¿Qué son los créditos de carbono y qué significan para el Sur Global?

El mundo tiene más de 190 países, pero solo una atmósfera y menos de una década para poner en práctica soluciones conjuntas frente a cambios irreversibles en el clima. En este contexto, los mercados de carbono y la compensación de emisiones se han convertido en una de las cuestiones candentes en la Cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio Climático COP28, que se celebra en Dubái hasta el 12 de diciembre. Esta herramienta puede suponer una fuente de financiación para el Sur Global, pero se encuentra especialmente cuestionada tanto su eficacia como el haber permitido abusos contra las comunidades locales.

¿Qué son los créditos de carbono y cómo compensan emisiones?

Los mercados de carbono son una estrategia para enfrentar el cambio climático en base a un principio económico sencillo: poner un precio a las emisiones de gases de efecto invernadero incentiva su reducción. En estos mercados se comercia con derechos de emisión conocidos como créditos de carbono, donde cada unidad representa una tonelada de dióxido de carbono o la cantidad equivalente de otro gas con efecto invernadero, como el metano que emana del ganado y los vertederos.

La idea es que empresas, instituciones e individuos puedan compensar sus emisiones invirtiendo en iniciativas que absorban la misma cantidad de CO₂ en otras partes del planeta —la atmósfera es la misma. Por ejemplo, una aerolínea puede comprar créditos de carbono para un proyecto que restaure bosques tropicales en África, de modo que lo que emiten sus aviones quede compensado por lo que absorben los árboles.

¿Sirven para frenar la deforestación en países en desarrollo?

Hay dos tipos de mercados de carbono: en los obligatorios, hay regulaciones que fuerzan a las entidades a mantener sus emisiones por debajo de un umbral, y a compensarlas si no es así; en los mercados voluntarios, las entidades eligen compensar sus emisiones por motivos éticos o para mejorar su reputación, como es el caso de las aerolíneas.

Los mercados voluntarios importan porque son una fuente de financiación climática para comunidades y pueblos indígenas del Sur Global. En países como Indonesia, Colombia y Kenia, los créditos de carbono financian unos proyectos de restauración y protección de bosques amenazados que, de otro modo, no serían posibles.

Estas iniciativas, conocidas como REDD+ (Reducción de Emisiones procedentes de la Deforestación y Degradación de Bosques), buscan ofrecer una fuente de ingresos alternativa a comunidades empobrecidas que, si no, enfrentan una difícil elección: abrir las puertas de sus bosques a madereras y a plantaciones industriales para ganarse la vida, o bien conservarlos, renunciando a mejorar su situación económica en el corto plazo.

En una carta abierta, organizaciones indígenas que trabajan en más de 40 países del Sur Global afirmaron recientemente que los proyectos de carbono son una de las pocas fuentes de dinero al alcance de las comunidades que buscan desarrollarse de forma sostenible. Cada año, la deforestación arrasa un área del tamaño de Islandia.

En una carta abierta, organizaciones indígenas que trabajan en más de 40 países del Sur global afirman que los proyectos de carbono son una de las pocas fuentes de dinero al alcance de las comunidades que buscan desarrollarse de forma sostenible

¿Por qué son polémicos los créditos de carbono?

Este año sin embargo, una investigación científica dejó en evidencia a un mercado de carbono voluntario que ya venía arrastrando críticas por malas prácticas en el sector. El estudio concluía que más del 90% de los créditos de carbono vinculados a bosques tropicales y certificados por Verra —el principal estándar de carbono para mercados voluntarios— apenas tenían valor. En otras palabras, procedían de proyectos que no estaban ayudando a reducir la deforestación y que, por lo tanto, no estaban evitando emisiones ni tenían derecho a generar créditos de carbono.

Quienes se oponen a los mercados de carbono consideran que están desviando la atención de las reformas profundas que deben producirse en materia de producción y consumo energético en el mundo. También sostienen que las empresas deberían trabajar para reducir de verdad sus emisiones, en lugar de limitarse a compensarlas —una opinión compartida por quienes apoyan los créditos de carbono.

Finalmente, sostienen que no es posible calcular las emisiones futuras evitadas por los proyectos que buscan reducir la deforestación porque nadie puede prever con exactitud lo que hubiera ocurrido en un futuro. A raíz de la citada polémica, Verra ha estado trabajando en la mejora de sus estándares de certificación.

¿Qué son los ‘carbon cowboys’ y a qué abusos se pueden ver expuestas comunidades de bosques tropicales alrededor del mundo?

Como ocurrió con la fiebre del oro, la posibilidad de hacer dinero con los créditos de carbono atrae a personajes oportunistas, ineptos o sin escrúpulos que buscan aprovechar el imperativo global de proteger a los bosques y a las comunidades que los habitan para llenarse los bolsillos. A estos sujetos se los conoce como cowboys del carbono, una alusión al Lejano Oeste como un espacio sin ley en el que todo vale.

