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Detenidas 75 personas por un fraude masivo en el Plan PIVE

Los compradores llegaban a pagar hasta 400 euros por la documentación de vehículos entregados para desguace, según los investigadores

Documentación intervenida por la Guardia Civil en la Operación Preveo.
Documentación intervenida por la Guardia Civil en la Operación Preveo.

La Guardia Civil de Ciudad Real ha detenido a 75 personas e investiga a otras 29 como supuestas autoras de un fraude masivo en la solicitud de ayudas del plan PIVE,  (programa de incentivos al vehículo eficiente), que subvenciona la compra de coches a cambio de retirar uno antiguo. Según los investigadores, algunos de los concesionarios investigados enviaban a los compradores a un determinado desguace para que compraran la documentación de un vehículo viejo, por las que llegaban a pagar entre 150 y 400 euros, y así poder beneficiarse de esta ayuda pública.

Entre los detenidos hay 44 personas físicas que obtuvieron subvenciones públicas mediante este sistema y que ahora están siendo investigadas por estafa. Otros 11 arrestados están relacionados con la compraventa de vehículos a través de concesionarios y talleres. 20 son titulares, gerentes o trabajadores de gestorías en las que se llevaron a cabo los supuestos fraudes. Las detenciones han sido llevadas a cabo en Ciudad Real, Madrid, Córdoba, Lugo, Jaén, Guipúzcoa, Guadalajara, Toledo y Almería, según informa la Guardia Civil en un comunicado.

La operación, bautizada PREVEO, culmina 14 meses de pesquisas. Arrancó en diciembre de 2015, cuando un vecino de Villanueva de los Infantes (5.498 habitantes, Ciudad Real) denunció que le estaban cobrando el impuesto de vehículos de tracción mecánica por un coche que había entregado en un desguace para darlo de baja de forma definitiva. Los agentes de Policía Judicial de la Guardia Civil de Valdepeñas descubrieron que el vehículo había sido transferido a una tercera persona y dado de baja de nuevo a los tres días de esa transferencia. Todo ello, sin pedir consentimiento al propietario y denunciante.

Los investigadores concluyeron que los documentos de los vehículos que iban a  ser dados de baja estaban siendo utilizados para obtener ayudas públicas. Para beneficiarse de esta ayuda, cuyo importe variaba con arreglo a las bases de cada convocatoria, era necesario dar de baja un vehículo propio con una determinada antigüedad, sin que se exigiera un tiempo mínimo en la titularidad del vehículo entregado. A partir de marzo de 2015, con el Plan PIVE-7, esta condición cambió y se requería que la titularidad fuera de un año como mínimo.

La Guardia Civil registró el desguace y tomó declaración a cada uno de los propietarios que aparecían en la documentación intervenida. Según los investigadores, estaban convencidos de que sus coches habían sido dados de baja. Tras una serie de registros en distintas Jefaturas Provinciales de Tráfico, descubrieron que, para realizar las transferencias, se habían falsificado las firmas de los contratos de compraventa, entre ellas las de alguna persona ya fallecida. El caso se encuentra en manos del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 6 de Ciudad Real se encuentra al frente del caso.

La mecánica para lograr la ayuda

El vendedor del vehículo nuevo supuestamente ofrecía al comprador la posibilidad de transferir a su nombre un vehículo que cumpliera con las condiciones establecidas en la convocatoria vigente del Plan PIVE. Una vez recopilada la documentación, por la que los compradores podían pagar en un desguace entre 150 y 400 euros, el concesionario la remitía a una gestoría, donde se falsificaban las firmas de los contratos de compraventa y los documentos de transferencia para presentarlos a la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente, manteniendo la titularidad del comprador del vehículo. Una vez tramitada la ayuda del Plan PIVE se volvía a solicitar la baja definitiva, añaden los investigadores.