Verdades a medias

El pasado día 30 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto por el que, radicalmente, se reducía el gasto público y se aumentaban los impuestos. El argumento esgrimido fue que el déficit, para el conjunto de Administraciones Públicas, sería del 8% del PIB durante 2011, cuando el objetivo de estabilidad presupuestaria para ese año fue fijado en el 6%. Eso es verdad. Además, se culpó al anterior Gobierno de tal desvío. En nuestra opinión, eso es solo verdad a medias.

¿Por qué decimos eso? Cuando el objetivo de estabilidad presupuestaria para el 2011 fue fijado, también se fijaron objetivos para cada una de las Administraciones. El objetivo de déficit de la Administración central era del 4,8%; el de las comunidades autónomas, del 1,3%, y el de las entidades locales del 0,3%. Por otra parte, la Seguridad Social tenía un objetivo de superávit del 0,4%. Estos objetivos ya eran muy permisivos con las comunidades autónomas y las entidades locales, ya que la Administración central se ha hecho cargo de las liquidaciones de las entregas a cuenta del año 2009 a liquidar en el 2011. Esto supone que del 4,8% de déficit de la Administración central, 2,3 puntos porcentuales, corresponden en realidad a las comunidades autónomas y las entidades locales.

Pues bien, si finalmente llegamos al 8%, cosa que parece probable, no será porque la Administración central, responsabilidad directa del Gobierno saliente, se haya desviado de su objetivo, sino porque en las comunidades autónomas se habrá hecho en más de un punto porcentual. Todo parece indicar que las comunidades registrarán un déficit cercano al 2,5%. Es decir, casi el doble de lo reflejado en el objetivo de estabilidad.

¿Es responsabilidad del Gobierno saliente el déficit de las comunidades autónomas? Sí. Este siempre pudo tomar medidas drásticas que obligasen a las comunidades a cumplir el objetivo. Pero de nuevo, solo a medias. La mayor parte de la responsabilidad recae, por definición, en los gobiernos autonómicos. Estos han mostrado una irresponsabilidad sin precedentes. Y ahora afrontan, como acaba de demostrar el auxilio del Gobierno central a la Comunidad Valenciana, enormes dificultades para financiarse.

Pero no dejemos que los árboles nos impidan ver el bosque. El problema principal es otro. Las comunidades, por la creciente descentralización del Estado, son responsables de gran parte del gasto público. Sin embargo, la información que tenemos sobre su estado de cuentas es mínima, la recibimos con mucho retraso, es muy heterogénea y fácil de manipular por los propios gobiernos autonómicos. Para cubrir ese hueco, en la fundación Fedea hemos creado una unidad de seguimiento de las comunidades. La próxima semana publicamos el primer informe (al que seguirán otros) que analiza las cuentas autonómicas hasta el tercer trimestre del año y hace una proyección de déficit para el conjunto del 2011.

¿Qué podemos aprender con dicho informe? Primero, que el Gobierno está en lo cierto y, que dado los números hasta el tercer trimestre, todo parece indicar que el déficit del conjunto autonómico será bastante mayor que el objetivo. Segundo, que el sospechado incumpliendo del objetivo de déficit por parte de las comunidades va a ser bastante heterogéneo. Por un lado, tenemos la Comunidad de Madrid que, con casi toda seguridad, mostrará unos numero envidiables y, por el otro, se encuentran Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana que todo parece indicar que tendrán unos déficits muy por encima del objetivo. Así, ¿es justo que el Gobierno central suba el IRPF a los madrileños cuando estos no son los culpables del incumplimiento?, ¿no sería más justo que gobiernos autonómicos como los de Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana fueran los que aumentasen sus impuestos dado que son ellos los que están causando el desvío?

José Ignacio Conde-Ruiz (Universidad Complutense y FEDEA) y Juan Rubio-Ramírez (Duke University y FEDEA)