El rastro de destrucción del mercado brasileño de oro ilegal

En Jacareacanga, una ciudad situada en el corazón de la Amazonia, en el estado brasileño de Pará, una parte de los sueldos se pagan en oro. La fiebre por este mineral emplea a la mayoría de la población local: más allá de los buscadores –denominados garimpeiros–, esta actividad hace proliferar la demanda por barqueros, mecánicos y cocineros, así como un aumento de la prostitución.

Con una población que no alcanza las 7.000 personas, el municipio de Jacareacanga tiene un PIB per cápita similar al de algunas de las ciudades más acaudaladas de Brasil, como Río de Janeiro y São Paulo, debido al auge minero. El movimiento es casi incesante en el pequeño puerto del pueblo de Jacareacanga: la apariencia improvisada y destartalada de este hervidero no parece corresponder con las riquezas que se mueve en los pequeños barcos que atraviesan el río Tapajós en busca de oro. Como resultado, una mancha oscura que comienza en Jacareacanga tiñe las aguas del que es uno de los principales afluentes del río Amazonas, y se extiende por unos 500 kilómetros río abajo, según muestran las imágenes satélite de estudios de InfoAmazonia. Es el reflejo de la destrucción, un fluido compuesto por mercurio y sedimentos provenientes de la minería que amenaza la flora y fauna fluvial, así como al pueblo indígena munduruku, que vive en los márgenes del río Tapajós.

Un estudio publicado por la Fiocruz y WWF-Brasil en noviembre de 2020 mostró que seis de cada diez munduruku analizados presentaban en su organismo niveles superiores al límite de seguridad (6µg.g-1) establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esto se debe a que los peces, que son la base de su alimentación, están altamente contaminados por mineral. En las aldeas más cercanas a los polos de extracción ilegal, el 90% de las personas sobrepasaban los límites seguros de mercurio y más de un 15% de los niños y niñas padecía problemas de desarrollo neurológico.

Casi un tercio del oro exportado por Brasil muestra evidencias de ilegalidad

El mercurio es el metal no radioactivo más peligroso para el ser humano tal y como defiende el neurólogo y médico Erik Jennings. Una parte de esta sustancia está presente en la naturaleza y se libera al remover los suelos, pero se emplea de forma descontrolada otra gran cantidad –proveniente de contrabando de países vecinos– para separar el oro, de acuerdo con el Observatorio del Mercurio en Brasil.

Jacarecanga es uno de los múltiples eslabones de la cadena que alimenta ese lucrativo negocio en Brasil, donde casi un tercio del total extraído es irregular, según demuestra el reciente estudio Legalidad de la Producción de Oro en Brasil, realizado por el Laboratorio de Gestión de Servicios Ambientales de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) junto con el Ministerio Público Federal, y publicado este 30 de agosto.

Las investigaciones han cruzado datos públicos referentes a 2019 y 2020 con cifras y origen del oro declarado a la Contribución Financiera por la Explotación de Recursos Minerales (CFEM), así como imágenes tomadas por satélite, para comprobar si hay realmente minas en los lugares de procedencia declarados y si hay indicios de destrucción por minería en áreas no autorizadas. Concluyen que solo 34% de la mercancía tiene origen legal, de otro 38% no ha sido posible constatar su procedencia y un 28% proviene de actividades irregulares, es decir, claramente ilegales o con evidencias de serlo. Del total de 49 toneladas identificadas como irregulares, casi siete de ellas lo son nítidamente y movieron 1.500 millones de euros.

“Los casos que identificamos como irregulares se refieren a intentos frustrados de lavar ese oro, pero tanto el que está bien lavado como el que circula en un mercado negro sin intento ni siquiera de ser lavado o legalizado pasan a ser invisibles para nuestro estudio”, explica Raoni Rajão, coordinador del Laboratorio de Gestión de Servicios Ambientales de la UFMG y uno de los autores. Los propios investigadores apuntan que los datos obtenidos pueden estar muy probablemente por debajo de la realidad del total ilegal extraído en Brasil. “Más allá de los daños socio ambientales, se utiliza muchas veces para lavar dinero proveniente de tráfico de armas y drogas, usurpación de tierras y corrupción”, expone el informe.

El lobby que alimenta la minería ilegal de oro

El rastro de la actividad criminal también reluce al observar que las cifras registradas de oro exportado son mayores a las de la producción declarada: en 2020 Brasil exportó, según los registros nacionales de comercio exterior, 111 toneladas. No obstante, en la Agencia Nacional de Minería (ANM) solo fueron declaradas 92. Asimismo, dos tercios del metal identificado como ilegal proviene de la actividad de tan solo cuatro personas y dos cooperativas. “Para nuestra sorpresa, los casos más claros se dan en áreas que venden miles de millones de mineral y usan maquinarias pesadas, no son pequeños productores”, declara Rajão. La escala industrial de la extracción clandestina supone una de las conclusiones más preocupantes del estudio, según subraya este investigador.

