“Un padre ha violado a su hija de nueve años”: la impunidad daña la democracia en Kenia

Los casos de agresiones sexuales que no son castigadas repuntan en épocas electorales, aseguran varios activistas. Este año, varias mujeres luchan por cambiar el sistema desde dentro como candidatas políticas

La activista Winnie Obure recibe una llamada sobre la violación de una menor.
La activista Winnie Obure recibe una llamada sobre la violación de una menor.David Soler

Winnie Obure llega vistiendo una chaqueta motera, atareada y pidiendo disculpas por la tardanza. “Vengo de la comisaría de policía de Kamukunji”, dice. “Han tenido a una chica de 15 años en custodia durante una semana. Se ha quedado embarazada por una violación, pero como nadie la reclama, no saben dónde llevarla y me la traen a mí”, dice. A sus 28 años, lidera un refugio en el barrio chabolista de Pumwani Majengo, en Nairobi, donde con su asociación TeenSeed da cobijo a decenas de niñas y mujeres que sufren abusos sexuales. Pero su paciencia se acaba. Le suena el teléfono, y lo ignora. “Es que no sé dónde la voy a meter, nos estamos quedando sin espacio. Nos lo han cedido temporalmente, pero pronto no lo tendremos”, sigue.

Obure creó TeenSeed hace más de una década para concienciar a chicas adolescentes sobre sus derechos, darles educación sexual y buscar justicia para episodios de abusos, pero lo último le ocupa todo el tiempo. “Ayer nos llegó un caso de una chica de 11 años que había sido violada por un candidato a diputado regional de 46 años. Estos son los más frustrantes, porque al ser figuras políticas se les protege”, cuenta enfadada.

Mientras habla, vuelve a sonar el teléfono. Esta vez responde. Habla dos minutos en los que se pasa las manos por la cara, mira al suelo y se le acristalan los ojos. “Una niña de nueve años, la ha violado su padre y está en comisaría”, consigue decir medio en lágrimas. “¿Sabes lo duro que es esto, día sí y día también? A veces pienso en no cogerlo y dejarlo todo, pero no puedo”. Cuando era adolescente, Obure fue violada en su pueblo, en Kisumu (oeste de Kenia), por un amigo de su familia que creía que estaba en su derecho por pagarle los estudios. “Decidí dejar el colegio. No puedo comerciar con mi cuerpo por mi educación”, afirma antes de despedirse, disculpándose de nuevo. “Me compré una moto por cosas como esta, imagina que tuviese ahora que coger un bus y tardar dos horas en tráfico. No puede ser”, niega con la cabeza.

La violencia de género crece en elecciones

La conversación tiene lugar un día antes de las elecciones de Kenia, este martes 9 de agosto. Las campañas y los días posteriores suelen ser momentos donde se registran picos de violencia de género. “Es ese momento en el que la gente no obedece las leyes, ideal para quien quiere cometer una violación lo haga”, asegura Irene Soila, asesora en la Comisión de Derechos Humanos de Kenia (CDHK). La institución trata de prevenir, documentar y conseguir justicia para las víctimas. “El proceso de probar una violación no es fácil, piden muchas cosas y en elecciones lo más probable es que no obtengas justicia”, señala.

Una de las principales razones de la impunidad es que los abusadores son quienes deberían protegerlas: las fuerzas de seguridad. En 2007, tras la peor ola de violencia poselectoral que ha sufrido Kenia, la CDHK documentó más de 900 casos de violaciones. En 2017 fueron más de 200, y el 54% de ellos fueron cometidos por policías. “Este año hemos pedido el nombre y lugar de trabajo de los agentes desplegados para poder identificarlos”, dice Soila. La institución ha puesto una lista de prioridades que debe tener el Gobierno para prevenir la violencia en este año electoral, y aunque asegura que hay más receptividad que antes, falta una estrategia robusta.

Jacqueline Mutere se presenta por segunda vez como diputada regional por Nairobi. Ella sufrió una violación en la violencia postelectoral de 2007 y las reparaciones a las víctimas de violencia de género son su prioridad.
Jacqueline Mutere se presenta por segunda vez como diputada regional por Nairobi. Ella sufrió una violación en la violencia postelectoral de 2007 y las reparaciones a las víctimas de violencia de género son su prioridad.David Soler

A pesar de los esfuerzos de estas instituciones, los números documentados no cuentan toda la realidad. La comisión de investigación de la violencia postelectoral de 2007 concluyó que más del 80% de las víctimas en tres de las cuatro ciudades más pobladas, Nairobi, Nakuru y Eldoret, no habían informado sobre sus casos y que más del 90% cobraba menos de un dólar al día. Las trabas burocráticas, la falta de conocimientos legales y los bajos recursos económicos para litigar se unen al estigma al que se enfrentan.

Cambiar el sistema desde el poder

Una de las maneras de avanzar es llegar al poder para cambiar las leyes. Así lo ve Jacqueline Mutere, candidata a diputada regional por el distrito de Imara Daima, en Nairobi: “Me presento porque quiero iniciar el cambio que quiero ver”. Su principal rival es una mujer, Jennifer Mumbua, pero eso no es habitual. A pesar de que la Constitución de 2010 obliga a que no haya más de dos tercios de representantes de un mismo género en los parlamentos, las políticas siguen siendo minoría. En estos comicios, de los más de 16.000 candidatos para todos los cargos políticos, menos de 2.000 eran mujeres.

Ellas también sufren estigma de parte de una sociedad patriarcal donde la figura política femenina no está aceptado por todos. En esta campaña se han registrado casos de discriminación, agresiones físicas y ataques en las redes sociales. “Han arrancado carteles míos o han puesto otros de hombres encima”, asegura la candidata.

Mutere fue una de las más de 900 mujeres que sufrieron violaciones en el periodo poselectoral de 2007. Años después creó Grace Agenda para crear conciencia y buscar justicia, pero todavía no ha recibido compensación económica, a pesar de que en 2015 el presidente Uhuru Kenyatta prometió un paquete de más de 80 millones de euros para las víctimas. “Conseguir reparaciones por violencia sexual es alcanzable y asequible y la justicia puede empezar desde abajo, a nivel regional”, asegura Mutere, que asegura que, si consigue el asiento, esta será su prioridad, junto con la salud mental.

Fruto de aquella violación, hace 15 años, nació su hija Princess: “Mi niña ha crecido en una situación decente, pero hay gente que no la tiene”, asegura. Por esas personas, ella trata de cambiar el sistema desde dentro: “Espero inspirar a otras regiones a adoptar políticas similares a las mías”.

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