El viaje migratorio de Pedro Sánchez

Un abismo de solo dos años y medio separa los destinos de Abdoul, un joven de Sierra Leona de 16 años, y del marroquí Yassin Esadik, de 23. El primero desembarcó del Aquarius en Valencia en junio de 2018. Alfombra roja en el puerto, 600 periodistas, despliegue humanitario y una Administración coordinada y volcada en acelerar trámites y acogida. El segundo lo hizo en Gran Canaria a finales del pasado mes octubre. Hacinamiento en el muelle de Arguineguín durante 20 días, bocadillos para desayunar, comer y cenar, falta de agua e higiene, prensa tras la barrera y un sistema desbordado que lo retendrá indefinidamente en la isla hasta que lo expulsen o logre marcharse. No solo el tiempo separa una historia de otra, ni siquiera un viraje ideológico. Es la realpolitik.

Un barco de rescate humanitario entonces desconocido dio a Pedro Sánchez la primera oportunidad para declarar sus intenciones en la Unión Europea nada más llegar a la Moncloa tras la moción de censura, en junio de 2018. Recogió el guante. El Aquarius era el primer buque en el que se vivía una crisis humanitaria por la estrategia de puertos cerrados del entonces ministro del Interior italiano, Matteo Salvini. Fueron ocho días de bloqueo mientras Europa miraba hacia otro lado. El gesto era un mensaje en el que entonces se creía: España podía liderar el enfoque de la política migratoria de los países del sur, podía gestionar los flujos y controlar fronteras respetando los derechos humanos. Muy pronto la realidad se comió el eslogan.

Otro barco del que ya nadie se acuerda demostró lo rápido que España abandonó esa batalla. A finales de noviembre de 2018, el pesquero alicantino Nuestra Madre Loreto estuvo bloqueado 10 días frente a las costas de Libia tras rescatar a 12 migrantes. Ni Italia, ni Malta, una vez más, autorizaban su desembarco, y el Ejecutivo de Sánchez —contra todo lo que había defendido anteriormente— intentó resolver la crisis obligando al barco a dejar a los náufragos en el que consideraba el puerto más cercano y seguro, Libia. Un Estado fallido, coinciden diversos expertos en migraciones, donde se extorsiona y violenta a los migrantes. El patrón de Nuestra Madre Loreto, Pascual Durá, echó un pulso al Gobierno, se negó a desembarcarlos allí y llegó, incluso, a poner rumbo a costas españolas. La crisis solo se desbloqueó en el último minuto y Malta aceptó a los rescatados bajo la condición de que viajasen después a España.

Desde entonces, los gestos políticos han ido en otra dirección. La inmensa mayoría de los náufragos del Aquarius y de las cuatro misiones del buque de la ONG catalana Proactiva Open Arms que desembarcaron en España en 2018 han visto rechazada su petición de vivir legalmente en España; se prohibió la salida de los barcos de rescate españoles al Mediterráneo central y se silenció la labor de Salvamento Marítimo en el auxilio de pateras. Se ha renunciado, por el momento, a acabar con las devoluciones en caliente, una promesa de los dos partidos de la coalición, y se ha mantenido el cerco en Ceuta y Melilla, como ahora se ensaya en Canarias. “La estrategia migratoria española es más estable de lo que parece. Hay algunos cambios de narrativa dependiendo de quien gobierne, pero las políticas de control de fronteras, que son las que se siguen imponiendo, no cambian tanto”, analiza Gemma Pinyol, directora del laboratorio de ideas Instrategies. “Necesitamos levantar la mirada e impulsar un debate serio sobre las migraciones. Podemos discutir qué modelo es mejor o peor, pero hay que buscar una política integral de movilidad”, añade.

España —distante hasta hace poco de las grandes crisis migratorias del continente— ha enfrentado además, en estos dos años y medio, coyunturas inéditas que ha asumido prácticamente en solitario. En 2018 vivió un repunte histórico de más de 64.000 entradas irregulares y, un año más tarde, se dispararon hasta 118.000 las solicitudes de asilo, que terminaron por colapsar un sistema de gestión de los expedientes ya precario y una red de acogida que se encontraba al límite. Ahora, en plena pandemia, tiene entre manos el polvorín de la crisis en Canarias, donde va a ensayarse el mismo modelo de macrocampamentos de migrantes que ya se aplicó en las islas griegas.

El margen para liderar un enfoque migratorio propio se ha ido estrechando de la mano de la Unión Europea y sus ministros del Interior. “A partir de los Pirineos, a Europa solo le importan dos palabras: movimientos secundarios”, lamenta un miembro de la Administración al referirse a la obsesión de frenar el tránsito por el continente de los migrantes que entran por países mediterráneos. La visión europea, marcada por las exigencias de los países del este pero también de los del norte, ha dejado su huella en las decisiones de España. Mucho más que al contrario. “Ha habido una renuncia total a lo que se planteó en un principio y una falta de liderazgo. Había un enfoque positivo, serio, ordenado. Con errores, por supuesto. Pero, sobre el papel, la línea con la que se podía liderar la política migratoria estaba clara. En la práctica es otra cosa, se hace lo que diga [el ministro del Interior] Fernando Grande-Marlaska”, lamenta una fuente involucrada en el diseño de la política migratoria nacional.

El nuevo pacto migratorio que se negocia ahora en Bruselas descarta un reparto solidario de inmigrantes, se centra en el control de fronteras y deja en un tercer plano el debate sobre modelos que permitan migrar de forma legal y que respondan además a las necesidades demográficas de un continente envejecido. “En Europa hay una visión estrictamente limitacionista y represiva de la inmigración, no hay una concepción prospectiva de lo que podría ser una gran política mediterránea entre las dos orillas, ni una verdadera política de cooperación”, explica el politólogo Sami Naïr. “Abogo desde hace años por que la limitación es necesaria, pero tiene que ser paralela a una política de propuestas que dé estabilidad a las poblaciones de los países de origen”.

En los planes españoles aún hay cierto impulso transformador que vino de la mano del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien aboga por atraer extranjeros al mercado laboral de forma legal como una vía para salvar el Estado de bienestar y el declive demográfico. Escrivá apuesta por flexibilizar trámites, atraer talento o facilitar la inclusión de los menores extranjeros. Pero el ministro rema soloy la incidencia de estas iniciativas es pequeña dentro del gran rompecabezas de la política migratoria. Ahora, la crisis derivada de la pandemia, que ha disparado el desempleo, complica sus expectativas. Es, de nuevo, la realpolitik.