Cuando la energía solar no es tan limpia

Costa Azul, en el municipio de Namasigüe, es un caserío al sur de Honduras en el que viven cerca de 65 familias. Es una zona caliente y prácticamente desértica donde la comunidad sobrevive con cultivos de maíz, frijol verde y unas pocas vacas. El agua es un recurso que escasea. Y los residentes aseguran que ahora aún más con la instalación de una empresa de energía solar fotovoltaica que ha deforestado una zona importante para la ganadería, ha provocado el aumento de las temperaturas por el reflejo del sol en las placas y la desaparición de las quebradas. Así lo ha venido denunciando permanentemente Félix Pastrana desde Estéreo Namasigüe, la radio comunitaria que dirige y donde los habitantes de las nueve aldeas del municipio pueden informarse sobre las concesiones de los proyectos como parte de la estrategia local para defender los pocos recursos naturales que dicen les quedan.

La empresa Los Prados, afirman, que llegó con engaños y subterfugios, prometiendo generar empleo y desarrollo social. Pero en realidad quería expandir la instalación de paneles solares y consolidar así su proyecto de generación de energía solar en la región. “La estrategia de los gobernantes del país fue manipular la información para confundir a las comunidades. Primero dijeron que el proyecto iba a ser una melonera, después una empresa cañera y en 2017 se deforestó la zona y el proyecto se instaló finalmente con irregularidades”, afirma Pastrana a través de videollamada.

El comunicador, que se presentará como candidato a alcalde en los comicios de finales de año, no está en contra de la energía solar, pero sí de la forma en que ha llegado al territorio. Asegura que para la construcción de la fotovoltaica se deforestó un área de árboles de más de 200 años de vida, mermando las pocas superficies arbóreas en el territorio. A pesar de que la empresa afirma seguir los estándares internacionales, Pastrana no lo tiene tan claro y argumenta que no era necesaria la deforestación.

Estos proyectos han generado daños al medio ambiente y la biodiversidad de la zona, alterando también la convivencia pacífica en las familias”

Reymundo Cepeda, representante de la Asociación de Mujeres Defensoras de la Vida (AMDV)

De la misma manera opina Donald Hernández, abogado defensor de derechos humanos del Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (Cehprodech), una organización que trabaja con comunidades indígenas y campesinas, empoderándolas para que exijan sus derechos. “No estamos en contra de los proyectos de energía solar. Ratificamos la necesidad de revertir la matriz energética de los biocombustibles fósiles, pero no a costa de las comunidades porque esa energía limpia está cargada de sangre. No necesitamos energía limpia a ese precio”, afirma a través de videoconferencia.

El abogado destaca que en Namasigüe se encuentran algunas de las comunidades más pobres del país y por esta razón es más fácil vender un proyecto que promete mano de obra y que al final no llega a emplear ni a 40 de las miles de personas que viven allí. “La mentira se vuelve una bola de nieve porque ahora el gran problema es que hay gente que estaba a favor de la empresa que hoy está en contra”. Hernández denuncia las artimañas que las compañías utilizan para asentarse en los territorios “cooptando los liderazgos, provocando la ruptura del tejido social y criminalizando a las personas que se oponen a los proyectos”.

En este municipio son más de 20 los procesos de judicialización abiertos contra pobladores de las comunidades que se oponen al proyecto de energía solar y que han de presentarse en los juzgados de la ciudad de Choluteca, a 17 kilómetros de la cabecera municipal de Namasigüe, cada 15 días. Para Hernández, el sistema lo que quiere es alargar su proceso penal para cansarlos: “Es parte de un circo muy bien montado. El Ministerio Público utiliza argumentos de delito que no existen y al final terminan dando por inocente a nuestra gente, pero cuatro o cinco años más tarde, cuando ya el proyecto ha tenido la oportunidad de comprar voluntades, entrar en el territorio e instalarse”.

A diferencia de Costa Azul, en el caserío vecino de Prado Uno sí consiguieron parar el proyecto. De momento. Kethy Maricelis es una de las vecinas de una comunidad que se mantiene firme desde el año 2016, cuando se declaró en resistencia. “Nuestro mayor temor es que instalen la fotovoltaica, por eso tenemos que unirnos. Y si nos toca morir o pelear pues vamos a luchar, pero no vamos a dejar que pongan ese proyecto porque conocemos sus impactos: la escasez del agua, la deforestación y la aparición de nuevas enfermedades”, destaca la lideresa a través de WhatsApp. Además, Maricelis asegura haber sido amenazada y agredida por vecinos que están a favor de un proyecto que nunca fue consultado a la comunidad. “Tan solo le dijeron al grupo del alcalde, les ofrecieron dinero y les dieron algunos beneficios como cemento para las casas”. La Corporación Municipal de Namasigüe sí está a favor de que el proyecto de generación de energía continúe y se expanda porque dicen que genera trabajo, realiza obras sociales y paga impuestos al municipio.

El derecho a la autoconsulta

Al igual que en Prados Uno, tampoco hubo proceso de consulta a los habitantes del resto de las comunidades. “La alcaldía y el Gobierno lo único que hicieron fue llamar solo a los representantes de la Junta Directiva de los patronatos y con esto ellos estaban dando efecto de que las comunidades sí estaban de acuerdo con los proyectos, pero nunca nos consultaron”, destaca Pastrana. Como reacción, las comunidades organizaron su propio proceso de autoconsulta ciudadana de la mano de Cehprodech, que ya había organizado algunas en otros municipios hondureños ligadas a conflictos territoriales de poblaciones que rechazaban explotaciones mineras o proyectos hidroeléctricos. Para Hernández, las autoconsultas son una herramienta de participación ciudadana para que sean los pobladores los que decidan sobre su territorio y sus bienes naturales. “El proceso permite que los liderazgos de las comunidades queden empoderados conociendo sus derechos, como a la participación o a la información pública. No hacemos más que fomentar la cultura ciudadana y fortalecer los procesos democráticos, la transparencia y la rendición de cuentas”, afirma.

