Los grupos inundan el Congreso con iniciativas de rescate social

No son medidas macroeconómicas sino propuestas pegadas al terreno ante la evidencia de que el número de ciudadanos en peligro de exclusión social, sin ingresos, sin ayudas, sin trabajo, va en aumento y sin expectativas de solución a corto y medio plazo. Otras, se destinan a aliviar la situación de los trabajadores autónomos, para que no tengan que cerrar su actividad, y las hay destinadas a aflorar la economía sumergida. Este es el paquete de iniciativas parlamentarias que esta semana se verán en el Congreso, procedentes de la firma de todos los grupos, que coinciden en un fuerte componente social, propias de una situación que raya en la alarma.

Será una imagen bastante excepcional la que aparezca en el marcador del Congreso en la tarde del martes. Todos los grupos parlamentarios votarán una proposición no de ley por la que el Gobierno se compromete, instado por el Congreso, a atajar la creciente pobreza infantil en España. Casi 2,2 millones de niños viven por debajo del umbral de la pobreza, según el informe de Unicef España, que ha sido tomado en absoluta consideración por los grupos políticos españoles. La crisis económica se ceba en los niños, dado que la pobreza infantil, estabilizada durante muchos años en un 24% ciento, ha superado el 26%, lo que sitúa la pobreza entre los menores en cinco puntos más que la media nacional, con cifras desconocidas en la España de las últimas décadas.

A efectos prácticos lo fundamental es que la iniciativa anterior tiene el apoyo del Grupo Popular, y, por tanto, garantías de que el compromiso es firme. La pelea de las próximas horas se dará para que el PP apoye una moción del Grupo Socialista que pretende la extensión de la cobertura a los desempleados que hayan agotado todas sus prestaciones. En este terreno de precariedad se sitúa la propuesta de UPyD sobre la renta de inserción social que de una manera dispersa reciben los ciudadanos de algunas comunidades autónomas, siempre a partir de los 45 años. De entrada este grupo pide hacer extensiva esa renta a menores de esa edad y que se trate de una “renta nacional”, dada la disparidad existente entre autonomías. Unas dan 400 euros a quienes ya no tienen nada; otras 350 y otras 500. Algunas, nada. “No son medidas para acabar con la crisis económica sino para no abandonar a su suerte a quien ya está en una situación dramática porque no tiene nada”, señalan portavoces del partido que dirige Rosa Díez.

Un paquete de medidas contra “la pobreza y la exclusión social”, vienen de la mano de Izquierda Plural ( IU, ICV, CHA), que el Grupo Popular está en plena contabilización, aunque la primera respuesta que ofrece, además de la económica, es que estas políticas las llevan las comunidades autónomas y no el Estado. En el pleno de hoy se expondrá de manera descarnada cómo la pobreza acecha a numerosos colectivos. Sin llegar a ese grado, otros muchos pasan por enormes dificultades. Es el caso de los profesionales autónomos, obligados a cumplir sus obligaciones fiscales con Hacienda cada tres meses, sin que hayan cobrado en muchos casos por sus servicios. En ellos pensó el PP cuando incluyó en su programa electoral que los autónomos no tendrían que pagar este impuesto hasta que no vieran satisfechas sus facturas. Aún no se ha hecho y CiU quiere empujar con una iniciativa igual que la que prometió el PP en su programa.

En el extenso abanico de necesitados están las personas que se dedican a cuidar de los demás. El portavoz de política social de CiU, Carles Campuzano, defenderá en la comisión de Empleo una ley para regular “el sector de los servicios a la persona”, que sitúa en un millón de trabajadores, muchos en la economía sumergida. Incentivos de todo tipo se ofrecerían a quienes regulen legalmente la actividad de estos trabajadores dedicados al cuidado de personas dependientes. Los acuerdos sobre estas iniciativas están por ver pero ya está sentenciado el desacuerdo en el Senado en torno a los Presupuestos de 2012. Un intenso debate se ha vivido en la Cámara Alta entre los ocho portavoces que han presentado veto a los mismos, frente al ministro de Hacienda, Cristobal Montoro.

Los reproches al Gobierno han caído como chuzos de punta, y uno de los más críticos ha sido el portavoz socialista de presupuestos, Felipe López. Este se ha detenido en los recortes sanitarios, educativos, de investigación y de partidas sociales, además de censurar que se mantenga la deducción “para las rentas altas” en la adquisición de vivienda y en la “indecente” amnistía fiscal. Montoro había pedido “alturas de miras”, que podría traducirse de inmediato en la retirada por parte de la oposición de los ocho vetos, o enmiendas a la totalidad de los Presupuestos. No fueron retiradas sino derrotadas por la mayoría absoluta del PP, con el apoyo de UPN y Foro Asturias. Ahora sigue la tramitación en la que solo se prevén enmiendas de corrección del propio Grupo Popular.

En el Senado no, pero hay otro atisbo de consenso en el Congreso en torno a una propuesta de UPyD sobre la custodia compartida de los hijos en caso de separación o divorcio. Se está negociando pero parte con la ventaja de que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha adelantado que trabaja en esa línea, que tiene defensores y detractores.