Las autonomías no controladas por el PP van por libre con los recortes

Mariano Rajoy está empeñado en lanzar a Europa y a los mercados un mensaje clarísimo: el PP controla las autonomías. Esa capacidad de control es lo que más preocupa fuera de España, según han admitido públicamente el ministro de Economía, Luis de Guindos, y el de Hacienda, Cristóbal Montoro. Pero la realidad política española aleja esa imagen cada día más. Las autonomías, sobre todo las que no gobierna el PP, van por libre. Y este jueves, en un solo día, llegaron de cuatro de ellas mensajes clarísimos de que no están dispuestas a seguir el ritmo del Ejecutivo. Y en otro sentido, otras, en manos del PP, como Madrid, también muestran que siguen su propia agenda política.

La más clara rebeldía la mostró Euskadi, gobernada por los socialistas precisamente con apoyo del PP. Los recortes están generando tensión en ese pacto y el PSE se alió con el PNV para sacar adelante una iniciativa que insta al Gobierno a recurrir ante el Constitucional, por invasión de competencias, las leyes que reforman la sanidad y la educación aumentando el copago farmacéutico y el número de alumnos por clase, por ejemplo. El Gobierno vasco además anunció que en esta comunidad sí se atenderán en las consultas ordinarias a inmigrantes irregulares.

Esta rebelión llega semanas después de que las Diputaciones vascas anunciaran que no aplicarán la amnistía fiscal que aprobó el Ejecutivo central. Una demostración de que allí los ritmos no los marca el Gobierno de Rajoy.

Un mensaje similar se lanzó desde Andalucía, la comunidad más observada de todas porque puede convertirse rápidamente en referente de la izquierda y de la alternativa al PP, incluso de la oposición al Gobierno, como lo fue Madrid durante los años en los que José Luis Rodríguez Zapatero estaba en La Moncloa.

El que será con toda probabilidad futuro vicepresidente andaluz, Diego Valderas, líder de IU, aseguró que si la Junta de Andalucía tiene que ajustar plantillas “no aplicará” la reforma laboral del PP. “Hay que declararnos en rebeldía ante la reforma laboral. No podemos aplicarla llegado el momento a los empleados laborales", dijo Valderas. Claro que también estaba así asumiendo que habrá despidos en el sector público andaluz en los próximos meses. La idea del coordinador de IU es que si hay que despedir a empleados públicos laborales, la norma que se vaya a aplicar sea la de la anterior reforma laboral, que estipulaba en 33 días la indemnización por despido procedente y no en 20 como ha aprobado Rajoy.

Mientras, el Gobierno de Canarias tampoco aplicará la posibilidad de subir la ratio de alumnos por clase que ha aprobado el Ejecutivo. Alfredo Pérez Rubalcaba, líder del PSOE, aprovechó que estaba en Las Palmas para reivindicar esa decisión del Gobierno canario —que preside Coalición Canaria en coalición con los socialistas—. Dijo que los socialistas trabajarán allí donde gobiernen o tengan influencia para “minimizar el impacto dañino” de los recortes del Gobierno. Rubalcaba, eso sí, admitió que el margen que les deja la ley para variar esas políticas del Ejecutivo es “pequeño”, y aseguró que el PSOE la cumplirá en cualquier caso.

El Ejecutivo, que asiste con inquietud a esta especie de constante enmienda de todo lo que plantea en algunas autonomías —un fenómeno que ya vivió Zapatero con las comunidades del PP—, apela a la Ley de Estabilidad como garantía de que finalmente, y a pesar de algunos discursos políticos más encendidos, podrá marcar el ritmo de las autonomías.

Al Gobierno no se le escapan, en cualquier caso, solo las comunidades que no controla su partido. También algunas de las suyas van a su aire. Esta semana se ha abierto un debate sobre la posibilidad de que el Gobierno implante el pago de una pequeña cantidad en las autovías, gratuitas en este momento. Rajoy quiso frenarlo este jueves, al asegurar: “No hemos hablado de ese asunto; eso no va a ningún Consejo de Ministros; lo he leído, pero el Gobierno no ha tomado ninguna decisión sobre ese asunto”. Sin embargo, Esperanza Aguirre dijo que está estudiando cobrar por las autovías que son competencia de la Comunidad de Madrid.

Otra prueba evidente del escaso control político que tiene el Ejecutivo de las autonomías llegó desde Cataluña. En sentido contrario a la pelea del PSOE, la Generalitat, gobernada por CiU, pide al Ejecutivo que se pueda cobrar cinco euros por cada noche de hospitalización, por ejemplo. El Gobierno responderá este viernes, tras el Consejo de Ministros, a todos estos desafíos. Fuentes del Ejecutivo admiten su preocupación por la imagen exterior que pueda provocar.