Refriega orquestada

Los ajustes presupuestarios ejecutados por el Gobierno central y las comunidades autónomas están provocando tensiones políticas de especial virulencia entre Madrid y Barcelona. La Generalitat no ha recibido de Hacienda una partida de 759 millones de euros correspondientes a la adicional tercera del Estatuto y consignados en los Presupuestos Generales de 2011; esta circunstancia aumentará el déficit autonómico catalán, según el Govern, desde el 2,6% previsto al 3%. De forma imprudente, el gobierno de Artur Mas ha convertido esos 759 millones en un nuevo caballo de batalla contra la Administración central, que están pagando ya grupos y personas no implicados en el conflicto. La crisis de tesorería, propia de meses como diciembre, ha obligado a la Generalitat a retrasar la paga extra de los más de 200.000 trabajadores públicos de Cataluña.

Convergencia i Unió no ha desperdiciado la ocasión para convertir el incumplimiento de Hacienda en un nuevo argumento de agitación soberanista, con una puesta en escena que incluye el recurso a los tribunales. Nada hay que oponer a que una comunidad autónoma considere que sus intereses no se han respetado. El caso de los 759 millones de la adicional tercera del Estatuto es claro y admite pocas interpretaciones, contrariamente a los sucedido con los 1.450 millones del fondo de competitividad. Pero la Generalitat es responsable de la gestión pública en Cataluña y su prioridad esencial es resolver los conflictos; en ningún debe caso ampliarlos y enconarlos. De las declaraciones y réplicas en torno a este asunto se desprende, hasta ahora, una protesta radical de los funcionarios y la pérdida de margen de maniobra para resolver el conflicto por vía pacífica. No es descabellado concluir que la Generalitat ha querido ponerse de perfil en su conflicto con los funcionarios para señalar al Gobierno en funciones como único culpable.

Las consecuencias de la crisis financiera son un ajuste estricto del gasto para reducir