Carlos Hache, la cara social de Vox que salió del laboratorio de líderes de la ultraderecha francesa

Lleva pendientes en la oreja izquierda, pelo rebelde y barba bohemia. En su discurso del pasado 5 de noviembre, en el barrio de Aluche, al sur de Madrid, habló de “las clases populares” y de “los poderosos”, de “la oligarquía” y de los fondos “buitre”. Se llama Carlos Hernández Quero, Hache para sus correligionarios, tiene 34 años y es la última estrella mediática de un partido donde nadie brilla con luz propia, salvo Santiago Abascal.

Frente a otros portavoces de Vox, que se limitan a memorizar el argumentario que reciben cada mañana sin desviarse un milímetro, resulta espontáneo y creíble cuando muestra empatía con quienes, como él, criado en el distrito madrileño de Tetuán, exhiben orgullo de barrio, nostalgia de una “España feliz” de proletarios convertidos en propietarios que dice haber conocido; aunque el país que describe parezca sacado de la serie Cuéntame de TVE.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se preguntó si Hache se habría equivocado de partido y el diputado de Esquerra Republicana de Catalunya Gabriel Rufián se refirió a él como “un chaval que parece del PSOE”. Algunos lo llaman el podemita de Vox; quizá porque, como Pablo Iglesias y el núcleo fundador de Podemos, procede de la Universidad Complutense de Madrid, donde se doctoró en 2020 con una tesis titulada El desborde de la ciudad liberal: cultura política y conflictos en los suburbios de Madrid (1880-1930). A través de 474 páginas intentó contestar a la pregunta de “por qué la corona metropolitana de Madrid terminó convirtiéndose en el cinturón rojo”. Su objetivo actual es que en el futuro alguien tenga que responder por qué los suburbios de Madrid acabaron convirtiéndose en el cinturón verde, el color de Vox.

Pero Hache no es ningún infiltrado. Al contrario. En 2024, el Instituto Superior de Sociología, Economía y Política (ISSEP), sucursal del centro de formación de la élite ultraconservadora francesa ubicado en Lyon, rodó un spot publicitario en el hemiciclo del Congreso. En el anuncio, el propio diputado animaba “a cualquier joven con vocación” política, que “quiera ir un peldaño más allá”, a apuntarse al programa de Liderazgo y Gobierno del citado instituto, de cuya primera edición él mismo fue alumno. El ISSEP lo presentaba como ejemplo práctico del éxito de un curso que a él le sirvió de trampolín para convertirse en portavoz adjunto del tercer grupo del Parlamento en solo cuatro años.

¿Por qué un doctor en historia (entonces aún no había leído su tesis, pero ya la había terminado) se apunta a unas clases cuyo coste actual asciende a 7.500 euros, pese a carecer de cualquier homologación oficial? El nivel académico de algunos profesores ―como el escritor Kiko Méndez-Monasterio, que no concluyó sus estudios de Derecho― no estaba a la altura del entorno universitario del que procedía, pero Hache no ignoraba dónde se estaba metiendo: al frente del ISSEP está Marion Maréchal-Le Pen, la más joven del clan que ha dominado la extrema derecha del país vecino desde hace medio siglo, eurodiputada y cara visible de la Francia ultracatólica, frente al laicismo de su tía Marine Le Pen, presidenta del Reagrupamiento Nacional.

En 2019, Hache había terminado su contrato como Personal Investigador en Formación (FPU) en el departamento de Historia de la UCM y trabajaba en el archivo municipal de Villalbina (Madrid). Sus perspectivas profesionales, si no se marchaba al extranjero, eran estrechas y en el ISSEP vio la posibilidad de ampliar horizontes. No se equivocó.

Kiko Méndez-Monasterio, a quien Abascal llama su “gurú”, se fijó en él y lo fichó como consultor político y de comunicación. Entre 2021 y 2023, trabajó para Tizona, la empresa privada de Méndez-Monasterio y Gabriel Ariza —hijo de Julio Ariza, el patrón mediático de Vox— y para Disenso, la fundación que preside Abascal. También para ISSEP, donde imparte clase. Son tres patas indistintas de un único conglomerado económico con pasarelas por las que circulan las mismas personas y los fondos públicos que Vox recibe del Estado.

