Vuelve el ‘sudoku’ presupuestario

La lenta cadencia del trámite parlamentario pondrá mañana, martes, al Gobierno en un aprieto inoportuno: el pleno del Congreso debatirá la toma en consideración de una reforma del Estatuto de Valencia para fijar un criterio objetivo para las inversiones en esta comunidad. El PP acepta ahora lo que Pedro Solbes llamó el sudoku que debía cuadrar para repartir inversiones por autonomías en el Presupuesto.

La reforma fue aprobada hace un año en el Parlamento autónomo cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero; iban a celebrarse elecciones autonómicas; el PP estaba liderado por Francisco Camps y se explotaba el victimismo frente al Gobierno socialista del Estado. Se aprobó una nueva disposición que asegura que “la inversión del Estado en la Comunidad Valenciana, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, será equivalente al peso de la población de la autonomía sobre el conjunto del Estado por un periodo de siete años. Con esta finalidad se constituirá una comisión integrada por la Administración estatal y autonómica”. Votaron a favor el PP y el PSOE y el martes se debatirá en el pleno la toma en consideración. Fuentes socialistas y populares aseguran que el momento no puede ser más inoportuno, puesto que se tramitan normas como los Presupuestos que limitan y recortan las inversiones con criterios distintos de los territoriales. Gobierna Mariano Rajoy y las comunidades del PP ya tienen difícil mantener la tesis del agravio.

También es inoportuno porque el Gobierno negocia con CiU el apoyo a los Presupuestos y, precisamente, con exigencias de los nacionalistas catalanes vinculadas a cláusulas del Estatuto que fijan la fórmula de cálculo de las inversiones en esa comunidad. CiU exige que el Gobierno de Rajoy admita inversiones por valor de más de 900 millones de euros en Cataluña como consecuencia de acuerdos firmados por Zapatero. La reforma del Estatuto de Valencia contradice también la tesis del PP en su minucioso recurso contra el de Cataluña ante el Constitucional. En ese recurso, el PP sostenía que no era posible condicionar los Presupuestos del Estado al contenido de un Estatuto. También contradice su rechazo a la bilateralidad entre el Estado y Cataluña que se admite ahora en la comisión que se crea para que Valencia negocie las inversiones en su territorio. En Andalucía, el PP cambió su oposición e incluyó una cláusula que ahora se copia en Valencia. Por eso, el preámbulo de la reforma que se vota el martes dice que “el pueblo valenciano aspira legítimamente a recibir del Estado el mismo trato que el pueblo catalán o el andaluz”.