Cataluña tomada en serio

La víspera de la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el presidente catalán, Artur Mas, entrevistado en la cadena 8tv, se mostró convencido de que el Estado se opondría a su demanda de pacto fiscal. Pero añadió que si fuera rechazada, “no nos quedaremos con los brazos cruzados”: la alternativa sería “crear una Hacienda catalana”.

Es decir, lo mismo, pero por las malas. El pacto fiscal consiste en que la Agencia Tributaria catalana recaude y gestione todos los tributos generados en Cataluña, y pague a la Hacienda central un “cupo” anual como contribución a los gastos del Estado en materias no asumidas por la comunidad, según el modelo del Concierto vasco. Así viene planteándolo el catalanismo desde hace años, si bien formulado como un sistema “similar al Concierto en sus resultados”: que garantice una capacidad de gasto parecida a la que disponen los vascos, superior hasta en un 60% a la media.

Esa ventaja no es un efecto del Concierto como tal, sino de la forma como ha venido calculándose el Cupo. Según Ángel de la Fuente, experto del Instituto de Estudios Financieros, a la hora de fijar la aportación vasca no se toman en consideración partidas del gasto estatal como las destinadas al fondo de solidaridad interterritorial y al pago de los intereses de la deuda. Ello supone pagar menos de lo que correspondería, y por consiguiente retener una mayor parte de lo recaudado.

Tras la discusión sobre la financiación de Cataluña ha estado siempre el agravio comparativo con el País Vasco. Pero lo que durante años se planteó como necesidad de eliminar gradualmente ese privilegio se transformó a partir del pacto del que nació el Tripartito en demanda de “equiparación de los ingresos por habitante de Cataluña con los de las comunidades forales”. Es decir, extensión del privilegio, de acuerdo con el criterio de que tan nación es Cataluña como Euskadi y el no menos ideológico de que sus dificultades económicas eran consecuencia del exceso de solidaridad con el resto de España. No se trata, por tanto, de tener o no una agencia tributaria propia, sino de tenerla en condiciones que permitan reducir unilateralmente la aportación catalana a los mecanismos de solidaridad.

La izquierda catalana ha abandonado el criterio de que esas transferencias son un factor de cohesión social y dinamización del mercado español, lo que a su vez beneficia a la economía de Cataluña, que es la comunidad que registra un mayor saldo favorable en la relación comercial con el resto de España.

Si el Gobierno central aceptase el pacto que propone Artur Mas, ¿cómo podría justificar que no se aplicase a las demás autonomías? Pero la generalización del privilegio significaría la liquidación (por quiebra) del Estado autonómico. El Consejo Asesor para la Reactivación Económica ha remitido a Mas un informe sobre el pacto fiscal en el que le aconseja suscitar el máximo consenso interno sobre ese objetivo, cuya constitucionalidad podría defenderse, sugería, en base a la distinción entre nacionalidades y regiones.

La unanimidad catalana en torno a algo tan ventajoso podría tal vez alcanzarse, pero pensar que un Gobierno español de cualquier signo pueda aceptar la idea de que esa distinción da por sí misma derecho a una financiación singular o a limitar la aportación a las políticas redistributivas del Estado, es una utopía. Especialmente cuando la oferta de pacto se acompaña con la amenaza de ruptura, de acuerdo con el tópico de que a los catalanes no se les toma en serio porque son poco enérgicos en la defensa de sus reclamaciones.

Un pacto que incluye la amenaza de aplicar de todas formas, de manera unilateral, lo que se reclama, rompe con la tradición pactista catalana. Además, ¿cómo se hace eso? Seguramente Artur Mas piensa en unas elecciones anticipadas, con el Pacto Fiscal como programa. Pero aunque ganase las elecciones, si intentara constituir esa Hacienda propia, el Gobierno central se vería obligado a plantear un recurso de inconstitucionalidad.

Estaríamos de nuevo ante un conflicto de legitimidades, como el planteado con el Estatut. “Entraremos en terreno desconocido”, reconoció Mas en la entrevista citada; pero añadió: “Yo mismo me pregunto si nos podemos ahorrar ese camino, y la respuesta es no”. ¿Es eso lo que CiU ofrece a los catalanes, un enfrentamiento entre el principio democrático y el de legalidad? ¿Renunciar al pactismo y convertir un problema difícil en uno irresoluble?

Puede que no del todo. Un día después, el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, mediaba entre la representación andaluza y el ministro Montoro para evitar el rechazo del plan de ajuste presentado por esa comunidad. En la tradición de intervención en la política española en defensa de intereses compartidos con el resto de España, incluyendo Andalucía, cuyo primer proveedor es Cataluña.