Valencia quiere cobrar por la atención sanitaria a los turistas nacionales

El Ministerio de Sanidad ha pedido a las comunidades autónomas que preparen propuestas para recortar el gasto en el sector, con el fin de presentarlas en el Congreso Interterritorial de Sanidad, que se celebrará a finales de abril. Esa solicitud coincide con el anuncio realizado ayer por Mariano Rajoy sobre un próximo recorte de 10.000 millones de euros en educación y sanidad. Pero las soluciones que barajan las principales autonomías son tan distintas como los problemas a los que se enfrentan.

» Comunidad Valenciana. Según un informe sobre la deuda sanitaria en España de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada de 2009, la Comunidad Valenciana generó entre 2003 y 2007 el 25% del déficit sanitario nacional: 2.764 millones de euros, frente a los 10.843 en todo el país. Además, técnicos de Sanidad confirman que en los últimos dos años se han dejado en el cajón 1.300 millones más, a los que no se ha hecho frente, en pagos a pequeños proveedores.

Con estos mimbres, la Generalitat impulsa desde 2011 la creación de un Fondo de Cohesión Sanitaria que compense la atención dispensada a los desplazados temporales, sobre todo veraneantes que se concentran en el litoral. Esta es la propuesta que la Consejería de Sanidad, que dirige Luis Rosado, llevará al Consejo Interterritorial, según confirman fuentes oficiales.

En la actualidad existe un fondo de cohesión que asciende a 100 millones de euros. Pero solo el gasto de atención a turistas nacionales, según el citado informe, fue de 164 millones. La Ley General de Sanidad (1986) establece en su artículo 3.2 que la asistencia sanitaria pública se extenderá a toda la población española. Y que las prestaciones sanitarias “se realizarán en condiciones de igualdad efectiva”. Pero el Real Decreto 1207/2006, que regula el actual Fondo de Cohesión Sanitaria, no incluye a los turistas nacionales. Esta es la baza que llevará la Generalitat al Consejo Interterritorial, al considerar que es una “autonomía receptora de turistas”.

» Cataluña. La sanidad es una de las áreas donde mayor incidencia han tenido los recortes del Gobierno catalán desde que CiU tomó el poder en diciembre de 2010. El presupuesto de 2011 recortó la partida de sanidad en un 10% (900 millones), justo lo que ahora anuncia el Gobierno de Rajoy. Consciente de que “había tocado hueso” —así lo afirmó el portavoz, Francesc Homs— con los recortes aplicados también en bienestar y educación, para este 2012 el ejecutivo de Artur Mas ha optado por suavizar el recorte de sanidad (4,8%) e implantar, entre otras medidas, el copago a través del euro por receta. Eufemísticamente, el Gobierno de CiU niega que se trate de copago: lo llama “tique moderador” de la sanidad y con él pretende recaudar 100 millones de euros al año.

La austeridad ha disparado las listas de espera, tanto en número de pacientes como en tiempo. En 2011 aumentó en un 43,1% el número de personas en las listas de espera, que han pasado de 56.670 a 80.540, y el tiempo de espera ha aumentado dos semanas. En total, de enero a octubre de 2011 se realizaron 21.500 operaciones menos, 70 intervenciones al día. Se han cerrado quirófanos por las tardes —algunos hospitales los alquilan al sector privado durante esa franja—, servicios de urgencias nocturnos y en los centros de salud hay menos especialistas los fines de semana. Además, se ha retrasado o paralizado la construcción de siete nuevos hospitales y 44 centros de salud.

» País Vasco. Euskadi apuesta más por reformas profundas del sistema sanitario que por actuaciones a corto plazo. El consejero vasco, Rafael Bengoa, asegura que ofrecerá una “contrapropuesta” al resto de España, la que el País Vasco está llevando a cabo centrada en la atención a pacientes crónicos y que algunas comunidades ya están copiando.

Bengoa reconoce que sería “costosa” la aplicación en el resto del Estado de estas medidas —un centro de atención sanitaria a distancia que ha reducido un 18% las visitas a los centros de salud, telemedicina, atención integrada de pacientes crónicos sin la brecha entre primaria y especializada, entre otras muchas—.

Euskadi se halla entre las comunidades que mejor están afrontando la crisis desde el terreno sanitario. Las cifras del cierre del pasado ejercicio ratifican una deuda sanitaria de 40 euros por habitante ante los 246,7 del resto de España.

» Madrid. Pese a que fue la presidenta Esperanza Aguirre quien en la pasada campaña electoral lanzó la idea de que los usuarios con rentas altas cofinanciaran los medicamentos, su consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, insiste en que la Comunidad de Madrid no trabaja con la opción del copago.

Sobre deuda sanitaria, a falta de datos oficiales —Madrid no facilita información de este capítulo—, los proveedores aportan las únicas pistas. Según la federación nacional de clínicas privadas, la región está entre las tres con mayores problemas de cobro, junto a Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. La deuda total de las regiones con las clínicas concertadas a las que derivan a los pacientes ascendía en 2010 a 2.171 millones de euros.

Los datos sobre deuda farmacéutica están más actualizados. A finales de 2011, según la patronal del sector, Farmaindustria, los hospitales públicos madrileños debían 762,3 millones en medicamentos, la tercera deuda más abultada de las autonomías.

» Galicia. Hace ya meses que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, abrió la espita del debate en el PP sobre el copago farmacéutico en función de la renta. Feijóo no se ha movido, hasta el momento, un ápice de su postura.

Presume del ahorro farmacéutico de su comunidad y ya ha anunciado que la centralización de la compra de todas las provisiones médicas y no médicas de los hospitales del Servicio Galego de Saúde (Sergas) producirá un ahorro de 20 millones de euros al año.

Con información de Neus Caballer (Valencia), Clara Blanchar (Barcelona), Ania Elorza (Bilbao), Elena G. Sevillano (Madrid) y Cristina Huete (Santiago).