La directora de Europol: “Los territorios ‘offshore’ son un circuito financiero clandestino”

Catherine De Bolle, directora de Europol, advierte de la importancia de las jurisdicciones opacas para el crimen organizado

Catherine De Bolle, directora ejecutiva de Europol desde mayo de 2018, durante un encuentro con los medios de comunicación.
Catherine De Bolle, directora ejecutiva de Europol desde mayo de 2018, durante un encuentro con los medios de comunicación.Anadolu Agency (Anadolu Agency via Getty Images)

A comienzos de octubre, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en colaboración con 600 periodistas de todo el mundo publicó los Papeles de Pandora. La filtración de 11,9 millones de documentos ha puesto al descubierto las estructuras fiscales en jurisdicciones opacas de jefes de Estado, de más de 330 personalidades (entre políticos y altos cargos) y de decenas de criminales en todo el mundo.

Dos meses después de aquellas revelaciones, la agencia europea en materia policial, Europol, publica un detallado análisis de esa información. El informe (titulado Dinero Opaco – las redes internacionales de finanzas ilícitas) concluye que “los Papeles de Pandora confirman lo extendido que está el uso de jurisdicciones y compañías offshore para ocultar grandes cantidades de dinero”. Son estructuras que, asegura, se han vuelto “un componente esencial para complejos esquemas de lavado de dinero”. La filtración, sigue la agencia, “evidencia cómo este tipo de crímenes financieros han plagado la UE y sus miembros durante décadas sin que haya habido grandes progresos para intentar eliminarlos”.

Catherine De Bolle (Aalst, Bélgica, 51 años) es la directora ejecutiva de esta agencia centrada en facilitar la lucha contra organizaciones criminales internacionales. En una entrevista exclusiva para los medios del Consorcio, EL PAÍS en España, centra el foco del problema: los agujeros legales que permiten utilizar sociedades en refugios fiscales no son fáciles de cerrar.

Pregunta. ¿Cómo ha encarado Europol los Papeles de Pandora?

Respuesta. Este tipo de publicaciones son una fuente con la que Europol actualiza y alimenta sus propias bases de datos de inteligencia. No las miramos desde un punto de vista fiscal, sino en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada. Aquí hemos notado que los delincuentes eligen las jurisdicciones offshore porque hay pocas reglas y poca supervisión: se trata de un circuito financiero clandestino, paralelo al normal. También lo hemos notado en operaciones recientes en las que ha participado Europol.

En julio de 2020 se desmanteló la plataforma cifrada EncroChat, en marzo de 2021 se eliminó el servicio de mensajería cifrada Sky ECC y en junio el FBI pudo interceptar 27 millones de mensajes con su plataforma Anom. Ya solo sobre la base de la información de estas tres operaciones vemos que tenemos un problema real en la UE. Por ejemplo, hemos visto grupos criminales que lavan dinero para comprar inmuebles en ciertas ciudades europeas, algo que lleva a entremezclar el mundo de la legalidad (la compraventa de propiedades) con el inframundo criminal (el dinero negro). Y esto debilita a la sociedad, la economía y el Estado de derecho.

P. El nuevo informe de Europol asegura que “la escala y la complejidad de las actividades de lavado de dinero que afectan a la UE se había infravalorado hasta ahora”.

R. Efectivamente, nos preocupa mucho la complejidad de las actividades de lavado de dinero. En dos de cada tres casos, el lavado ocurre de una manera bastante sencilla, con inversiones directas en la economía legal: pensemos en compra de hoteles, restaurantes, inmuebles, oro, arte o bienes de lujo. Pero en el otro tercio de los casos, el lavado de dinero es mucho más complejo. Y ahí es donde vemos que aparecen las jurisdicciones offshore. Las organizaciones criminales contratan a verdaderos expertos en lavado de dinero que les ayudan a cumplir con sus propósitos.

P. En este sentido, los proveedores de servicios offshore —esas empresas que ayudan a crear estructuras opacas— también son figuras clave. ¿No deberían combatirse de manera más firme?

