Las ciudades contra sus economías
Algunas de las medidas de promoción de la hostelería implantadas en distintos municipios, como Madrid, no cumplen ni un criterio de una buena política sectorial
Hace unos meses, se publicaba en este medio el artículo La ciudad contra sus habitantes, que listaba las penas diarias de cualquier vecina de cualquier barrio relativamente concurrido de una ciudad española de tamaño medio o grande: dificultad para desplazarse, por patinetes, bicicletas o cubos de basura; ocupación privada del espacio público por terrazas de hostelería; pérdida de arbolado o vulneración de los derechos más básicos como el derecho al descanso.
Este fenómeno, generalizado en los municipios españoles (Barcelona, Madrid o Sevilla), es en buena medida el resultado de políticas públicas orientadas a la expansión hostelera y el turismo, lo que supuestamente hace a los municipios más atractivos para propios y extraños, y fomenta el consumo y promueve el empleo. Parecería entonces que los poderes públicos se ven obligados a elegir el mal menor entre la degradación de la calidad de vida de los vecinos o la mala salud del conjunto de la economía. En esta tesitura, se optaría, lógicamente, por lo primero.
En la Unión Europea, solo Chipre, Portugal y Grecia tienen más establecimientos de comida o bebida por habitante que España
Al apoyar únicamente a la hostelería, los gobiernos municipales han aplicado, de facto, la política industrial o sectorial. Esta política —por cierto, en las antípodas del pensamiento liberal económico— ha permitido, por ejemplo, a Corea del Sur, convertirse en el gigante tecnológico que es. En Europa también se ha hecho, y se hace, política industrial. Si bien ahora vuelve con fuerza, versionada como autonomía estratégica, se ha aplicado, de alguna forma, siempre. A muchos de ustedes les resultarán familiares los planes PIVE o Renove, de apoyo al sector automovilístico.
Una de las claves del éxito de esta política es la correcta selección del sector protegido. Es esencial elegir uno que ofrezca varias de las siguientes seis características: baja oferta preexistente, generación de empleo de calidad, ingresos fiscales, efectos de arrastre, alta productividad y capacidad de innovación.
Baja oferta preexistente
La oferta hostelera en toda España es masiva. Por utilizar terminología del actual Gobierno de Madrid, con sus aproximadamente 170 personas por establecimiento, todo el país es, según datos de Eurostat, zona saturada. En la Unión Europea, solo Chipre, Portugal y Grecia tienen más establecimientos de comida o bebida por habitante que España. En comparación, Alemania tiene un establecimiento por cada 450 personas.
Empleo de calidad
La hostelería genera, indudablemente, una alta ocupación; concretamente, algo más de 1,7 millones de empleos en toda España en el tercer trimestre de 2022, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto no significa, sin embargo, que las medidas más recientes de apoyo a la hostelería hayan contribuido al empleo en el sector. Obviando cifras un tanto fantasiosas (sin fuentes citadas ni verificadas) que se han manejado en el debate madrileño, el informe económico elaborado por Analistas Financieros Internacionales (Afi), que acompaña la Ordenanza de Terrazas de Madrid, ya adelantaba que el efecto en empleo sería magro. A lo sumo, 46 empleos adicionales en toda la Comunidad. Los datos de precariedad en el sector son además conocidos.
Ingresos fiscales
Las políticas sectoriales tienen un coste fiscal (porque implican ayudas directas y exenciones) que asumirán contribuyentes y/o consumidores, con la esperanza de que, a la larga o a la corta, el sector protegido genere también ingresos fiscales. Sin embargo, con alta informalidad y un efecto tan débil en empleo, es difícil que esto ocurra.
España ocupa el puesto 33 en el Índice de Complejidad Económica elaborado por la Universidad de Harvard y ha perdido 15 posiciones desde 1995
Efectos de arrastre, hacia adelante y hacia atrás
La idea Hirschmaniana de aupar económicamente un sector se basa en que este acabará arrastrando a otros. Por este efecto en cadena potencial, en las políticas industriales se suelen elegir sectores de bienes intermedios.
La hostelería, de consumo final, solo puede generar efectos de arrastre en alimentos y bebidas, siendo esta precisamente una de las ramas que mejor ha navegado la pandemia hasta ser, en estos últimos meses, motor de la inflación, según datos del Banco de España.
Productividad
En España, el 83% de la población es urbana
La productividad de la hostelería es, por su propia naturaleza, baja. En 2021, generó poco más de 31.000 euros de Valor Agregado Bruto (VAB) por persona ocupada, según datos del INE y cálculos propios. Por comparar, el VAB por persona en la fabricación de productos farmacéuticos es de 74.000 euros y el del sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca), de 37.500.
Innovación
España ocupa el puesto 33 en el Índice de Complejidad Económica elaborado por la Universidad de Harvard y ha perdido 15 posiciones desde 1995. Con un peso del turismo en las exportaciones que no baja del 16%, muestra una dependencia de este sector muy superior a la de otros grandes destinos turísticos como Francia o Italia. Mientras España se pierde una revolución tecnológica más, China, Malasia, Rumanía o Eslovenia logran desarrollar sistemas productivos y cestas exportadoras más sofisticados y diversificados.
Ni uno de seis
En definitiva, algunas de las medidas de promoción de la hostelería implantadas en distintos municipios (Madrid, entre ellos) no vendrían a cumplir ni un criterio de estos seis. Con un 83% de población urbana en España, la salud y la economía de sus ciudades son, en buena medida, las de la nación.
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