Justicia global: la importancia de tejer consensos

Aunque es incómodo escribir sobre obviedades, a veces resulta inevitable. El reciente proceso electoral en España ha puesto a prueba ese imaginario gaseoso que llamamos “sentido común” y ha dejado al descubierto que existe margen para el negacionismo, la inacción y el rupturismo de consensos que pensábamos amplios y rotundos.

La dinámica pugnaz que caracterizó las elecciones generales —y que podría reeditarse en unos meses— dejó sin minutos un debate en el que hay preocupantes divergencias sobre el papel de España en la lucha por un mundo más justo, y la concreción de esfuerzos frente a profundas crisis que, sin ser del todo compartidas, son de interés para todas las naciones.

Asistimos a una contienda política con marcadas ausencias de prioridades públicas. Entre ellas, la justicia global, relegada a algunos imaginarios de gobierno y por fuera de casi todos los discursos, como si el país se pudiera permitir obviar los desafíos de la salud global, el desarraigo de la movilidad humana, ser indiferente al proceder irresponsable del poder corporativo, o declararse insolvente de voluntad cooperativa.

Polétika —un proyecto de incidencia pública y vigilancia ciudadana respaldado por organizaciones sociales expertas en materia ambiental, social y democrática—hizo un análisis de varios programas electorales para las generales. Y reveló que, por increíble que parezca, regular actividades productivas cuyo impacto negativo no solo es la creación de descartables contaminantes sino la vulneración de derechos esenciales, o la urgencia de proteger personas de otras latitudes que optan por un doloroso periplo migratorio, son cuestiones en las que todavía hay lugar para desencuentros entre el PP, el PSOE, Sumar, VOX, PNV, Bildu y ERC.

Este país, como muchas otras economías desarrolladas, tiene el adeudo y la oportunidad de cooperar por la utopía de cambiar el mundo para bien

En otros temas, como la salud global, también se evidenciaron divergencias. Pese a las lecciones de la covid-19, solo el PSOE hizo referencia expresa al concepto, mientras que la “ley de pandemias” del PP pasó de largo por el ángulo transfronterizo del problema. Sumar y PNV plantearon la necesidad de fondos y recursos para el Sur global; y Vox, fiel al rupturismo por defecto, apostó por medidas totalmente contrarias a la lógica sistémica.

Solo en materia de cooperación internacional, una postura de fortaleza institucional y suficiencia financiera tuvo algo de consenso en todos los partidos (menos en la ultraderecha). Gracias, en gran medida, a la aprobación en febrero de este año de la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, que formalizó el compromiso de destinar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta a ayuda oficial al desarrollo en 2030.

Disuelta la espuma de este proceso electoral, tan centrado en lo doméstico, y todavía abierta la posibilidad de un cambio de piel que podría modificar cuestiones relevantes hacia dentro y para fuera, no es baladí plantear si tiene algún sentido gobernar este país sin entender su lugar en el planeta. La respuesta parece demasiado obvia y aun así la pregunta suena pertinente.

La presidencia española del Consejo de la Unión Europea, que inició este mismo mes, y cuya agenda incluye impulsar la transición ecológica, la transformación digital y la agenda social del continente, es la confirmación de que España no gobierna solo de puertas para dentro. Y que por encima de la dispersión y las distancias entre sus clivajes, tiene un papel esencial en evitar que las tragedias sanitarias se propaguen en distintos hemisferios, que la injusticia se perpetúe como tributo al interés corporativo, y que se vulnere la dignidad humana de quienes se ven forzados a migrar. Este país, como muchas otras economías desarrolladas, tiene el adeudo y la oportunidad de cooperar por la utopía de cambiar el mundo para bien. Y a estas alturas, ese consenso no solo es plausible, sino profundamente necesario.

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