El Gobierno saca adelante sus medidas de ajuste con el apoyo de CiU

“Se nos juzgará por lo que consigamos y no por lo que intentemos o por cómo nos hayamos encontrado las cosas”, aseguró Mariano Rajoy el pasado 19 de diciembre en su debate de investidura, pero hoy su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha justificado en el Congreso los recortes o las subidas de impuestos  no anunciadas a la herencia recibida. “Se requería una respuesta contundente para una situación difícil como la que está atravesando España”, ha asegurado el ministro. Solo CiU ha aceptado los argumentos del Gobierno y ha apoyado las medidas, junto al Grupo Popular. El presidente del Gobierno ha asistido mudo al debate desde su escaño en el banco azul. La votación ha quedado así: 197 votos a favor, 138 en contra y cuatro abstenciones.

Montoro ha utilizado la herencia recibida para asegurar que “a los pocos días de llegar al Gobierno" tuvo acceso a una información relevante sobre incumplimiento y desviación. "Si el nuevo Gobierno lo conoció nada más llegar a su trabajo, es evidente que el anterior Gobierno lo conocía sobradamente y no fue capaz de explicarlo a la sociedad española ni desde esta tribuna al Gobierno entrante. Tuvieron que ser los servicios técnicos los que lo advirtieron”, ha afirmado.

El ministro ha explicado que “el Gobierno reacciona con este decreto y con medidas excepcionales para un tiempo excepcional, para decir a la sociedad, los inversores y los socios que el Gobierno está comprometido a la corrección del déficit público”.

Esa respuesta de subida de impuestos es, según ha explicado “ponderada, excepcional y temporal, con el compromiso de rebajarla una vez que se vuelva a la senda de crecimiento. Montoro ha pedido que se deje al margen las ideologías para salir de la crisis.

El socialista José Antonio Alonso le ha afeado que sea el único presidente de Europa que no haya explicado en el Parlamento las medidas y le ha replicado que el desvío del déficit se ha producido en comunidades gobernadas por el PP.

Montoro ha insistido en su réplica a Alonso en que no tuvo la documentación sobre la desviación presupuestaria hasta que llegó al Ministerio y ha acusado a los socialistas no sólo de haberlo ocultado sino también de no haber hecho nada para corregirlo. El ministro ha culpado al PSOE del paro y le ha recordado medidas como la subida del IVA o la reducción del sueldo a los funcionarios. "Eso es injusticia", ha afirmado. "Estamos ante un ajuste que los Gobiernos socialistas no hicieron", ha concluido.

Desprecio a la oferta de acuerdo

Alonso ha repetido que el PP conocía todos los datos antes de asumir el Gobierno, pero que ocultó las medidas durante el periodo electoral porque su objetivo era llegar a la Moncloa. Ha concluido volviendo a ofrecer "la mano tendida" de los socialistas y solicitando que las medidas se adopten con consenso. 

Desde su escaño, Montoro ha negado que las medidas supongan un recorte de derechos sociales y admitido que no le gustan. Lejos de aceptar la oferta de diálogo, Montoro ha criticado y depreciado la actitud del PSOE, partido del que ha desconfiado antes de afirmar que "hoy no ha estado a la altura de las circunstancias".

El diputado del BNG Francisco Jorquera ha criticado que las fuerzas políticas del Grupo Mixto sólo dispongan de tres representantes para posicionarse cuando habían pedido dos minutos para cada uno de los portavoces de los partidos que lo forman. El representante de Amaiur Sabino Cuadra ha considerado el plan del Gobierno de "fraude" y destacado la falta de respaldo de sindicatos y trabajadores al mismo.

El plan incluye el aumento del IRPF y del IBI y un recorte del gasto de 8.900 millones de euros

El PNV se ha opuesto a las medidas del Gobierno porque considera que son medidas difíciles de asumir y que redundarán en mayor paro. UPyD también ha denegado su apoyo al Gobierno.

El coordinador federal de IU, Cayo Lara, ha negado el apoyo de su grupo al decreto por razones de "fondo y forma" y ha denunciado que los trabajadores van a pagar cuatro de cada cinco euros de la subida impositiva. Lara ha acusado al Gobierno de imponer las medidas dictadas por la patronal. "La banca siempre gana y los directivos, más", ha afirmado para criticar la falta de medidas fiscales dirigidas al capital y antes de lamentar los recortes en investigación.

Apoyo de CiU

Convergència i Unió ha decidido finalmente dar oxígeno al Gobierno por "rigor presupuestario, coraje y valentía política". También ha defendido que las medidas que apoyan permiten "frenar ataques de los mercados a la deuda soberana". "CiU es europeísta y consciente de los deberes que la UE se ha impuesto", ha añadido el diputado de Convergencia Josep Sánchez i Llibre, quien ha admitido no estar de acuerdo en todo, como en el incremento del IBI.

La congelación de los sueldos, la reducción del IVA para vivienda y la paralización de la Ley de Dependencia son algunas de las medidas que apoyan los nacionalistas catalanes, aunque rechazan la subida del IRPF, que han reclamado que sea "temporal". Por "responsabilidad" y "coherencia política", CiU apoyará el real decreto, ha concluido Sánchez i Llibre despertando el aplauso del PP.

Montoro ha aprovechado el último turno para agradecer el apoyo catalán y asegurarles que las medidas tienen la pretensión de que sean temporales.

El real decreto ley de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público aprobado por el Consejo de Ministros va a ser convalidado sin contratiempos para los populares, gracias a su holgada mayoría absoluta.

El presidente Rajoy en una entrevista a Efe confirmó ayer que el déficit está en torno al 8%. El papel no es fácil, además, porque el ajuste ha supuesto un vuelco en el discurso de Rajoy, que como candidato en la campaña electoral y hasta en la sesión de investidura sostuvo que no subiría los impuestos.

Las medidas prevén el aumento del IRPF y del IBI durante dos años y un recorte del gasto de 8.900 millones de euros. Según el decreto, la subida de las rentas del trabajo oscilará entre el 0,75% para el primer tramo y el 7% a partir de los 300.000 euros, mientras que el alza del IBI variará entre el 4% y el 10% dependiendo del valor del inmueble.

El plan de recorte, al que la vicepresidenta bautizó como "el inicio del inicio", contará con la oposición segura de los grupos parlamentarios del PSOE y de IU-ICV, así como con el voto en contra del BNG y la crítica del PNV y del resto de partidos políticos, informa Efe.

El decreto ley contempla además la supresión de bonificaciones al gasóleo profesional, con lo que se pretende incrementar los ingresos en 6.275 millones de euros y el aumento de las rentas del capital del 19% al 21%. Se reducirán en 600 millones de las subvenciones para investigación, desarrollo e innovación y en 200 millones los presupuestos de RTVE y de Renfe.

Los salarios de los funcionarios permanecerán congelados en 2012 con una ampliación de la jornada laboral de dos horas y media más, hasta las 37,5 horas semanales. Se congelan también todas las plantillas de la administración, salvo el personal docente, sanitario, el de las fuerzas armadas, la seguridad y la inspección tributaria y laboral, y se suprime la ayuda de 210 euros al alquiler para jóvenes, que sólo se mantendrá para los que ya la cobran. Finalmente, el texto aplaza hasta 2013 la ampliación del permiso de paternidad de dos a cuatro semanas y reduce en un 20% las subvenciones a los partidos políticos, patronal y sindicatos.