Hay políticas de migración más humanas

En un mundo cada vez más desigual y más interdependiente, encontrar una respuesta política a la movilidad humana de más de 250 millones de personas es un reto capital. Como explica la investigadora Alexandra Castro en La gobernanza internacional de las migraciones, se trata de encontrar un modelo de gobernanza global que, además de asegurar la gestión eficaz por parte de los Estados implicados, redunde en beneficio de todas las sociedades y actores concernidos —no sólo, ni prioritariamente, de sus Gobiernos— y garantice los derechos de los inmigrantes y la vigencia del Estado de Derecho. Esto último no es una opción, ni una carga que se trata de minimizar, sino una condición sine qua non del modelo de gobernanza. El problema es que, a mi juicio, la mayor parte de los Estados receptores de movimientos migratorios sur-norte (que no representan porcentualmente la mayoría de esos desplazamientos, pues estos de producen sobre todo entre países del Sur, frente a la idea dominante en Europa o en EE UU) no siguen ese modelo. Por ejemplo, el de la mayoría de los Gobiernos europeos es el de dominio unilateral e instrumental de esos movimientos, con tres claves: el beneficio de sus mercados y agentes (la inmigración vista sólo como cuestión laboral y de equilibrio de mercado), el cortoplacismo electoral (usar la inmigración para asegurarse el voto) y los intereses geoestratégicos (expansión del propio mercado y área de influencia). Todo desde la premisa indiscutible de la soberanía nacional: nos corresponde a nosotros decidir quién puede cruzar nuestras fronteras y quedarse aquí. Dicho de otra manera, no han tratado ni tratan de construir una gobernanza mundial —o al menos multilateral— de las migraciones, sino que las utilizan para asegurar su propia gobernanza. No han hecho ni hacen política migratoria, sino sobre todo política con la inmigración, electoralismo. El discurso político de la mayor parte de los Gobiernos europeos se centra en un mensaje de orden público (combatir la inmigración irregular y las mafias que trafican y explotan a los inmigrantes), cuando no de defensa (hacer frente a la amenaza de invasión). A esos efectos, con la colaboración de los medios, se presenta a los inmigrantes según el estereotipo de esquiroles en competencia desleal en el mercado laboral, gorrones que se aprovechan de los beneficios del Estado de bienestar (en educación y sanidad, sobre todo) y ejército de reserva de la delincuencia. Se les tacha de ilegales, es decir, de delincuentes, cuando el hecho de emigrar sin regularidad administrativa no es un delito. Y se añade la xenofobia cultural: los inmigrantes, por su “radical incompatibilidad” con nuestra cultura (aquí se apunta a una amalgama de musulmanes, árabes y africanos) son una amenaza para nuestra identidad, aunque sepamos que las identidades son un constructo dinámico, cada vez más mestizo. Existen no pocos elementos de un modelo alternativo de gobernanza migratoria, como los que ofrece la Resolución 73/195 de la Asamblea General de la ONU, del 19 de diciembre de 2018, a partir del documento acordado en la cumbre de Marrakech una semana antes. Es lo que conocemos como Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular (GCM), que debe ser objeto de una primera evaluación en 2022, pero sobre el que ya ha presentado un primer informe el Secretario General Guterres. El GCM cuenta, eso sí, con una serie contrapartida: el rechazo de los Gobiernos de EEUU, Brasil, Chile y Suiza y, en la UE, de Austria, Bélgica, República Checa, Hungría e Italia. España, por cierto, se comprometió oficialmente a desempeñar un papel de promoción y garantía de ese GCM. Como explica la experta en Derecho Internacional Público Teresa Fajardo, este instrumento (sin valor jurídico vinculante pero con importantes consecuencias en la práctica jurídica internacional) no tiene nada de revolucionario. Es realista: arranca del principio de soberanía de los Estados. También, en aparente paradoja, reconoce que la gobernanza de las migraciones no está al alcance de ningún Estado de por sí. Menos aún si persiste y y se incrementa (entre las sociedades del sur y no digamos, entre las del sur y el norte) el factor determinante, el efecto salida, resultado de la radical desigualdad en los índices de desarrollo humano y las abismales diferencias de expectativas de vida y trabajo para muchos, incluido también el legítimo deseo de una vida y un trabajo mejor para profesionales especializados. Tal modelo de gobernanza sólo puede ser el resultado de una acción concertada, multilateral, que acepte el enfoque de responsabilidad compartida y de solidaridad. El GCM es, sostiene Fajardo, un embrión de lex migrationis global, que recoge un consenso de buenas prácticas y consagra un cierto marco normativo mínimo, condensado en 10 principios. Dejémoslo claro, como lo hace el propio GCM: “El Pacto Mundial se basa en el derecho internacional de los derechos humanos y defiende los principios de no regresión y no discriminación. La aplicación del Pacto Mundial asegurará el respeto, la protección y el cumplimiento efectivo de los derechos humanos de todos los migrantes, independientemente de su estatus migratorio, durante todas las etapas del ciclo de la migración. También reafirmamos el compromiso de eliminar todas las formas de discriminación contra los migrantes y sus familias, como el racismo, la xenofobia y la intolerancia”. Por eso, por ejemplo, el énfasis en la prioridad del interés del menor inmigrante o la recomendación de que los internamientos sean última ratio de esta política, al revés de lo que practican los Gobiernos europeos. El GCM ofrece 23 objetivos, con un abanico de iniciativas, que asientan el vínculo entre políticas migratorias, desarrollo humano y democracia, algo que, por cierto, ignora el Pacto europeo de migración y Asilo propuesto por la Comisión Europea este mismo año 2020, enrocado en el control de fronteras, sin establecer vías legales, seguras y asequibles para los inmigrantes, cuya inexistencia es el verdadero motor de la migración irregular y la razón del negocio de las mafias. Se trata de combinar, como explica Fajardo, políticas públicas migratorias de alcance mundial (multilateral) con las nacionales y con acciones transversales, mediante la acción concertada de las diferentes Administraciones, pero sobre todo de los agentes de las sociedades civiles y de los propios inmigrantes. La política migratoria no puede centrase casi exclusivamente, como sucede hoy, en la contención de los movimientos migratorios y en su explotación para nuestro beneficio. Ha de abrirse a una gestión acorde con el Derecho internacional y que, como ha propuesto Sami Naïr desde hace años, consiga que los desplazamientos migratorios dejen de ser un destino fatal, para convertirse en una opción que beneficie a todos. A mi juicio, el GCM apunta buenas pistas para ese otro modelo. Javier de Lucas es senador por el PSOE y catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en la Universitat de Valencia.

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