PP y PSOE se achacan responsabilidades en la crisis de Bankia

El Gobierno ha convalidado el decreto de reforma del sistema financiero, pero solo ha logrado sumar el apoyo de Coalición Canaria y UPN en la votación del pleno del Congreso. De los 329 diputados asistentes, 178 han votado a favor, 28 en contra y 123 se han abstenido. El único acuerdo que se ha mantenido inalterable en los últimos años entre el PP y el PSOE, el que tiene que ver con los bancos y las cajas de ahorros, se ha agrietado, pero no roto, después de un debate áspero en el que los dos grandes partidos se han achacado responsabilidades por la crisis bancaria que, por ejemplo, supondrá inyectar más de 20.000 millones de euros de dinero público a Bankia.

El PSOE, finalmente, se ha abstenido, tras no poco suspense, porque su portavoz, Valeriano Gómez, ha intervenido en el turno en contra, ha hecho una crítica muy dura del texto, pero no ha desvelado el sentido del voto. Los 110 diputados del PSOE asistieron al debate sin saber qué botón tendrían que apretar. Hasta instantes antes de la votación intentaron el acuerdo con el Gobierno. CiU, con quien el Ejecutivo de Mariano Rajoy también ha negociado, ha optado igualmente por la abstención. Su portavoz, Josep Sánchez Llibre, ha hecho llamadas al acuerdo desde la tribuna.

Los socialistas se quedaron en la abstención porque el Gobierno aceptó tramitar el decreto como proyecto de ley, de tal forma que ambos partidos podrán prolongar la negociación para intentar incluir modificaciones en el Congreso y en el Senado. De esa manera, el acuerdo sobre el sistema financiero no se rompe, aunque esté amenazado seriamente por los reproches y, sobre todo, por las discrepancias en cuanto a Bankia y la exigencia de responsabilidades por parte del PSOE, incluyendo la petición de una comisión de investigación.

Minutos antes de la votación, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, argumentaba la postura de su partido ante los medios de comunicación. "Nos vamos a abstener porque el señor De Guindos ha dicho sí a dos cuestiones: no habrá un euro público que se pierda y el decreto contemplará cuestiones concretas para las familias y las pymes. En esas condiciones, estamos dispuestos al diálogo", aseguraba.

Durante el debate en el hemiciclo, el encargado de defender la postura de los socialistas, el portavoz de Economía y exministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha criticado que se hayan ido dando diferentes cifras sobre los millones que necesita Bankia. "¿Cómo se ha generado este agujero en una entidad que hace años era de las más solventes?", se ha preguntado. Por ello, el PSOE ha pedido hoy al Gobierno que haga que la fiscalía "comience a actuar, ordenando las actuaciones necesarias" para depurar responsabilidades en la crisis financiera. Más expeditiva, la portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso, Rosa Díez, ha confirmado que su partido presentará la próxima semana una querella ante la Audiencia Nacional contra "todos" los responsables de lo ocurrido con la nacionalizada Bankia. Mientras tanto, el presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, ha reclamado "prudencia" a la hora de actuar con Bankia para "no agravar la situación" con "confrontaciones violentas y personales".

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha pedido por su parte el "máximo consenso" de la Cámara para un decreto ley que considera "imprescindible". "El sistema financiero tiene un montón de incertidumbres desde el punto de vista de los mercados. Este decreto pretende generar más solvencia en las entidades y al mínimo coste para el contribuyente", ha añadido. Guindos ha acusado al PSOE de que si no apoya el decreto estará "votando en contra de quitar todos los activos inmobiliarios tóxicos de los balances de los bancos españoles".

Ha cerrado las intervenciones el portavoz del PP Vicente Martínez Pujalte, amigo personal de Rodrigo Rato, con una dura intervención en la que ha achacado al PSOE los problemas de Bankia y la responsabilidad por la situación de la entidad.

Las conversaciones entre el Gobierno y el PSOE se interrumpieron el miércoles por la tarde por el viaje del ministro de Economía, Luis de Guindos, a Alemania. El Gobierno, con votos suficientes para convalidar el decreto, deseaba un apoyo amplio para transmitir imagen de solidez y unidad. Los decretos sobre el sistema financiero eran los únicos que hasta ahora estaban al margen de la confrontación entre PP y PSOE.

Hace tan solo cinco días, los socialistas enviaron al ministro de Economía sus condiciones para dar su respaldo al proyecto del Gobierno. El documento exigía que las ayudas públicas a los bancos puedan ser reintegrables, una vez que las entidades afectadas tengan beneficios y salgan de la dificultad.

Los socialistas también solicitaron que en el decreto ley se diera respuesta a los afectados por hipotecas impagadas, por considerar que el pacto de libre adhesión sobre los desahucios y las daciones en pago no resuelve esos casos extremos. Igualmente, la dirección del PSOE pidió que se busque una solución para los afectados por las llamadas acciones preferentes, producto financiero que se extendió para pequeños ahorradores y que, según el propio ministro de Economía, debían haberse limitado para grandes inversores.

Se trata de la segunda reforma financiera en tres meses. La medida llega después de la nacionalización de Bankia y abre la puerta a la inyección de grandes cantidades de dinero público en los bancos con problemas.