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Coordinado por Gonzalo Fanjul
Inmigración
Tribuna
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Regularización de inmigrantes: a falta de 122 días y 143.000 firmas

Desde el punto de vista laboral, la irregularidad no solo supone la indefensión absoluta frente a la explotación, sino que impide al mercado de trabajo beneficiarse de las capacidades esenciales que podrían ofrecer profesionales cuya titulación y méritos no están reconocidos

Un grupo de migrantes esperan para desembarcar en el puerto de Arguineguín el pasado mes de mayo.
Un grupo de migrantes esperan para desembarcar en el puerto de Arguineguín el pasado mes de mayo.Borja Suárez / Reuters

Al cierre de este artículo, 356.594 ciudadanas y ciudadanos españoles habían apoyado formalmente la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la regularización de inmigrantes que residen sin papeles en nuestro país. Eso significa que estamos a poco más de 143.000 firmas para que salga adelante una iniciativa, promovida por la campaña Esenciales, que responde a un principio básico: los derechos fundamentales de un ser humano –como la educación, la salud o la protección de la justicia– no pueden quedar en suspenso como consecuencia de las circunstancias particulares del individuo, sean la raza, el género o, en este caso, la condición administrativa. Un principio simple que todos entendemos cuando se habla del apartheid sudafricano o de la humillación de las mujeres en los países del Golfo; pero que, por alguna razón mágica, se nos escapa cuando los afectados son el medio millón de personas con los que compartimos el transporte, la escuela, el centro de trabajo… o nuestro propio hogar.

Además de una tara ética del Estado de derecho, la irregularidad constituye un importante coste de oportunidad fiscal y laboral para el conjunto de la sociedad. La obligación de permanecer en la economía sumergida impide a los trabajadores y a sus empleadores contribuir a las arcas públicas de acuerdo a sus obligaciones. Una investigación de la Fundación porCausa y la Universidad Carlos III estimó en 2020 que la regularización supondría un beneficio neto medio para el Estado español de unos 3.250 euros por persona y año. Desde el punto de vista laboral, la irregularidad no solo supone la indefensión absoluta frente a la explotación, sino que impide al mercado de trabajo beneficiarse de las capacidades esenciales que podrían ofrecer profesionales cuya titulación y méritos no están reconocidos.

Estos argumentos prácticos están en la base de la reforma migratoria aprobada por el Gobierno este verano, que busca resolver en parte el problema de la irregularidad. La flexibilización de las condiciones existentes de arraigo –familiar, laboral y social– y la introducción de un nuevo mecanismo de arraigo por formación podría permitir la regularización de decenas de miles de trabajadores y de sus familias. Es un paso en la buena dirección, no cabe duda, que está en sintonía con las regularizaciones que se han producido en países como Alemania, Francia, Italia o Colombia en los dos últimos años. O con los nueve procesos extraordinarios realizados por gobiernos españoles del PP y el PSOE en el pasado.

Para cerca de 125.000 menores de edad que residen en nuestro país, la irregularidad se traduce en exclusión social, angustia y maltrato institucional

Lamentablemente, no es suficiente. En primer lugar, algunas de las reformas propuestas –como el refuerzo de las oficinas de extranjería o las condiciones del arraigo por formación– están aún por definir o dependen de una inversión económica y de una transformación cultural que se extenderá durante años. Lo que es más importante, el Gobierno ha elegido no incorporar medidas de sentido común que hubiesen concitado el acuerdo de casi todos los grupos políticos, como es la regularización de las niñas y niños. Para cerca de 125.000 menores de edad que residen en nuestro país, la irregularidad se traduce en exclusión social, angustia y maltrato institucional. Sus consecuencias se harán sentir a lo largo de toda una vida y vulneran importantes obligaciones legales de nuestro país.

Necesitamos, por tanto, una medida extraordinaria que afecte a todos y lo haga ahora. El éxito de esta ILP no conllevaría de forma automática una regularización, sino la garantía de que sus contenidos serán debatidos en el Parlamento, que es quien tiene la última palabra. Lo sorprendente es que esta propuesta no haya llegado al Congreso de la mano de los partidos, que en su mayoría han hecho contorsionismo político para evitarla. Ha tenido que ser la ciudadanía organizada la que promueva este ejercicio de decencia colectiva frente la agresividad de los nacionalpopulistas, la arrogancia de los sindicatos y, ay, el desinterés de algunos medios.

Pero, ¿saben qué? Creo que esta vía es más digna y transformadora que cualquier otra. Este medio millón de firmas –600.000, si queremos evitar sorpresas en la Junta Electoral Central–, que debe llegar al Congreso antes de fin de año, será una demostración de que nuestra sociedad sigue viva y tiene el corazón en el lugar correcto. Somos cerca de 850 organizaciones que abarcan todo el espectro social y político, desde la Conferencia Episcopal hasta el activismo de barrio. Capaces de navegar contra la corriente de los tiempos pero a favor de la historia. Lo que es aún más importante, esta campaña está siendo liderada por organizaciones y personas migrantes que están aquí para embridar los términos del debate y hablar con voz propia de los asuntos que les afectan. Ya era hora de que esto ocurriese en nuestro país. Antes incluso de que llegue al Congreso, esta ILP ya nos está cambiando a todos.

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