España en los programas electorales | Inmigración: de las regularizaciones de Sumar a las medidas imposibles de Vox

En el verano de 2018, con Pedro Sánchez recién llegado a La Moncloa, un barco llamado Aquarius, cargado de migrantes a los que Italia se había negado a desembarcar, inauguró un lustro convulso en materia migratoria. Desde entonces, España, que llevaba varios años mirando desde la lejanía lo que ocurría en los países de su entorno, pasó a ser protagonista, por sus crisis y por sus medidas.

En estos cinco años, España —que tiene un 12,9% de población inmigrante: 6,2 millones de personas— se ha convertido en uno de los principales destinos de la UE para los refugiados, con hasta casi 120.000 solicitantes al año, la mayoría latinoamericanos empujados por la violencia y la difícil situación en sus países. También lideró la acogida de los ucranios en 2022 dándoles permisos de residencia y trabajo en solo 24 horas y sacó pecho con la evacuación de cientos de afganos un año antes.

España, además, ha ocupado en esta legislatura las portadas de medios de todo el mundo por su gestión de la crisis de Canarias en 2020 —donde tuvo hacinadas a miles de personas en un muelle y en naves precarias— o por el despliegue militar ante la frontera de Ceuta, cuando en mayo de 2021 Marruecos presionó favoreciendo la entrada de más de 10.000 migrantes en la ciudad autónoma española. La actuación ante la tragedia de Melilla de junio del año pasado volvió a poner en aprietos al Gobierno por su connivencia con las autoridades marroquíes en un episodio en el que al menos 23 personas perdieron la vida.

Las entradas irregulares, espoleadas por la pandemia, las sequías, las crisis y las guerras de varios países africanos —desde Marruecos a Sudán—, han alcanzado picos récord y pusieron a prueba el sistema. El freno a la llegada de pateras ha sido una de las principales razones para buscar la reconciliación con Rabat. La nueva etapa, iniciada en marzo del año pasado, solo se logró una vez que Pedro Sánchez, tras décadas de neutralidad, apoyó la solución marroquí para el Sáhara Occidental. Desde entonces, las llegadas están decreciendo (acumulan una caída del 11% respecto al año pasado), pero las tornas pueden cambiar en cualquier momento.

Mientras, de la mano de Vox, ha seguido creciendo el discurso antiinmigración.

Más allá del ruido desproporcionado que genera la inmigración irregular (la inmensa mayoría de los inmigrantes llegan en avión y no en patera, un dato que suele pasar inadvertido), España también ha logrado en estos años mirar más allá de la frontera, legislar para mejorar las condiciones de los recién llegados. Los cambios en el Reglamento de la Ley de Extranjería han facilitado la vida a los menores extranjeros no acompañados, condenados hasta entonces a vivir sin papeles, y ha abierto puertas a la regularización de miles de personas, con vistas a que cubran las carencias del mercado laboral. Se buscan, además, nuevas vías para contratar a extranjeros en sus países de origen.

El Gobierno que salga de las urnas del 23-J tiene multitud de frentes que abordar. Desde los problemas del sistema de asilo, que no logra responder a la demanda y se ha convertido en una falsa vía para quienes no encuentran más alternativas para conseguir papeles, a la gestión de la inmigración irregular. Otros temas como la regulación de las devoluciones en caliente, el refuerzo de la agencia europea Frontex o las expulsiones de migrantes definirán el rumbo de esta materia según quién gobierne.

En cualquier caso, España cuenta ya con 6,2 millones de extranjeros, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Un 12,9% de la población que aún sufre con la lentitud de la burocracia y la falta de recursos para atender sus trámites, la discriminación o la falta de políticas más inclusivas.

España aún no tiene claro su modelo migratorio. Definirlo implica sobre todo establecer cuáles serán las vías legales para entrar en el país, cómo captar y potenciar el talento extranjero o qué soluciones se dará a las decenas de miles de personas (casi medio millón, según un estudio de porCausa.org con la Universidad Carlos III) que se encuentran en situación irregular.

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Explicaciones Rodríguez: Inmigración

PSOE: ni una mención a Ceuta y Melilla

El PSOE no concreta nuevas medidas más allá de abrir “vías para la migración regular y ordenada que permitan una mejor inserción social y laboral de las personas migrantes o “propiciar políticas de integración”, con especial atención a los hijos de inmigrantes.

Destaca el poco detenimiento del programa en materia de inmigración irregular. Los socialistas omiten Ceuta y Melilla en su programa y también cualquier referencia a las fronteras. Tampoco aclaran qué harán con las devoluciones en caliente, que prometían eliminar en la anterior legislatura y que el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido. Sánchez sí mantiene que seguirá “profundizando en la nueva etapa” de la relación con Marruecos, con quien mantiene acuerdos para “fortalecer” la cooperación migratoria y la lucha contra la trata de personas y el terrorismo.

En los colegios, el partido de Pedro Sánchez apuesta por “programas de acogida educativa” para paliar las “carencias” del alumnado extranjero, el abandono y el absentismo escolar. Los socialistas también prometen “programas de integración” en el medio rural de población inmigrante y refugiada.

PP: un sistema de puntos

El PP ha definido en su programa, por primera vez, qué modelo migratorio quiere para España: uno que premie el talento, las capacidades y los idiomas. El partido de Alberto Núñez Feijóo aboga por un “sistema de puntos” que tenga en cuenta esas habilidades a la hora de determinar quiénes pueden llegar a España de forma legal. Es el modelo de países como Australia, Reino Unido y Canadá que, por su situación geográfica, tienen poco que ver con la realidad migratoria española. El mercado laboral español, además, requiere de perfiles de media y baja cualificación que no pasarían esos filtros.