R. Así es. Nosotros no nos centramos en familias ricas o empresas que utilizan complejas estructuras fiscales, sino siempre en las organizaciones criminales. Y vemos que las sociedades offshore les permiten quedarse fuera del radar cuando se busca el dueño real de una empresa. Lo único que tienen que hacer es pagar para que alguien del mundillo les prepare todo el papeleo y ya pueden operar en la economía real.

P. ¿Este sistema de economía offshore seguirá existiendo mientras haya aunque sea un solo país que ofrezca ese secretismo?

R. Los criminales siempre estarán buscando un agujero legal en el sistema. Y es muy difícil cerrar todos esos agujeros en todo el mundo. Pero al menos en Europa tenemos que intentar acabar con los que haya.

P. ¿Qué tendencias ha identificado Europol en el lavado de dinero?

R. Vemos un claro aumento en los casos relacionados con las criptomonedas, algo que creemos que irá a más en el futuro. Y de hecho estamos invirtiendo mucho en generar conocimiento y expertos en ese ámbito. También trabajamos con el sector financiero privado para identificar casos concretos, como, por ejemplo, el uso de monedas virtuales por parte de algunos grupos criminales chinos.

P. Según el informe de Europol, en todo el mundo hay al menos 7,5 billones de euros ocultos en refugios fiscales.

R. Sí, esa es nuestra aproximación. Estimamos además que de esa cantidad, 1,5 billones de euros se corresponden a Europa. Y también sabemos que la evasión fiscal a través de esos métodos alcanzó los 46.000 millones en 2016 solo en nuestro continente.

P. En octubre, el Parlamento Europeo pidió a Europol que intensificara la colaboración con las fuerzas de seguridad de los Estados miembros para luchar contra los crímenes fiscales transfronterizos.

R. Es fundamental que haya un intercambio de información entre las autoridades fiscales y las policías en este tipo de crímenes. Es algo que se debería hacer a través de las unidades de inteligencia financiera de los miembros de la UE. Algunas veces pasa, pero no tanto como nos gustaría.

P.¿Qué ha hecho Europol, en la práctica, como consecuencia de las últimas filtraciones e investigaciones periodísticas sobre el mundo offshore de los últimos años?

R. Cabe recordar que solo intervenimos cuando están involucrados dos Estados miembros o cuando uno pide nuestra ayuda. Después de los Papeles de Pandora [publicados el 3 de octubre] todavía no hemos recibido ninguna petición, pero es normal porque las investigaciones sobre ese tipo de crímenes suelen ser muy complejas y tardan años. Después de la publicación de los Papeles de Panamá, en 2016, cuando el ICIJ hizo pública mucha información, encontramos relaciones con más de 20 Estados miembros y muchos países no europeos con los que Europol colabora.

P. El nuevo informe de Europol hace hincapié en la importancia de recuperar los activos en manos del crimen.

R. Confiscar toneladas de droga y entregar a los criminales a la justicia no es suficiente. Siempre hay que ir a por los activos que tienen: abogamos para que los Estados miembros se esfuercen para bloquear los activos financieros de las redes criminales.

P. Eso suena bien, pero en Europa, según datos oficiales, el 98% de esos activos nunca se recuperan.

R. Aunque ese porcentaje es de 2016 y no tenemos datos más recientes, es cierto que todavía no estamos dando en la diana. Dicho esto, en las últimas tres grandes operaciones sí conseguimos muchísimos embargos de activos reales. Pero entre embargar y confiscar de forma definitiva pasa mucho tiempo, a veces años. Aun así, congelar durante un tiempo esos activos sigue siendo muy importante.

P. Cuando se confiscan los bienes de una organización criminal, ¿se le están quitando opciones de futuro?

R. Exactamente. Todos los países europeos reconocen que ha habido demasiado pocas investigaciones económicas y financieras, razón por la cual Europol creó el año pasado el Centro Europeo de Crimen Financiero y Económico [EFECC, por sus siglas en inglés]. Ahí, entre otras cosas, se intercambian tecnologías y se promueven buenas prácticas, como las de esos países [como Irlanda] donde se pueden confiscar los bienes incluso antes de que haya una condena en firme si la persona juzgada no puede justificar el origen de los fondos. Este tipo de estrategias podrían ser consideradas por el resto de Estados miembros porque, al fin y al cabo, mejoran la confianza de los ciudadanos en la ley y la justicia.

Normas

Más información

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS