A vueltas con el déficit

La crisis económica ha provocado que el déficit público se convierta en un quebradero de cabeza para las Administraciones. Las reuniones de Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) principalmente de los últimos dos años han estado marcadas por la necesidad de cumplir unos determinados objetivos de estabilidad presupuestaria que algunas comunidades no han conseguido.

En los encuentros de 2007, entre el Ministerio de Economía y Hacienda y los consejeros del ramo se hablaba de que al año siguiente las regiones deberían tener un superávit del 0,25% de su PIB (Producto Interior Bruto). “El establecimiento de este objetivo es consecuencia de la aplicación de la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria, que obliga a registrar superávit cuando la economía crece más de un 3%”, apuntaba el ministerio. La cartera que entonces dirigía Pedro Solbes preveía que efectivamente hasta 2010 el PIB crecería por encima de ese porcentaje.

En 2008 sin embargo las cosas empezaron a torcerse y para los dos ejercicios posteriores se estableció un déficit cero. El ministerio añadía incluso que se eximiría a las comunidades de la obligación de presentar el plan económico financiero de reequilibrio en el caso de que hubiesen aprobado sus presupuestos de 2009 con un crecimiento de la economía menor al 2%. Explicaba que en esas circunstancias, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, permite un déficit del 0,75%.

Primeras cifras en negativo

Algo más de año después, la situación había empeorado y en el CPFF del 7 de octubre de 2009, la ministra de Economía, Elena Salgado, anunció que solo Galicia, Andalucía, Asturias, Aragón, Canarias, Madrid y Castilla y León habían liquidado sus presupuestos para 2008 con un déficit inferior a ese 0,75% de su PIB y quedaban exentas de presentar planes económico-financieros de reequilibrio. El resto, al incumplir el objetivo, debían entregar dicho plan en un mes. En esa reunión se fijaron además los objetivos de estabilidad presupuestaria de las comunidades para el periodo 2010-2012. Los desequilibrios máximos entre los ingresos y los gastos no podrían superar el -2,5 (posteriormente se redujo en una décima), el -1,7 y el -1,3% para 2010, 2011 y 2012, respectivamente, siempre que se presentase un plan de saneamiento.

Pasado poco más de un mes de aquel encuentro, Extremadura, Castilla-La Mancha, Cataluña y Canarias, las tres primeras gobernadas por el PSOE, elaboraron para 2010 unos presupuestos que incumplían el tope de déficit pactado con el Gobierno. Madrid y la Comunidad Valenciana, presididas por el PP, encabezaron la lista de las disciplinadas. El consejero de Economía de la Generalitat catalana, Antoni Castells, ya lo había advertido: "Lo hemos aprobado sabiendo todos que será insuficiente y que el déficit en que incurrirán las comunidades en 2010 superará con toda probabilidad ese 2,5%".

La economía, lejos de mejorar, siguió cayendo, y en el siguiente Consejo, el del 22 de marzo de 2010, el Gobierno impuso a las comunidades un recorte de 10.000 millones de euros hasta 2013. Las regiones lideradas por los populares se abstuvieron en la votación. El resto se mostró a favor de las medidas de austeridad. La propuesta planteaba mejorar la eficiencia del gasto, mantener los niveles de deuda, reducir los plazos de pago de las administraciones a los proveedores y aumentar el nivel de información que las administraciones autonómicas proporcionan al Estado. Se contemplaron cuestiones como la contención en los salarios y las restricciones en la contratación. Nuevamente Castells se pronunció, quejándose de la imposición unilateral de la propuesta por parte del Ejecutivo. Otros consejeros del PP se manifestaron en la misma línea. La mayoría concluyó que los ajustes afectarían a educación, sanidad y servicios sociales.

Después del 9 de mayo de 2010

Pero la confianza no se recuperó y los mercados siguieron presionando a España, hasta tal punto que la UE le urgió a reducir aún más el déficit. El país tenía que pasar del 9,3% en 2010 al 6,5% en 2011. Menos de dos meses después de aquel Consejo del 22 de marzo, el Gobierno puso en marcha un duro plan de ajuste. El primer Consejo de Política Fiscal y Financiera tras esas medidas de austeridad se celebró el 15 de junio de 2010 y por unanimidad los asistentes acordaron reducir el límite máximo de déficit para las comunidades al 1,3% en 2011, igual que en 2012, y al 1,1% en 2013. Las autonomías asumieron entonces nuevos recortes y se comprometieron a rebajar su gasto en 2010 y 2011 en 11.000 millones de euros para acelerar la reducción del déficit. Los líderes del PP aceptaron pero con matices. El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad Valenciana, Gerardo Camps, indicó que lo acordado tenía "como base una improvisación por parte del Gobierno”.

El CPFF aprobó también que el endeudamiento tenía que ajustarse a la senda de reducción del déficit, de modo que durante 2010 solo se autorizarían operaciones por un importe máximo del 2,4% del PIB de la comunidad. La reducción en una décima -del 2,5% al 2,4%- del techo máximo para ese ejercicio obligó además a revisar los planes de reequilibrio de Extremadura, Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha, Cantabria y Galicia. Recibieron el visto bueno los de Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Andalucía y Canarias.

El 24 de noviembre de 2010, Elena Salgado informó de nuevos incumplimientos. La ministra avanzó que Castilla-La Mancha y Murcia tenían un riesgo significativo de no alcanzar el objetivo de déficit para 2010 por lo que tendrían que adoptar “medidas de importante calado” y no podrían acogerse al endeudamiento adicional que autorizó el ministerio en relación con el déficit de ese año. Galicia, Comunidad Valenciana, Canarias y Castilla y León presentaban “un riesgo moderado”. Las 11 restantes no requerían medidas adicionales. No se aportaron cifras concretas pero Salgado aseguró: “Podemos garantizar que se va a cumplir el objetivo de déficit de las comunidades para este año”. A diferencia de otras ocasiones, tras la reunión del Consejo, los consejeros lanzaron mensajes conciliadores.

Disputas sobre el fondo de competitividad

Pero la unidad no duró mucho. En el último CPFF celebrado hasta el de este tarde, el 27 de abril de 2011, quedaron aprobados los planes de reequilibrio de Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y Murcia y pendientes los de Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y Valencia. Pero el debate se centró en los fondos de competitividad. Varias comunidades pidieron al ministerio recibir dichos fondos, algo a lo que el Gobierno se negó. Cataluña advirtió de que no llegaría este año a la meta del 1,3% si el Ejecutivo no aportaba esos recursos. Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia o Murcia acusaron a la Administración central de incumplir el modelo de financiación autonómica aprobado el 15 de julio de 2009. Pero Salgado argumentó que la interpretación de la ley no hace procedente el fondo hasta 2013. Comunidad Valenciana, Castilla y León, Galicia y Murcia anunciaron que llevarían el tema ante el Tribunal Constitucional. El presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, expresó su insatisfacción pese a que finalmente el Gobierno autorizó a su comunidad a endeudarse: “No se nos da dinero, se nos autoriza a endeudarnos, pues seremos los murcianos los que nos endeudemos y tendremos que pagar esa deuda”.