“¡Haced algo ya, coño!”

Irene Moreno vive de alquiler en Chamberí, aunque por poco tiempo: un fondo buitre ha comprado su edificio y lo convertirá en un bloque de lujo. Está a pocas paradas de metro del Congreso, donde el martes se decidía sobre la prórroga de los alquileres con la presencia de algunos invitados, entre los que estaba Irene.

Con los votos en contra del PP, Vox y Junts —quienes, proporcionalmente, son los partidos con más diputados multipropietarios—, la propuesta no salió adelante. Entonces Irene explotó y les llamó sinvergüenzas. “¡Haced algo ya, coño! Sois culpables de esta situación”, les gritó. El suyo fue el único discurso impecable de toda la jornada; el resto, artificios para X y TikTok. Como Pablo Bustinduy pintándole la cara a los de Vox por estar votando en contra de ciudadanos españoles y a favor de fondos extranjeros pero olvidándose de que tiene un compañero en el Consejo de Ministros —Óscar Puente- que se colgó como una medalla la inversión de BlackRock en España. O como el diputado de Vox Carlos H. Quero confesando sin rubor que a su hermana la echarán de su piso por no aprobar la prórroga, excusándose en que la propuesta es pan para hoy y hambre para mañana, así que su partido ha escogido ir adelantando el hambre a hoy.

El martes pasado en el Congreso hubo de todo —incluidos buenos diagnósticos y propuestas— salvo una cosa: ni un ápice de crítica a los pequeños propietarios, a quienes la ministra de Vivienda dijo al inicio de la legislatura que iba a proteger porque “dedicaron todo su esfuerzo y su trabajo, todos sus ahorros, a la compra de una segunda vivienda que hoy complementan con sus rentas”. Como si eso ameritara que algunos de ellos hoy contribuyan a la ruina de quienes, a pesar de su esfuerzo y trabajo, no pueden ahorrar ni comprar una primera vivienda. Para quienes compraron un piso por 10 millones de pesetas (60.000 euros) en 1990 y ahora lo alquilan a 1.800 euros mensuales nunca hay una mala palabra. Tampoco para quienes heredaron y decidieron invertirlo en vivienda, sacarse una hipoteca con una letra de 500 euros y cobrarle a sus inquilinos el triple. Ni para aquellos a los que se les murió la abuela y le alquilan una casa de tres habitaciones a tres familias de inmigrantes, a razón de 700 euros la pieza. Porque hay un gran tabú cuando se abordan los precios desorbitados de los alquileres: que muchos pequeños rentistas también forman parte del problema.

A ellos sí que se ha atrevido a apelar un agente social que se está demostrando más valiente que los partidos en cuestiones como inmigración o vivienda: la Iglesia. El año pasado, tanto el presidente de la CEE como el obispo Munilla apelaron a los católicos con propiedades inmobiliarias para que pusieran sus pisos en alquiler sin seguir las leyes del mercado sino la lógica de la comunión de los bienes.

Así lo hizo el dominico Giorgio La Pira, alcalde de Florencia en los años cincuenta, quien mientras construía vivienda pública para hacer frente a la gran emergencia habitacional que tenían muchos florentinos, le pidió a algunos propietarios que alquilasen temporalmente al Ayuntamiento una serie de apartamentos vacíos para estas familias desfavorecidas. Le respondieron que no, así que La Pira procedió a la requisa de esas casas sin gente para llenarlas de gente sin casa. Ojalá la derecha de raíces católicas —si es que existe— y la izquierda de tradición socialdemócrata —si es que queda— tomaran nota de la creatividad, la valentía y el sentido de la justicia de La Pira. Así nadie tendría que vocearles sinvergüenzas.