Aunque casi nadie en el partido lo conocía, ya que está fuera del círculo que rodea a Abascal, Vox lo presentó en un puesto de salida ―número dos por Málaga ― en las elecciones de julio de 2023 y se convirtió en diputado, pese a que el partido ultra perdió 19 escaños y muchos veteranos se quedaron fuera. Designado portavoz en la Comisión de Vivienda del Congreso, en febrero de este año entró en el Comité Ejecutivo Nacional de Vox, el máximo órgano decisorio del partido ―entre cuyas competencias está la aprobación de las listas electorales ―, en sustitución de Juan García-Gallardo, exvicepresidente de Castilla y León y una de las más firmes promesas del partido hasta que cayó en desgracia. El pasado día 3, sustituyó como portavoz adjunto del grupo parlamentario al propio Javier Ortega Smith, fundador de Vox y en otro tiempo mano derecha de Abascal, quien no disimuló su disgusto y calificó de “injusta y equivocada” su destitución.

La fulgurante carrera política de Hache le ha pasado factura en términos personales. Cuando se presentó candidato al Congreso, el grupo de investigación del que formaba parte desde sus años de Universidad le pidió la dimisión por considerar incompatible su actividad política con la académica. Él se negó. “Quisieron que me fuera por mi cuenta y no tragué […] Entonces me largaron”, relata con amargura. Otros compañeros que trabajaban para partidos de izquierda no tuvieron el mismo problema, apostilla.

El ahora dirigente de Vox asegura que nunca ocultó su ideología, aunque relativiza la afirmación de que fuera un precoz lector de José Antonio Primo de Rivera. “Por mi formación, he leído a muchos autores”, sostiene. Según su declaración de bienes, posee 5.000 euros en participaciones del bar librería Casamata de Madrid donde, hasta su cierre en junio pasado, se celebraban debates sobre figuras como Fernández de la Mora, Ramiro de Maeztu, José Calvo Sotelo y el propio José Antonio. Uno de sus asiduos era el descubridor de Hache: Kiko Méndez-Monasterio.

El ascenso del joven diputado se ha interpretado como un giro social de Vox, una ruptura con la línea ultraliberal del partido para acercarse a las clases populares; aunque su paraguas protector solo aspire a cubrir a los ciudadanos españoles y deje a la intemperie a los inmigrantes. Ciertamente, hay un cambio de lenguaje. Frente a un Javier Milei que califica la justicia social de “aberrante”; Hache subraya que “el concepto de justicia social nace en la derecha” y se desarrolla con la doctrina de la Iglesia.

Sin embargo, el programa económico y de vivienda de Vox, del que el flamante portavoz adjunto comparte paternidad con el secretario del grupo parlamentario, José María Figaredo, no prevé limitar el número de viviendas que puede poseer un solo propietario, ni gravar las casas vacías, ni topar los alquileres, ni prohibir la venta de los pisos de protección oficial, ni restringir los de uso turístico; sólo propone “regular” estos últimos y “reforzar” la inspección. La única medida dirigida contra “los poderosos”, como él los llama, consiste en “atajar la adquisición masiva de viviendas por capital extranjero estableciendo una fiscalidad diferenciada para compradores no comunitarios”. Se trata de que los fondos buitre paguen más impuestos, pero también los inmigrantes con residencia legal en España, a los que se quiere discriminar respecto a los nativos en el acceso a viviendas sociales. A los irregulares, simplemente, se les prohibirá alquilar un techo o empadronarse.

Aunque Hache ha construido su discurso político sobre la denuncia de la precariedad de su generación, condenada de por vida al coliving ―compartir piso con desconocidos―, sin posibilidad de formar un hogar ni fundar una familia debido a los astronómicos precios de la vivienda, él habla de oídas. Forma parte del privilegiado 31% de españoles que, con 34 años o menos, ya tienen casa en propiedad: un piso en Madrid que compró en 2021 con su novia por más de 300.000 euros.