Agenda ideológica

El Gobierno del Partido Popular ha querido romper con la percepción de que la crisis económica ha desdibujado las diferencias entre derecha e izquierda. Para subrayar su adscripción, Mariano Rajoy está recurriendo al mismo procedimiento con el que Rodríguez Zapatero quiso poner en valor la suya: retomar la agenda ideológica de su predecesor, y darle la vuelta. Es esta una de las pocas claves que explica la amplia contrarreforma legal que el Gobierno está llevando a cabo. Si durante la campaña electoral el candidato popular aseguró que se concentraría en la política económica, poniendo en sordina los asuntos que no consideraba prioritarios, una vez al frente del Gobierno esos asuntos han cobrado un singular protagonismo.

El aborto, la píldora del día siguiente, la asignatura de Educación para la Ciudadanía, la Ley de Costas, la vida de las centrales nucleares o el sistema de elección para el Consejo General del Poder Judicial están siendo objeto de una revisión en la que pesa más la división partidaria, muchas veces arbitraria y coyuntural, que una evaluación pragmática de las respuestas ofrecidas por el anterior Ejecutivo. Con esta ofensiva, el Partido Popular confía en mantener parte de sus apoyos en las elecciones. Puede que lo consiga, sobre todo con la vista puesta en las autonómicas andaluzas, pero no sin afrontar costes para la gobernabilidad del país y el conjunto de la ciudadanía.

El Ejecutivo de Rajoy comete un error al abordar la regulación de asuntos tan dispares desde la exclusiva óptica de la división entre derecha e izquierda, haciéndose acreedor del mismo reproche que dirigió a su predecesor. Una ley de plazos es preferible a una de supuestos a la hora de regular el aborto, no porque sea una manifestación de actitudes más progresistas que conservadoras, sino por estrictas razones de seguridad jurídica. La actual regulación del acceso a la píldora del día siguiente, por su parte, no ha estimulado la banalización de su uso ni su conversión en un método anticonceptivo habitual. Con el retorno a la ley del aborto de 1985, el Partido Popular cree haber encontrado una salida al embrollo en el que se metió al recurrir la norma vigente, intentando dar satisfacción a los sectores contrarios a la interrupción voluntaria del embarazo y, simultáneamente, a los sectores favorables a su despenalización. Es la misma estrategia que pretende seguir con la asignatura de Educación para la Ciudadanía, buscando una fórmula intermedia entre quienes la rechazan y quienes confían en su utilidad.

La modificación de la actual Ley de Costas supone hacer tabla rasa de las ilegalidades cometidas durante su breve vigencia, escondiendo un sobreseimiento encubierto de causas que deberían haber llegado a la justicia. Y la prolongación de la vida de las centrales nucleares, desdiciendo la decisión anterior, no responde al doble objetivo de garantizar la seguridad de esta energía y al mismo tiempo aligerar la factura energética que afronta España, crucial en estos momentos de crisis. Es verdad que el Gobierno de Rodríguez Zapatero hizo un innecesario alarde de su oposición a la energía nuclear; pero hacer el alarde contrario solo servirá para posponer el imprescindible debate energético que necesita el país.

La convalidación de la agenda ideológica que lleva demasiado tiempo imperando en España solo servirá para ahondar la fractura política entre los ciudadanos, justo cuando más se necesita promover ciertos consensos. Con el agravante de que cuando esta agenda se traslada al terreno de las instituciones, como sucede con el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, puede acabar deteriorando la gobernabilidad. El PP bloqueó la selección de sus componentes mientras estuvo en la oposición. Ahora cambia el sistema para convalidar aquella obstrucción.