Una cooperación con gafas verdes

Nota a los lectores: EL PAÍS ofrece en abierto todo el contenido de la sección Planeta Futuro por su aportación informativa diaria y global sobre la Agenda 2030, la erradicación de la pobreza y la desigualdad, y el progreso de los países en desarrollo. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.

Unos meses después de que se aprobara la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo en 1998, el huracán Mitch asoló Centroamérica. Vientos de más de 290 kilómetros por hora e intensas lluvias durante casi dos semanas dejaron un rastro de casi 30.000 personas muertas o desaparecidas. En Nicaragua, además, las precipitaciones causaron el deslave del volcán Casita, una avalancha de lodo y rocas de más de 30 metros de altura que sepultó dos comunidades. Los pobladores aseguraban que, si no se hubieran deforestado las laderas del volcán, el impacto no hubiera sido tan brutal.

Mi organización, Amycos.org, con poco más de tres años de existencia, estaba trabajando en la zona y nos pusimos manos a la obra para reubicar a las personas desplazadas por ambas catástrofes. Compramos tierras cerca de Posoltega y con ayuda de distintas administraciones españolas se levantaron viviendas con huertas para autoabastecimiento. La Comunidad de Betania se fue desarrollando junto al antiguo ferrocarril bananero, en una gran llanura sin árboles. Un territorio que durante la segunda mitad del siglo XX acogió plantaciones de banana y algodón.

Siete años después nos encontramos con pobladores de Betania acampados frente a la Asamblea Nacional en Managua. Muchos de ellos habían trabajado anteriormente para empresas de la agroindustria que habían explotado intensamente las tierras donde se ubicaba la comunidad. Los cultivos habían sido fumigados con el letal pesticida dibromocloropropano, conocido como Nemagón (si era comercializado por la Shell Oil Company) o Fumazone (si lo producía Dow Chemical). Este compuesto químico se siguió utilizando en muchos países latinoamericanos durante la década de los 80, después de haber sido prohibido en Estado Unidos por la Agencia de Protección Ambiental en 1979.

Solamente en Nicaragua las personas muertas por este pesticida superan las 2.000, mientras que las afectadas son más de 17.000. Muchas de ellas sufren deformaciones y tumores en diversas partes del cuerpo. Las tierras quedaron baldías y las aguas subterráneas contaminadas, como pudimos comprobar por el alto número de patologías renales y cancerígenas registradas en la zona.

Para entender lo que ha pasado en la zona a lo largo de los años, recurrimos al geólogo David Harvey cuando explica que el sistema económico imperante “se esfuerza en crear un paisaje social y físico de su propia imagen, requisito para sus propias necesidades en un instante específico del tiempo, solo para solapar, despedazar e inclusive destruir este paisaje en un instante posterior del tiempo”. Esta dinámica deja tras de sí una serie de problemas sociales y ambientales. Es lo que el Papa Francisco denomina “cultura del descarte” o la socióloga Saskia Sassen “tierras muertas”.

En un momento en el que estamos pensando como debiera ser la política de cooperación para el desarrollo que queremos para el siglo XXI tenemos que tener en cuenta aprendizajes como el adquirido a lo largo de los años en esa zona de la costa pacífica nicaragüense. Tenemos que volver a preguntarnos ¿nos dedicamos a solucionar las consecuencias o, por contra, nos enfocamos en erradicar las causas? ¿construimos viviendas para personas desplazadas por catástrofes naturales o promovemos una cultura de uso sostenible de las masas forestales y cuidado de la biodiversidad? ¿facilitamos atención médica a los afectados por el Nemagón o trabajamos para que, por ejemplo, haya una regulación internacional sobre el uso de pesticidas basada en el principio de precaución? En realidad se trata de una falsa dicotomía porque siempre tendremos que responder ante las necesidades derivadas de este mal desarrollo, pero es imperativo y urgente que reforcemos la capacidad para hacer frente a las causas.

Siempre tendremos que responder ante las necesidades derivadas de este mal desarrollo, pero es imperativo y urgente que reforcemos la capacidad para hacer frente a las causas

Tenemos que ser capaces de analizar cada situación llegando a sus causas últimas para denunciarlas y proponer alternativas para que no vuelvan a producirse. Dicho con otras palabras: tenemos que pasar de la evaluación de impacto medioambiental a mirar la realidad con gafas verdes y pensar la cooperación con un enfoque de ecologismo social. Y para darnos una pista sobre que enfocarnos resuenan las palabras de Achim Steiner, administrador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que hace unos días afirmaba que “ningún país del mundo ha logrado un desarrollo humano muy alto sin ejercer una gran presión sobre el planeta”.

El ecologismo social entiende que los problemas ambientales tienen su origen en un modelo de producción y consumo cada vez más globalizado e insostenible, del que se derivan otros problemas sociales, por lo tanto es necesario transformar este modelo para evitar la crisis medioambiental. Sobre cómo dar pasos hacia una cooperación ecologista estuvimos debatiendo varias organizaciones sociales y algunas administraciones públicas. Algunas entidades ya han dado pasos para diseñar planes e integrar estas consideraciones en sus proyectos. De momento son prácticas inconexas, pero que, desde la cooperación internacional, tratan de atajar las causas que generan la emergencia climática, la pérdida de biodiversidad, la deforestación, los desplazamientos por causas medioambientales... Urge apostar por la restauración, regeneración y reconstrucción de los ecosistemas y de nuestra relación con la Tierra. La propia Coordinadora de ONG para el Desarrollo apuesta por una cooperación ecologista que afronte la conexión entre los desafíos ambientales y el bienestar de las personas.

Ningún país del mundo ha logrado un desarrollo humano muy alto sin ejercer una gran presión sobre el planeta”, afirmaba Achim Steiner, administrador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

Para diseñar una cooperación eficaz ante las responsabilidades globales y situarla como una política palanca eficiente en el ámbito de la Agenda 2030, no basta con reformar la Ley de Cooperación y toda la arquitectura institucional de la cooperación española. Hay que dotarla de nuevas perspectivas y ambiciones. Y parece que los responsables políticos también lo entienden, ya que la ministra de Exteriores, Arancha Gonzalez Laya, en su última comparecencia en el Senado apuntaba que, además de pensar en una cooperación feminista y defensora de los derechos humanos, había que diseñar una cooperación para la transición ecológica y la justicia climática global, la conservación y el uso sostenible de los ecosistemas y de la biodiversidad.

Andrés R. Amayuelas es el presidente de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo y secretario de Amycos, una ONG que aboga por la justicia climática y social.

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.