“¡Que nos paguen ya!”

Las entidades que prestan servicio a las personas con enfermedad mental o en situación de dependencia en la Comunidad Valenciana sacaron ayer a la calle su enfado por las elevadas cantidades que les adeuda la Generalitat y que rebasan los 75 millones de euros, según los sindicatos CC OO y UGT.

Trabajadores, familiares de dependientes y usuarios de los centros se concentraron frente a las consejerías de Hacienda, Justicia y Bienestar Social y el Servef para transmitir al Consell que su falta de liquidez les está “asfixiando” hasta el punto de que estas entidades llevan entre dos y cuatro meses de media sin poder pagar a sus empleados.

“¡Que nos paguen ya!” corearon los centenares de personas concentradas frente a las puertas de Hacienda, el departamento del que depende transmitir la orden de pago y que es incapaz de dar respuesta a las deudas que acumulan las distintas consejerías.

La asfixia presupuestaria “pone en peligro la red pública asistencial”

“A nosotros nos deben unos 200.000 euros y los trabajadores llevan dos meses sin cobrar”. Marina era una de las personas que acudió a la concentración convocada por UGT y CC OO. Es trabajadora de Aixec (Fundació per l’Atenció de les Persones amb Paralisi Cerebral) y se encontraba en la protesta junto a usuarios y otros empleados. “Nos falta por cobrar el 40% de las ayudas de este año”, señalaba. “El año pasado lo pasamos mal, pero no tanto como este año, que de repente y sin dar explicaciones han dejado de pagar”. “Estamos en una situación parecida todos los centros”, añadió un trabajador de la Fundación Síndrome de Down de Castellón, que se trasladó a Valencia junto a usuarios del centro. Junto a ellos estaban la Asociación Pro Personas con Discapacidad Intelectual Afanias o el Cau —especializada en tratamiento de personas con autismo—, ambas también de Castellón.

Los sindicatos convocantes de las protestas exigieron a la Generalitat el abono “de forma inmediata” de la suma adeudada de 2011, además de un “cambio de prioridades” a la hora de abordar los pagos presupuestados por parte de la Administración para primar a este tipo de organizaciones.

Los bancos ya no avalan a las entidades al dudar de la solvencia de la Generalitat

La situación es complicada para todas las entidades del sector de la dependencia, aunque algunas están pasando por unos momentos más delicados que otras. Mientras a las organizaciones sin ánimo de lucro se les debe el 40% de la ayuda anual, los impagos a las empresas privadas que gestionan los centros públicos son de un año, como destacaba ayer Neus Carrasco, secretaria de servicios socioeducativos de la Federación de Enseñanza del sindicato CC OO.

Además, hay otro aspecto que hace que las demoras en el pago afecten de forma distinta. Las empresas de mayor volumen de negocio y más consolidadas tienen un mayor colchón financiero que les permite seguir pagando durante más tiempo a sus trabajadores a pesar de no percibir ingresos de la Administración. Las entidades pequeñas, sin embargo, no pueden permitirse este lujo. De ahí que, como apunta Carrasco, se estén dando situaciones extraordinarias, como por ejemplo expedientes de regulación de empleo en organizaciones sin ánimo de lucro. “Este año ya se han producido cinco”, destaca.

En cualquier caso, sean centros grandes o pequeños, las entidades se están acercando al límite de su capacidad de resistencia, por lo que si no se resuelve la situación de impagos, todas ellas se verán obligadas a dejar de pagar. “Otros años los bancos te avalaban si aportabas la resolución de la Generalitat en la que te concedían las ayudas, pero ya no lo hacen”, añadió Carrasco.

A las protestas de ayer acudieron trabajadores, usuarios, familiares y delegados sindicales de centros de atención a personas con discapacidad y enfermedad mental (residencias, centros de día, centros ocupacionales, viviendas tuteladas, centros de rehabilitación e integración social), residencias y centros de día de atención a personas mayores, así como del servicio de ayuda a domicilio o de centros especiales de empleo.

Los sindicatos expusieron que de continuar las tensiones presupuestarias actuales “se pone en peligro no solo el empleo de miles de trabajadores, sino también el propio mantenimiento de la red pública de servicios de atención en situación de dependencia y la calidad de la prestación”.

La diputada de Esquerra Unida Esther López se refirió ayer a los impagos del Consell a este sector y alertó de la situación de “colapso de consecuencias terribles” si no se hace frente a los pagos.