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Fabra debe 75 millones a centros de atención a dependientes

El cálculo de UGT y CC OO estima que hay retrasos de hasta cuatro meses en el pago de nóminas

CC OO-PV y UGT-PV han denunciado hoy que la Generalitat adeuda 75 millones de euros a las entidades y empresas que prestan servicios de atención a la dependencia, lo que repercute en los trabajadores de este sector, que están sufriendo demoras de entre dos y cuatro meses en el cobro de sus nóminas. Así lo han asegurado representantes de ambos sindicatos, que han anunciado para mañana concentraciones frente a las Consellerias de Hacienda y Justicia y el Servef para exigir el "pago inmediato" de la deuda a un sector que atiende a cerca de 40.000 usuarios y mantiene un empleo sostenido de 26.000 trabajadores.

La responsable de Negociación Colectiva de CC OO-PV, María Victoria Gómez, ha asegurado en rueda de prensa que la Administración autonómica tiene retrasos en los pagos de entre seis y trece meses y la situación "ha llegado a un punto donde cada vez es más inviable la solución". Los centros, servicios y programas afectados son residencias y centros de día para personas mayores, centros de atención a personas con discapacidad física, psíquica y mental, así como el Servicio de Ayuda a Domicilio.

Los centros, servicios y programas afectados son residencias y centros de día para personas mayores, centros de atención a personas con discapacidad física, psíquica y mental, así como el Servicio de Ayuda a Domicilio

El Gobierno valenciano debe, según Gómez, dejar de usar como justificación el momento de quiebra económica que atraviesa la Generalitat "mientras se priorizan pagos en otros sectores y se mantienen actos y estructuras cuestionables socialmente". Por su parte, el responsable del sector sociosanitario de UGT-PV, Miguel Usó, ha asegurado que esta deuda supone la "asfixia" de las empresas que gestionan estos servicios y produce una situación de "indefensión" para los trabajadores "que llevan varios meses sin cobrar". Usó ha señalado que confía que con las concentraciones convocadas para mañana, y que se celebrarán bajo el lema "Por el pago inmediato. No a los recortes sociales", la Generalitat se muestre "sensibilizada" hacia este problema.

"El problema es grave y se tiene que solventar a la mayor brevedad posible", ha asegurado Usó, quien ha agregado que los bancos "no confían en la deuda de la Generalitat, y la financiación de esa deuda es cada vez más complicada". Los sindicatos han advertido de que si no se adopta una pronta solución a este problema se tomarán "otras decisiones", aunque no han precisado cuales. Tanto Usó como Gómez han coincidido en señalar que, a pesar de que los trabajadores no cobran, siguen atendiendo "correctamente" a las personas dependientes y "no hay una repercusión negativa en su asistencia". María Victoria Gómez ha explicado que esta situación de deuda también está "lastrando" el cierre de la negociación colectiva y de los acuerdos laborales.

Cabré solo reconoce 10 millones

Ezequiel Moltó

“Yo me quejaré, me enfadaré pero al final pagaré”, admitió ayer el consejero de Justica, Jorge Cabré, que se reunió en Alicante con el Síndic de Greuges, José Cholbi, para abordar la problemática del retraso en el pago de las ayudas a los dependientes. El consejero insiste en que la Generalitat asume el 75% del coste de la aplicación de la ley de Dependencia, y que el Gobierno central aporta solo el 25%, de los 430 millones previstos para este año. Según los datos de Cabré unos 45.000 valencianos reciben unas 55.000 prestaciones, pero las ayudas del Gobierno se atascaron desde el pasado mes de agosto cuando dejaron de pagar su parte.

El consejero reconoció que la Generalitat debe a las asociaciones que atienden a los dependientes unos 10 millones de euros. “Hemos pagado el 70% del total, queremos pagar el resto antes de final de año, pero no me puedo comprometer, ya saben el problema de liquidez que tiene la Generalitat”, admitió Cabré tras reunirse con el Síndic y acordar realizar una “foto fija” de la aplicación de la ley de Dependencia. En 2010 el defensor del pueblo de los valencianos recibió 1.300 quejas de los beneficiarios de esta ley, un ritmo que se mantiene porque hasta el momento ya supera las 1.000 denuncias tramitadas en 2011. “Queremos cruzar los datos para no quedarnos solo con las quejas, sino con todos”, dijo Cholbi.