Sus principales objetivos son comunidades indígenas o locales con poco o ningún conocimiento sobre la materia, en zonas de difícil acceso, y en países con una gobernanza forestal débil; o sea, con pocas regulaciones o una falta de medios para hacer cumplir las leyes. Corromper autoridades locales o nacionales es otro medio por el que los cowboys del carbono desbrozan el camino para hacer sus negocios.

Los abusos más frecuentes a los que se enfrentan las comunidades forestales del Sur Global tienen que ver con la falta de consentimiento libre, previo e informado, que a menudo se manifiesta en campañas expeditivas para conseguir las firmas de los jefes locales de turno y contratos abusivos. Luego está la opacidad en los créditos que se venden y por cuánto dinero, porque las comunidades difícilmente pueden controlar si están obteniendo los beneficios que les corresponden por las ventas.

¿Cuáles son algunos ejemplos de proyectos de carbono irregulares?

EL PAÍS ha publicado investigaciones mostrando cómo millones de hectáreas de bosque congoleño se habían convertido en concesiones para proyectos de carbono sin el conocimiento de las comunidades; y cómo un proyecto en Colombia vendía créditos de carbono sin el conocimiento de las comunidades, a quienes corresponde una parte del dinero.

El trabajo en Colombia llevó a un juez a suspender el proyecto hecho de espaldas a a la comunidad, y el realizado en la República Democrática del Congo resultó en un requerimiento oficial (de la Comisión Interministerial para la Revisión de Contratos Forestales) para crear de un marco legal que rellene los vacíos actuales en materia de proyectos de carbono.

En lugares como Papúa, los promotores de un proyecto REDD+ habían prometido ingresos a las comunidades a cambio de proteger el bosque pero, al no materializarse, las comunidades acabar por dejar entrar a una maderera.

Lejos de las selvas, en tierras áridas de Kenya, la ONG Survival ha apuntado recientemente a irregularidades en un proyecto de carbono en zonas de pastoreo tradicional, señalando los impactos que puede tener en modos de vida ancestrales, entre otras cuestiones técnicas y relativas a los procesos de consulta previa.

¿Qué dicen los científicos sobre los proyectos REDD+?

Para los propios autores de ese estudio sobre los créditos de carbono basados en bosques, para y otros miembros de la comunidad científica, los créditos de carbono no son una panacea, pero sí una herramienta más en el arsenal de políticas que el mundo debe mejorar y desplegar para frenar los peores efectos del cambio climático.

Y en un momento en el que apenas hay financiación climática directa para las organizaciones indígenas y locales, los proyectos REDD+ pueden ser una forma de incentivar a comunidades del Sur Global a seguir protegiendo los bosques, sobre todo tropicales, en beneficio de todos.

¿Para cuándo un mercado de carbono obligatorio a nivel mundial?

Uno de los mayores mercados obligatorios es el de la Unión Europea (UE), que fija límites de emisiones para compañías del sector industrial y energético y multas para los infractores. Con este sistema, las empresas que más contaminan pueden compensar su huella de carbono comprando certificados de emisiones a las que no llegan a su tope. La Comisión Europea estima que, gracias a este mecanismo, las emisiones de las empresas reguladas cayeron un 35% entre 2005 y 2021.

No existe todavía un mercado obligatorio mundial, supervisado por Naciones Unidas, que regule el intercambio de derechos de emisión entre países del Norte y el Sur global

Lo que no existe todavía es un mercado obligatorio mundial, supervisado por Naciones Unidas y que regule el intercambio de derechos de emisión entre países del Norte y el Sur global. La COP28 buscará avanzar en la puesta en marcha de este sistema, previsto en el Artículo 6 del Acuerdo de París y que está pendiente desde que este fuera firmado en 2015.

Más del 80% de los compromisos climáticos de los países contemplan los mercados de carbono internacionales como una vía para reducir emisiones. A su vez, ello podría suponer una importante inyección de fondos para que países en vías de desarrollo mejoren su adaptación al cambio climático.

¿Por qué es tan difícil acordar el comercio de derechos de emisión entre países?

Estructurar un mercado obligatorio de derechos de emisión de gases a nivel mundial ha sido, desde el principio, uno de los aspectos más complejos del Acuerdo de París.

Uno de los mayores retos pasa por seguir el rastro de las emisiones evitadas. O sea, crear un sistema de contabilidad para evitar que diferentes entidades —como un Gobierno y una empresa que opera en su territorio— se atribuyan la misma reducción. Otros retos pasan por acordar salvaguardas creíbles frente a potenciales abusos de los derechos humanos, como la usurpación de tierras; y ponerle coto al greenwashing, el intento de algunas marcas de hacer pasar por verdes operaciones o productos que no lo son.

Sea como sea, los expertos coinciden en que la transparencia, la calidad de los sistemas de certificación, registro y monitoreo de emisiones, y la integridad deberán estar en la base de cualquier mecanismo de mercado que aspire a contribuir a la batalla por el clima.

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