El Gobierno da por rota la amistad con Argentina y prepara represalias

El Gobierno español ha salido este lunes en tromba y ha condenado rotundamente la decisión del Gobierno argentino de nacionalizar el 51% de la filial argentina de Repsol. El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha avanzado en conferencia de prensa que el Ejecutivo español trabajaba desde el mismo lunes por la tarde en unas medidas “claras y contundentes” que se darán a conocer en los próximos días, aunque no especificó ninguna. Soria ha denunciado que la medida decidida por la presidenta Cristina Fernández es un gesto de hostilidad contra España y contra el Gobierno de España. Tanto Soria como el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, han dedicado un rosario de descalificativos a la expropiación. García-Margallo, que ha convocado para este martes al embajador argentino, Carlos Bettini, ha declarado que se trata de una medida “arbitraria” y “dañina”, que supone la ruptura de “la relación de amistad y cordialidad” que había unido hasta ahora a ambos países y ha reprochado que España había acudido en socorro de Argentina, cuando el país latinoamericano se encontraba en sus peores momentos.

El Gobierno se ha puesto en contacto con las autoridades europeas, y ha pedido que se debata por la vía de urgencia en el pleno que se está celebrando en Estrasburgo. Ha lamentado que la nacionalización rompe el acuerdo verbal, alcanzado por ambos gobiernos el pasado 28 de febrero, de solventar cualquier conflicto respecto a las inversiones de Repsol con diálogo. El ministro ha advertido de que la decisión no solo es “pésima para España y para Argentina”, sino que también es “malísima para la seguridad jurídica”, con lo que perjudicará gravemente la llegada de inversiones a Argentina. La petrolera Repsol, por su parte, también ha anunciado medidas legales contra Argentina y su decisión de expropiar. Considera la medida "ilícita y gravemente discriminatoria".

Soria confía en que este gesto hostil “no sea el principio de una situación grave”, ya que en Argentina operan otras importantes empresas españolas del sector financiero (BBVA y Santander), telecomunicaciones (Telefónica), y otros servicios. En esta línea, Soria ha advertido de que la expropiación de YPF “no solo afecta a una empresa aislada, sino que perjudica también a miles de accionistas y sus ahorros” y ha criticado que la medida supone una discriminación porque hay otros accionistas de YPF que no se ven afectados.

Soria había declarado el sábado que el conflicto con Repsol en Argentina se estaba encauzando, pero ayer aclaró que se refería a que Buenos Aires no había cumplido la amenaza de nacionalización, que parecía un hecho hacía tan solo unos días. El ministro lamentó que tras su viaje a Argentina, cuando se firmó el acuerdo verbal por el diálogo, el 28 de febrero, se dirigió por escrito al Gobierno de Kirchner, para fijar día y hora de reunión y jamás obtuvo respuesta.

“Allí donde haya una empresa española, allí estará el Gobierno defendiendo como propios sus intereses”. Rajoy, sin referirse directamente a Repsol ni a Argentina, tenía muy presente la amenaza de nacionalización en el discurso con el que clausuró la Asamblea General del Instituto de la Empresa Familiar (IEF) este lunes en Madrid. “No les quepa duda, este Gobierno va a estar al lado de quienes crean empleo y riqueza dentro y fuera de muestro país”, afirmó Rajoy tras señalar que “la excelencia de las empresas españolas requiere de una política económica que esté a su altura”.

Rajoy, informa Miguel González, inicia este lunes su primera gira por Iberoamérica como presidente que le llevará tres días a México y Colombia en plena ofensiva diplomática para intentar frenar el ya explícito plan de Cristina Fernández de arrebatar a Repsol el control de YPF y en medio de la polémica provocada por el accidente del Rey en Botsuana. El viaje estaba previsto antes de que la presidenta argentina anunciara la toma de control de la filial de la petrolera.

Precisamente el presidente de México ha lamentado este lunes la decisión "poco responsable y poco racional" de Cristina Fernández, a quien Felipe Calderón ha animado a rectificar su postura, "claramente violatoria de acuerdos y tratados".

La primera valoración pública de un dirigente político español había llegado de la mano de Dolores de Cospedal minutos después del anuncio de Fernández, a media tarde. "No me cabe la menor duda de que el Gobierno va a dar cumplida respuesta a esta situación. Será la respuesta suficiente y completa para defender el interés de las empresas españolas en Argentina", aseguró la secretaria general del PP.