De estos dos tercios, los autores han podido rastrear que el 71% corresponde a transacciones realizadas por tres distribuidoras –OuroMinas DTVM, D’Gold DTVM e Carol DTVM–, que operan en los municipios de Jacareacanga, Itaituba y Novo Progresso, todos los tres próximos y situados en la Amazonia, en el estado de Pará.

El Ministerio Público Federal emprendió este 30 de agosto una acción judicial contra tres distribuidoras acusadas de lavado de oro ilegal y de posible usurpación de patrimonio público

Tras publicarse estos resultados, el Ministerio Público Federal emprendió este 30 de agosto una acción judicial contra estas distribuidoras acusadas de lavado de oro ilegal, así como de posible usurpación de patrimonio público, ya que la riqueza mineral del subsuelo de Brasil pertenece al Estado. Sus actividades en estos tres municipios han sido bloqueadas y podrían enfrentarse al pago de una multa de 1.760 millones de euros.

De acuerdo con las pesquisas, Canadá, Suiza y Reino Unido son los tres principales países compradores en Brasil. Los resultados de la investigación inciden en que el eslabón más débil de la cadena son los mecanismos para garantizar la legalidad del producto, ya que se basa en la palabra del vendedor y en la presunta buena fe del comprador, según prevé el artículo 39 de la ley 12.844. “De esta forma, el propio Estado creó involuntariamente la laguna para que el mineral extraído de regiones prohibidas pudiese entrar y circular libremente en forma legal”, subraya el informe.

El lobby millonario de la búsqueda de oro, compuesto por empresarios y algunas figuras políticas, apoya la legalización de la minería en tierras indígenas mediante el proyecto de ley 191 propuesto por el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, enviado al Congreso Nacional en febrero de 2020 y a la espera de votación. La creciente expectativa del cambio de ley, junto con el aumento del precio del metal dorado, han supuesto un estímulo para el emprendimiento de minas ilegales en los territorios de pueblos originarios y en áreas de elevada biodiversidad.

De acuerdo con las investigaciones, Canadá, Suiza y Reino Unido son los tres principales países compradores del oro identificado como ilegal en Brasil

De acuerdo con datos de la organización MapBiomas, el área ocupada para la extracción rudimentaria de minerales (garimpo) en áreas indígenas aumentó 495% en la última década. Esta situación podría empeorar si se aprueba otro proyecto de ley codiciado por Bolsonaro, el PL 490 que determina que solo puedan homologarse las que tenían presencia de pueblos originarios cuando se estableció la actual Constitución de 1988, ignorando que muchos de estos pueblos fueron perseguidos y desplazados violentamente por la colonización y por la dictadura militar. Frente a esta ofensiva legislativa que está actualmente siendo votada en el Congreso, más de 6.000 miembros nativos de 120 pueblos diferentes están acampados y manifestándose en Brasilia desde el 28 de agosto.

Los riesgos para los indígenas

Entre 2017 y 2019, las actividades de extracción clandestina destruyeron y ocuparon más de 3.000 hectáreas de selva de la tierra indígena munduruku y, desde que Bolsonaro asumió la presidencia en enero de 2019, aumentó un 363% el área destruida por la minería ilegal dentro del territorio munduruku, según apunta el ISA.

La Asociación de Mujeres Munduruku Wakoborūn, que lucha contra la invasión y destrucción de sus tierras por la minería ilegal, fue atacada en marzo de este año por varias personas que quemaron todos los documentos encontrados. Dos meses después, una acción de la policía federal para desmantelar minas irregulares en las tierras indígenas acabó en enfrentamientos entre agentes y mineros, así como en una invasión de las aldeas. Los invasores incendiaron la casa de Kabaiwun Munduruku, coordinadora de la asociación de mujeres, que vivía con su madre, la cacica de la aldea. Estas son solo algunas de las constantes amenazas.

El garimpo continua a pesar de que, en abril, la Corte Suprema determinó la retirada de las actividades ilícitas en busca de oro en tierras munduruku para redimir los conflictos y para evitar los riesgos de contagio de covid-19. Desde el inicio de la pandemia, la minería clandestina ha sido una de las principales preocupaciones de los pueblos originarios, que intentan aislarse para evitar contagios y muchos de ellos, incluyendo los munduruku y los yanomami –también fuertemente acorralados por las extracciones irregulares– lanzaron campañas de petición de auxilio.

La minería ilegal deja un reguero de devastación en la Amazonia: entre 2005 y 2015 esta actividad destruyó más de 1,2 millones de hectáreas

Además de los violentos conflictos con las poblaciones originarias, esta actividad criminal deja un reguero de devastación en la Amazonia: entre 2005 y 2015 esta actividad destruyó más de 1,2 millones de hectáreas . De acuerdo con los resultados obtenido por el MPF y la UFMG, el 90% de la extracción ilícita se concentra en la Amazonia y, principalmente, en los estados de Pará y Mato Grosso, donde más de la mitad de la mercancía declarada ha sido clasificada como irregular.

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