La clave para acabar con el hambre está en los pequeños agricultores

A diferencia de males como la polio y la peste bubónica, no hemos podido acabar con el hambre. A pesar de la revolución tecnológica de la industria agropecuaria, una de cada diez personas ―más de 800 millones de individuos― tiene hambre, según la Agencia de la ONU para la Alimentación (FAO). En América Latina y el Caribe, casi 48 millones de personas ―más que la población de Argentina― no consumen una cantidad de energía alimentaria suficiente para llevar a cabo una vida activa y saludable.

La pandemia empeora esos números. Necesitamos un cambio de enfoque que incluya los pequeños agricultores.

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Desde las parcelas que producen quinoa en la cuenca del Lago Titicaca hasta los granjeros que venden sus verduras en los mercados locales de Toronto o Tegucigalpa, los pequeños agricultores producen el 30% de la oferta alimenticia mundial y, a menudo, cubren su propio consumo.

Muchos de estos productores son pobres. Sus métodos de producción son precarios. Carecen de seguros y acceso al sistema financiero para protegerse de choques naturales y variaciones en los precios. De hecho, tres cuartas partes de las personas que sufren del hambre son los propios agricultores.

No obstante, incrementar la producción de los pequeños productores y reducir las fluctuaciones inesperadas de su producción con mejor tecnología sin consideraciones ambientales puede causar un deterioro acelerado de la calidad de la tierra, fomentar el uso excesivo del agua y la deforestación, y acelerar el cambio climático. Arriesgamos resolver el hambre en el corto plazo, pero a costa de mayores vulnerabilidades y hambruna a medio plazo.

Arriesgamos resolver el hambre en el corto plazo, pero a costa de mayores vulnerabilidades y hambruna a medio plazo

Debemos diseñar intervenciones que aumenten la producción y rentabilidad de los pequeños productores, protejan el ambiente, reduzcan la pobreza y avancen en la seguridad alimentaria. No es una tarea fácil. El reto es encontrar las intervenciones más eficientes y sostenibles entre las muchas opciones disponibles.

En un artículo que publicamos en Nature, 11 investigadores de diez instituciones estudiamos intervenciones que van desde incentivos económicos, transferencias condicionadas ambientales o medidas regulatorias para determinar las políticas más efectivas que estimulen a los productores a adoptar prácticas agrícolas sostenibles. Utilizamos técnicas de inteligencia artificial novedosas que nos permitieron hacer un barrido de 18.000 artículos y analizar 93 de estos a profundidad.

Encontramos que las intervenciones exitosas tienen tres características.

La primera es que entregan incentivos monetarios que reconocen los costes de preservar el ambiente y otorgan una rentabilidad de corto plazo al productor. Costa Rica provee un ejemplo interesante. Su esquema de Pago por Servicios Ambientales, que inicio en 1997, paga a los propietarios de la tierra que conservan los bosques. El programa se financia con aportaciones voluntarias de compañías privadas costarricenses y de compañías extranjeras que usan las reducciones de gases efecto invernadero para cumplir con sus obligaciones regulatorias, entre otras fuentes. Gracias a este programa, la cobertura boscosa aumentó en el país de 20% en 1980 a 50% en 2013.

Una segunda característica es incorporar las diferencias en las preferencias ambientales de los agricultores y aprovechar así el impulso que le pueden dar a los programas los que tienen fuertes preferencias ambientales. En las comunidades rurales, es usual que los productores sigan el comportamiento de sus vecinos. Un líder con fuerte preferencias ambientales y comprometido con la agricultura sostenible puede convencer a otros propietarios a unirse al programa, pese a no estar inicialmente alineados con sus objetivos.

Una tercera característica resalta la complementariedad de servicios del Estado con asistencia técnica, servicios de extensión y bienes públicos. Y no menos importante, los programas deben incorporar objetivos sociales. No hay que descuidar a los agricultores pequeños a la hora del diseño de políticas, ya que cumplen un papel en la seguridad alimentaria de las comunidades. Los incentivos deben reconocer los costes y sacrificios de corto plazo que deberán hacer en pro de cuidar el medio ambiente, aumentar la productividad y rentabilidad en el largo plazo.

Reducir el hambre y proteger el medioambiente de manera simultánea es una tarea compleja, pero no imposible. Se requieren recursos y muchos. Pero se requiere más la voluntad política y el uso de evidencias para diseñar buenas intervenciones. Si construimos sobre los errores, éxitos y lecciones de las experiencias anteriores, iremos gradualmente alcanzando estos objetivos. La urgencia no da espera.

Ana María Ibáñez es asesora principal de la Vicepresidencia de Sectores del Banco Interamericano de Desarrollo. Valeria Piñeiro es Coordinadora Senior de Investigación, del International Food Policy Research Institute, IFPRI.

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