Las batallas contra el hambre que se libran en los despachos

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La hambruna acecha en lugares como Yemen, Burkina Faso, Sudán del Sur o Nigeria. Pero también se viven situaciones de crisis alimentaria en Honduras Haití o Mozambique. Millones de personas están reduciendo las cantidades que ponen en sus platos o saltándose comidas en todo el mundo como consecuencia de la pandemia y las restricciones para controlarla. Y miles de trabajadores humanitarios de Gobiernos, organizaciones internacionales y ONG se afanan por acudir en su ayuda.

Pero, aunque acostumbran a manifestarse con más crudeza en medio de guerras, crisis o desastres, el hambre y la malnutrición —en todas sus formas, desde el retraso en el crecimiento hasta la obesidad— son problemas estructurales y complejos. Si bien se alivian llevando alimentos o ayuda de emergencia, requieren de otras estrategias de medio y largo plazo para poder resolverse.

Estos esfuerzos no se realizan en primera línea de batalla, sino desde aburridos despachos con el aire acondicionado demasiado fuerte y pasillos ministeriales poco románticos. Pero esta lucha más discreta es esencial para intentar que esas crisis no se repitan una y otra vez.

Ahora mismo estoy destinada en un lugar en muchos aspectos paradisiaco: Fiyi. Una nación insular del Pacífico que es un precioso destino vacacional. Sin embargo, cuatro de cada 100 fiyianos no comen lo suficiente y tres de cada diez –¡tres de cada diez!– adultos son obesos. La diabetes, estrechamente ligada a la obesidad y las dietas “baratas” y poco equilibradas predominan en este país de menos de un millón de habitantes, son la principal causa de que entre dos y tres personas sufran la amputación de una extremidad inferior cada día.

Pero el hambre, la obesidad y la diabetes de los fiyianos no son problemas que se resuelvan con acciones puntuales. Tienen raíces muy profundas que se hunden en su historia, con la dependencia de la importación de alimentos en el último medio siglo; su geografía, con muchos retos para conectar las múltiples islas del país entre sí; y su cultura o su economía, con casi un tercio de la población que vive en la pobreza.

Abordar estos desafíos requiere un conocimiento profundo del contexto y una clara voluntad política y liderazgo de los Gobiernos. Mi trabajo como experta en políticas contra la inseguridad alimentaria y la malnutrición es asesorar al personal gubernamental de Fiyi, Vanuatu y las Islas Salomón y trabajar día a día con estos equipos para tratar de llegar a la raíz de los problemas y proponer medidas realistas que nos acerquen más a cambios duraderos.

Esta lucha más discreta es esencial para intentar que las crisis alimentarias no se repitan una y otra vez

Estas soluciones, que tratan de responder a tantas causas interconectadas no son fáciles ni rápidas: en la malnutrición influyen desde las cosechas hasta las reglas internacionales del comercio, la publicidad, la educación nutricional, la red de transportes, las tradiciones gastronómicas o la pesca ilegal. Así que nuestro trabajo busca sentar unas bases que permitan ir mejorando la situación. Hacemos lobby para que las medidas contra la malnutrición sean efectivas, no sean contraproducentes —por ejemplo, fomentar cultivos baratos y rápido puede aumentar la disponibilidad de comida asequible a corto plazo, pero a largo dejar la tierra inservible—, y sean duraderas.

Porque los representantes políticos, sometidos a los ciclos electorales o a la aprobación de la opinión pública, quieren resultados inmediatos y visibles. Y eso, cuando se trata de problemas estructurales, es prácticamente imposible, así que muchas veces los lleva por el camino fácil… y equivocado. A diferencia de otros lobistas, nuestra agenda es transparente y nuestro principal propósito es que promesas electorales o arrebatos circunstanciales —del estilo de “¡acabaremos con la malnutrición en este país en una legislatura!”— se traduzcan en leyes, programas o estructuras que sobrevivan a quienes las propusieron, obtengan presupuestos y tracen un camino ordenado para quienes vengan después.

En esta otra primera línea, el armamento a utilizar son los datos, la evidencia científica y técnica… y la sensibilidad. Porque, obviamente, queremos ayudar a tomar las mejores decisiones, pero muchas veces los argumentos técnicos no sirven para convencer a la clase política, porque a ellos tampoco les bastan para persuadir a sus votantes. Ahí es donde entran en juego otras habilidades para empujar a los Gobiernos a abordar cuestiones que son incómodas y que preferirían esconder debajo de la alfombra.

En esta otra primera línea, el armamento a utilizar son los datos, la evidencia científica y técnica… y la sensibilidad

Un buen argumento suele ser el económico. Quizá un ministro o ministra no quiera reconocer que en su país hay un problema de obesidad, pero si le haces los cálculos para mostrarle el coste que va a tener para su presupuesto sanitario, puede que cambie de idea. O si le muestras cómo incluir a las mujeres en los planes de apoyo a la agricultura puede disparar su producción agrícola, tal vez acepte que necesita abordar la desigualdad y la discriminación.

Una discriminación que, como mujer, también se sufre en este trabajo. Mantener un diálogo político y convencer a otras personas en culturas donde cuesta que a las mujeres se las respete y se las tome en serio igual que a los hombres no es fácil, especialmente entre el funcionariado de alto nivel del sector rural y agrícola.

En definitiva, este es un frente de batalla basado en la creación de relaciones de confianza, en la tenacidad y la insistencia, en el que los resultados pueden tardar mucho tiempo en llegar y probablemente sean difícilmente vendibles, por poco concretos. Y eso, si no hay un cambio político en el país que obligue a empezar todo el trabajo de nuevo. De hecho, cuando eso ocurre, el mayor éxito es que el Gobierno —o los gobiernos que lo sucedan— reconozca lo logrado, lo asuma como suyo y, animado por el éxito, siga recorriendo ese camino que nos acerque un poco más a un mundo libre de hambre y malnutrición.

Itziar González es oficial de políticas en Fiyi, Vanuatu e Islas Salomón de FIRST, un programa conjunto de la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

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