Inmigración irregular

Violación de derechos de inmigrantes en el muelle de Arguineguín

El Defensor del Pueblo denuncia ilegalidades en el campamento y exige su cierre urgente

Migrantes en el campamento del muelle de Arguineguín, en Gran Canaria este jueves.
Migrantes en el campamento del muelle de Arguineguín, en Gran Canaria este jueves.Chema Rodríguez / EFE

El muelle de Arguineguín continúa siendo el gran agujero negro de la gestión del Gobierno de la crisis migratoria en Canarias. Cuatro meses después de que se improvisasen en esos 3.800 metros poco más de una decena de carpas y un puñado de baños portátiles para recibir a la mayoría de los migrantes que intentan llegar en patera al archipiélago, el campamento sigue en pie y alojaba ayer a más de 760 personas. El último aviso ha venido del Defensor del Pueblo que ha pedido a Interior el “cierre inmediato” del lugar donde, sostiene, se vulneran derechos fundamentales.

La advertencia está recogida en un documento que el Defensor del Pueblo ha elaborado tras la inspección que sus técnicos hicieron la semana pasada del lugar. Ese documento que aún no se ha hecho público asegura, según adelantó la Cadena SER y confirmó EL PAÍS, que “se está poniendo en riesgo la integridad física” de los migrantes allí hacinados, lo que supondría un atentado contra el artículo 15 de la Constitución que vela por el respeto a la integridad física, psíquica y moral y que protege a cualquier persona de no sufrir tratos inhumanos o degradantes.

Los migrantes que desembarcan en Arguineguín, donde han llegado a estar retenidas 2.600 personas, duermen sobre mantas finas y se alimentan apenas con tres bocadillos al día. No pueden asearse y conviven con positivos en coronavirus sin ninguna posibilidad de distanciamiento social. En el muelle, según ha reconocido la consejera de Derechos Sociales del Gobierno canario, Noemí Santana, también han llegado a alojarse menores.

Otra de las cuestiones clave durante la visita fue la comprobación de que los migrantes sobrepasan en el suelo del muelle las 72 horas de privación de libertad que permite la legislación sin que exista ninguna orden judicial que lo justifique. La petición de clausura inmediata del Defensor no es vinculante, pero sí un recordatorio al ministerio de su obligación de cumplir la ley. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marslaska, llegó a asegurar en un programa de televisión el pasado día 16 que ninguno de los migrantes pasaban allí más de tres días, una afirmación que lleva siendo desmentida por ONG, abogados, jueces y periodistas desde la instalación del campamento y que ahora contradice también el Defensor. No salen porque los agentes solo facilitan su tránsito si va algún familiar a buscarlos, pero también porque la realización y los resultados de sus pruebas PCR se retrasan, y porque tardan días en asignarles una plaza de acogida o un lugar adecuado donde pasar la cuarentena.

Yassine Esadik, un joven marroquí de 23 años, está ahora en libertad en un centro de acogida en el centro de Las Palmas, pero, según su relato, pasó entre octubre y noviembre 20 días durmiendo en el asfalto de la dársena. “Claro que estaba retenido, nadie pudo salir hasta que nos trasladaron, nadie nos informó de que éramos libres”, asegura. Esadik cuenta que cuando superó las dos semanas encerrado se unió a otro grupo de marroquíes para protestar ante los policías. Cada uno alzó un papel en el que habían escrito la fecha en la que habían llegado. “Nadie nos hizo caso”, recuerda. “Allí dormíamos unos encima de los otros, hacía mucho frío, teníamos hambre. Lo pasé muy mal”.

La instalación de carpas en el muelle a principios de agosto era una alternativa temporal a las comisarías donde generalmente se identifica y se tramitan las órdenes de devolución de los inmigrantes que entran irregularmente en España. Respondía no solo al repunte de llegadas (más de 19.000 en lo que va de año) sino a la situación de emergencia sanitaria que, como alertaron los sindicatos policiales ya en mayo, impedía mantener a los recién llegados en los calabozos. La temporalidad se convirtió en normalidad y el muelle ha pasado a ser la imagen de la gestión de la crisis migratoria del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La primera denuncia pública de cómo los migrantes pasaban días al raso no tardó en llegar: el 6 de agosto, cuando aquello era todavía un solar con tres carpas precarias de Cruz Roja, se conoció que un grupo de 71 personas pasó más de tres días allí tirado hasta que se les llevó a un centro de acogida. En estos meses se han paseado por Arguineguín eurodiputados, autoridades locales, regionales o la Agencia para los Refugiados de la ONU (Acnur) y todos han coincidido en la pésima situación del lugar. También han sido testigos de las condiciones del muelle el ministro de Inclusión Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y el propio Grande-Marlaska acompañado de la comisaría europea de Interior, Ylva Johanson.

El pasado 28 de octubre la alcaldesa de Mogán, el municipio donde se encuentra Arguineguín, denunció las condiciones ante la justicia, pero el juzgado de instrucción sobreseyó la causa porque entendió que “los hechos denunciados carecen de relevancia a efectos penales”. La juez sí subrayó que la situación en la que se encuentran los migrantes en el muelle es “deplorable”. La Fiscalía de Canarias ha recurrido el archivo de la denuncia.

Fuentes del departamento de Grande-Marlaska han afirmado que responderán en tiempo y forma al recordatorio del Defensor. El propio ministro ya había anunciado el desmantelamiento de Arguineguín en “pocas semanas” el pasado 6 de noviembre, con la esperanza de que la instalación de un nuevo campamento en el antiguo polvorín de Barranco Seco, con capacidad para 900 personas, resolviese la situación. Pero hace más de una semana que el nuevo campamento funciona y el suelo de Arguineguín sigue sirviendo de cama a cientos de personas.

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