Salud mental, el monstruo que el sur de Asia esconde en el armario

En Sri Lanka, Bangladés y Pakistán, el estigma social y la huella heredada de la violencia son los mayores obstáculos en la lucha contra las enfermedades mentales

Una mujer esconde su rostro en un edificio gubernamental en Colombo, capital de Sri Lanka.
Una mujer esconde su rostro en un edificio gubernamental en Colombo, capital de Sri Lanka.DINUKA LIYANAWATTE (REUTERS)

Los rumores sobre el hospital psiquiátrico de Angoda (pueblo ubicado al occidente de Sri Lanka) hacían que los habitantes del país repudiasen el lugar, rodeado de un mito de locura contagiosa. “La gente se refería a Angoda como el sitio en el que los viven los locos”, cuenta la activista Vanee Surendranathan, que trabaja por salud mental en Sri Lanka desde hace más de dos décadas. En sus primeras visitas al hospital, fue testigo del rechazo que sufrían los pacientes. “En una unidad había 88 personas abandonadas por sus familiares. Contactamos con ellos y muchos rechazaron volver a ver a sus parientes”, recuerda. Aunque en 2008 el centro sanitario cambió de nombre a Instituto Nacional para la Salud Mental, en un intento por transformar el imaginario colectivo, aún pervive el estigma social sobre Angoda y los problemas mentales.

“La mayor dificultad es que la gente no quiere hablar de enfermedades mentales”, zanja Surendranathan, representante de Sri Lanka en la Misión Ciega Cristiana, una ONG que trabaja en la atención a la discapacidad y la salud mental. En el país hay cerca de 22 millones de habitantes y más de 1,6 millones de ellos presenta algún tipo de diversidad funcional, según datos de 2022 del Frente Conjunto de Organizaciones de Discapacidad en Sri Lanka. La activista asegura que muchas veces estas personas también padecen trastornos de salud mental y se enfrentan al mismo rechazo e indiferencia. “Cuando naces con una discapacidad en Sri Lanka, también cargas con el estigma y el Gobierno tampoco te presta atención”, explica Surendranathan en la primera Cumbre de Bienestar, celebrada a principios de junio en Bilbao.

Si bien ha habido avances en la protección de salud mental en el país, como la reducción de la tasa de suicidio –que en 1995 fue la más alta del mundo, con 47 muertes por cada 100.000 habitantes, y que se situó en 14 en 2019, según los últimos datos del Banco Mundial–, queda mucho por superar. “La larga guerra doméstica que atravesamos dejó un gran trauma colectivo”, apunta Surendranathan, en referencia al conflicto civil que enfrentó al país durante casi 30 años y que finalizó en 2009.

Vanee Surendrathan, representante de Sri Lanka para la Misión Cristiana para Ciegos, en la Cumbre de Bienestar a principios de junio, en Bilbao.
Vanee Surendrathan, representante de Sri Lanka para la Misión Cristiana para Ciegos, en la Cumbre de Bienestar a principios de junio, en Bilbao.Aritza Munarriz O'Shea

Las heridas abiertas del pueblo de Sri Lanka amenazan la salud mental de los más pequeños en los hogares. “Los padres que han pasado por traumas de guerra y que no han sido tratados no saben cómo brindar soporte a sus hijos”, explica la activista. Surendrathan destaca que estas situaciones pueden traducirse en problemas de ansiedad y depresión para los niños: “Sufren maltratos. Ven a sus padres beber y golpear sus esposas. Experimentan dolor, vergüenza, e incluso culpa: en casa, en la escuela y en sus comunidades”.

“Cuando mi mamá se suicidó, mi padre nos dejó y se volvió a casar. Me fui a vivir con mi tía, que solo me daba de comer arroz una vez al día y me pegaba por todo”, cuenta un niño de 12 años en uno de los 26 clubes que la ONG Basic Needs ha implementado en el distrito de Batticaloa (oriente de Sri Lanka), para que los más jóvenes tengan un espacio en el que hablar de sus problemas y reciban ayuda.

La batalla contra el estigma y el trauma colectivo al que se refiere Surendranathan se repite en otros países de la región del sur de Asia, como Bangladés, cuya guerra de independencia en los años setenta provocó la muerte de cerca de tres millones de personas, según estimaciones de las Fuerzas de Seguridad del Estado. “El genocidio fue el inicio del trauma”, asegura la activista Monira Rahman, que ha trabajado durante décadas en la protección de los derechos humanos en el país.

En Bangladés, la mayoría de los problemas mentales también son una tortura a puerta cerrada. Así fue para la propia Rahman, quien ante los prejuicios sufrió en silencio. “Atravesé sola una depresión posparto y tuve un intento de suicidio en 1997″ relata con la mirada en alto. Su experiencia inspiró su trabajo por la comunidad y la impulsó a crear en 2014 la Fundación de Innovación para el Bienestar, en Dacca, capital del país. Uno de los objetivos de su organización es contrarrestar el estigma asociado con las enfermedades mentales.

Monira Rahman (centro) habla con delegadas de otros países en la Cumbre para el Bienestar, a principios de junio, en Bilbao.
Monira Rahman (centro) habla con delegadas de otros países en la Cumbre para el Bienestar, a principios de junio, en Bilbao.Aritza Munarriz O'Shea

Para que historias como la de Rahman dejen de repetirse, Unicef presta atención a las jóvenes del país por medio de Centros Amigables de Salud para Adolescentes, que promueven “romper el silencio y la desinformación” en torno a la salud mental y reproductiva de las menores. En uno de los informes del programa, de septiembre de 2021, Alia, una joven de 17 años, subrayó que este espacio la enseñó a “hablar, a abordar sus problemas, y a buscar ayuda”.

”El genocidio en Bangladés fue el inicio del trauma”
Monira Rahman, activista por los derechos humanos

Generar espacios seguros de diálogo para la juventud también es una máxima para la emprendedora social paquistaní Qurat-Ul-Ain Bakhtiari, fundadora del Instituto para el Desarrollo de Estudios y Prácticas en el país. ”Los jóvenes deben sentir que pueden enfrentar el miedo a ser vulnerables”, afirma Bakhtiari, quien desde hace 24 años lucha por garantizar educación y oportunidades para la juventud marginada, y que fue nominada al premio Nobel de Paz en 2006. ”Trabajamos con aquellos que han sido excluidos del sistema educativo y económico”. En Pakistán más de la mitad de la población es menor 25 años, según datos de la ONG Humanium, y la protección por la salud mental de los jóvenes se ve amenazada por la guerra que asola al país desde hace casi 20 años. “El trauma es persistente. Pakistán está sangrando todo el tiempo”, recalca Bakhtiari.

Las tres activistas coinciden en que el estigma social y las cicatrices emocionales de sus territorios representan el mayor obstáculo en la batalla por la salud mental. Además, la asignación de recursos públicos para hacer frente a estas problemáticas no supera el 0,5% del presupuesto nacional en ninguno de estos países, según datos de la Organización Mundial de la Salud. “Queremos que la salud mental llegue a las comunidades”, insiste Surendrathan, con la esperanza de que experiencias como la que vivió en Angoda no vuelvan a repetirse.

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