En la autoconsulta de Namasigüe, el 97% de los participantes, 5.820 personas, dijeron no a la implementación de proyectos de energía solar fotovoltaica

En la consulta en Namasigüe, realizada a finales de 2019, se habilitaron 31 urnas distribuidas en diez aldeas, hubo observadores internacionales y una alta participación. La pregunta de la papeleta era directa: “¿Está usted de acuerdo en que haya plantas solares en el municipio de Namasigüe? Si o No”. El 97% de los participantes, 5.820 personas, dijeron no a la implementación de proyectos de energía solar fotovoltaica. Solo 45 votaron a favor. Con el resultado a favor del ‘no’, las comunidades querían hacerlo valer ante la alcaldía, pero la llegada de la covid-19 lo paró todo. Ahora, más de un año después, lo retoman para seguir haciendo cabildeo. Quieren aprovechar que en noviembre habrá elecciones municipales. “Queremos intentar que alguno de los tres candidatos a la alcaldía ratifique el resultado de la autoconsulta. Si alguno quiere ser elegido alcalde, deberá aceptarlo para que la mayoría de la población le vote”, dice Reymundo Cepeda, representante de seguridad alimentaria sostenible y de los recursos naturales de la Asociación de Mujeres Defensoras de la Vida (AMDV), organización aliada de Cehprodech.

Para el abogado de Cehprodech, el problema de las autoconsultas es que se suelen hacer sobre hechos ya consumados, lo que plantea a menudo una gran pelea jurídica. “Es a partir de ahí donde el Estado entra en conflicto con la empresa que le exige la no retroactividad de la ley y amenaza con demandarlos, por lo que el Gobierno se vería obligado a pagar multas importantes. A raíz de esta situación hay empresarios internacionales que, al ver la oposición de la comunidad, si no han invertido mucho se van”. Sin embargo, cuando se ha invertido mucho y no se puede echar marcha atrás, es cuando comienza la estrategia de amenazas y cooptación a los liderazgos sociales.

En el caso de la fotovoltaica de Namasigüe, los proyectos fueron concesionados por el Estado hondureño a la empresa noruega Scatec Solar que adquirió el proyecto Los Prados con sus 88 hectáreas. La multinacional considera que siempre ha realizado esfuerzos para dialogar y encontrar soluciones constructivas con la comunidad. En este sentido, aseguran que lograron mitigar todos los impactos ambientales producidos impulsando programas de desarrollo comunitario y de reforestación, además de tomar las medidas oportunas para que los arroyos y cursos de agua no se vieran afectados. “No hay manantiales naturales en la propiedad donde están instalados los parques solares, y los cursos de agua estacionales no son una fuente de agua potable para las comunidades vecinas” afirman.

Ratificamos la necesidad de revertir la matriz energética de los biocombustibles fósiles, pero no a costa de las comunidades

Donald Hernández, abogado defensor de derechos humanos del Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (Cehprodech)

Igualmente, la empresa noruega insiste que el proyecto contó con la aprobación inicial de las comunidades y el diálogo con ellas es transparente y continuo: “Disponemos de una casa comunitaria con una política de puertas abiertas, un mecanismo de quejas y hacemos reuniones de consulta con los miembros de la comunidad”. Y en cuanto al resultado de la autoconsulta que mostró una oposición absoluta al proyecto, aseguran que la han registrado pero no fueron informados ni consultados sobre la metodología utilizada en el estudio. “Nuestra propia observación y comprensión actual, es más bien que existe en general un sentimiento positivo y una buena reputación entre la población local y el proyecto en la actualidad”, concluyen fuentes de la empresa vía email. Por su parte, la empresa española Grupo Cobra que participó en la construcción del proyecto no ha querido hacer declaraciones.

En los territorios, sin embargo, se difiere bastante de la visión de la empresa. “Estos proyectos han generado daños al medio ambiente y la biodiversidad de la zona, alterando también la convivencia pacífica en las familias, poniéndolas en contra con los bulos y las mentiras. Los impactos son numerosos y el beneficio ninguno”, matiza Cepeda.

“El agua ya no corre por la quebrada, los riachuelos y los pozos se han ido secando. Ahora se está abasteciendo a las familias de un proyecto de agua potable, pero no es suficiente porque es para dos comunidades. La fotovoltaica ha deforestado, ha acaparado terrenos donde antes iba el ganado, ha reducido zonas de cultivo y por tanto la alimentación se resiente”, dice Pastrana quien, además, destaca el hecho de que les venden la energía eléctrica mucho más cara.

Lo cierto es que desde el golpe de Estado de 2009, en Honduras los proyectos extractivos no han dejado de llegar y se acusa al país centroamericano de ser firmante de tratados internacionales que no cumple y de convertirse en uno de los países más peligrosos para defender el territorio. “Desde 2015 empezamos a tener muertos, mártires por el simple hecho de exigir el derecho de participación. Los gobiernos locales hacen oídos sordos ante los consejos indígenas y campesinos”, recuerda Hernández.

El abogado relaciona los impactos que causan las multinacionales en Honduras, principalmente los proyectos hidroeléctricos, con el desplazamiento y la violencia, la persecución y la criminalización de la protesta y la migración en caravana hacia Estados Unidos. “Pocas personas están entendiendo que la expulsión de la gente de sus territorios se da principalmente por estos temas y no tanto por la inseguridad. Les quitaron su derecho al río y al agua, le están quitando su derecho a la tierra. Y de ahí viene toda esta dinámica de la migración que es global, no solo de Centroamérica”.

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