El PP quiere dar más poder a la Guardia Civil, que ostenta ahora mismo la Autoridad de Coordinación frente a la Inmigración irregular. También pretende reforzar el papel de Frontex, la agencia europea de fronteras, una medida polémica que cuenta con el rechazo de parte de las fuerzas de seguridad españolas. Por un lado, los agentes españoles son reacios a compartir competencias y, por otro, la agencia atraviesa una crisis de reputación, sobre todo por su actuación contra migrantes y refugiados en el mar Egeo. El PP se compromete a “agilizar el cumplimiento de las órdenes de retorno” de inmigrantes en situación irregular, el reto de todos los países de la UE. No explica cómo lo hará.

Vox: desmantelamiento de la red de acogida

Vox tiene un único enfoque: dificultar la vida de todos los inmigrantes irregulares, a los que promete expulsar. Su modelo solo beneficiaría a aquellos que entran de forma regular en España y muestran “capacidad y voluntad de adaptación”. Propone también un referéndum sobre “el modelo de gestión de la inmigración y la defensa de las fronteras”.

El partido de Abascal promete la “inmediata expulsión de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente”, una medida casi imposible de llevar a la práctica por los recursos disponibles y la resistencia de los países de origen. Para frenar la llegada de pateras, Vox plantea un “bloqueo naval”. El partido ultra también promete eliminar las ayudas públicas y las subvenciones a cualquier entidad que “ayude a inmigrantes en situación ilegal”, lo que acabaría con el sistema de acogida.

Vox apoya suspender toda la ayuda internacional a los Estados que no cooperen con España en el control de los flujos y mafias de tráfico de personas en el Mediterráneo.

Sumar: fin de los centros de internamiento

Sumar plantea simplificar los procedimientos de Extranjería, sin concretar cuáles ni cómo, y promete promover regularizaciones extraordinarias. En todos los ámbitos, el partido de Yolanda Díaz prioriza la protección de los derechos de los extranjeros, independientemente de su estatus jurídico. Y apuesta, al igual que el PSOE, por leyes o planes para combatir el racismo.

El nuevo partido, en el que está integrado Podemos, es el único que apuesta por convertir en delito la “devolución sumaria en frontera”, las llamadas devoluciones en caliente. También quiere cerrar los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) para no “criminalizar” a los migrantes, una medida que eliminaría la detención de extranjeros como paso previo a su expulsión. La promesa, en todo caso, es complicada de ejecutar en el actual marco de las políticas de la UE.

En el ámbito internacional, Yolanda Díaz asegura en su programa que romperá los acuerdos bilaterales que España tiene con varios países africanos para controlar el tránsito de migrantes hacia Europa, en los casos en los que esos países no garanticen el cumplimiento de los derechos humanos. Y apuesta por que los refugiados puedan pedir asilo también fuera del territorio nacional y no tengan que subirse a una patera para llegar a Europa. Esta medida ya la contempla la ley de asilo, pero los sucesivos Gobiernos la aplican de forma arbitraria, reservándola principalmente a determinados colectivos como los afganos.

En la línea contraria de Vox, que pide prohibir el acceso de los inmigrantes irregulares a la sanidad, Sumar promete garantizárselo a todos los que aún tienen problemas para ver a un médico, como los padres y abuelos de personas migrantes llegados a España en procesos de reagrupación familiar o quienes tienen dificultades para acreditar su empadronamiento.

PSOE

- Habilitar vías para la inmigración regular y ordenada e incrementar las capacidades del sistema de acogida.
- Mejorar los programas de acogida educativa del alumnado extranjero, especialmente en niños y niñas procedentes de la reagrupación familiar.
- Impulsar políticas públicas e iniciativas no gubernamentales para luchar contra el racismo y la xenofobia.
- Ampliar el reconocimiento de la nacionalidad a los descendientes en el exterior, al amparo de la Ley de Memoria Democrática.

PP

- Crear un programa de inmigración basado en un sistema de puntos que premie los estudios y las competencias lingüísticas.
- Acelerar el reconocimiento de títulos profesionales habilitantes extranjeros (médicos, ingenieros, etcétera).
-Fortalecer las capacidades en medios, tecnología y coordinación de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la gestión integrada de fronteras, potenciando los cometidos de la Autoridad Nacional de Coordinación para la inmigración irregular.
- Agilizar la expulsión de inmigrantes irregulares que hayan cometido un delito y de los ciudadanos extranjeros que alienten la radicalización y el extremismo.

Vox

- Realizar un referéndum sobre la política de fronteras.
- Garantizar una inmigración legal, ordenada y adaptada a las necesidades del mercado laboral.
- Promover un bloqueo naval ante la llegada de inmigrantes ilegales por el Mediterráneo.
- Expulsión de todos los inmigrantes que lleguen ilegalmente, así como a los inmigrantes legales que cometan delitos graves o hagan del delito leve su forma de vida.
- Eliminar las subvenciones a cualquier entidad que destine fondos a promover o ayudar a la inmigración ilegal.

Sumar

- Cerrar de los centros de internamiento para extranjeros.
- Poner fin a los acuerdos bilaterales de externalización de fronteras con países que no garantizan el cumplimiento de los derechos humanos.
- Aprobar una ley integral contra el racismo.
- Reformar, simplificar y digitalizar el sistema de homologación de títulos y experiencia profesional.
-Garantizar el acceso universal a la sanidad pública a todos los extranjeros residentes con independencia de su situación administrativa.

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