, ha criticado al Ejecutivo de Mas el presupuesto para los medios públicos catalanes y las delegaciones o embajadas de Cataluña en el exterior. La partida para la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) ha disminuido un 21,2% en los dos últimos años, de forma que estos medios cuentan con 260 millones, frente a los 330 millones de 2010. En el ámbito de la política exterior, el presupuesto se ha reducido de forma mucho más abultada, el 54,2% en dos años, desde los 55,6 millones de euros de 2010 a los 25,4 millones de 2012.

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