La UE necesita un plan de ‘redemocratización’ de Hungría

Pase lo que pase el 12 de abril, es evidente que la UE va a salir de las elecciones húngaras sin un plan viable para el futuro del país. Bruselas lleva años con una estrategia que se basa en una única y desesperada apuesta, la de que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, acabe derrotado en unas elecciones. Si Orbán pierde, habrá alivio institucional y la esperanza de que el país se enderece por sí solo. Si no, Europa se enfrenta a la prolongación de un ciclo que tiene ya 15 años de amenazas de condicionalidad y disputas legales que no han conseguido alterar la trayectoria del régimen.

La pasividad de la Unión ha permitido que un Estado miembro haga de conducto de los intereses rusos y estadounidenses desde dentro de las propias instituciones comunitarias. Al tratar a Orbán como un engorro administrativo que hay que gestionar y no como una amenaza existencial a la que hay que hacer frente, los líderes de la UE han dejado margen para que un socio del club se convirtiera en un actor hostil.

Esta subversión interna demuestra que Europa necesita un plan estructurado de redemocratización, centrado específicamente en que los Estados miembros rehúyan las garras autoritarias.

Aunque el caso de Hungría hace que sea urgente buscar una solución, esta no es la primera vez que surge el problema. La historia reciente de Polonia nos advierte sobre lo que ocurre cuando Bruselas confunde el resultado de unas elecciones con un retorno total a la democracia. Cuando el partido nacionalista polaco Ley y Justicia (PiS) perdió el poder en octubre de 2023, la Comisión Europea respondió con euforia institucional. Desbloqueó fondos por valor de miles de millones de euros casi de inmediato, convencida de que el cambio de gobernantes significaba que el sistema se había arreglado.

El cálculo era prematuro. El nuevo Gobierno de Varsovia heredó un Tribunal Constitucional repleto de personas leales a un presidente que, a su vez, vetaba sistemáticamente las leyes, y una estructura institucional diseñada específicamente para sobrevivir a una derrota electoral. Dos años después, la restauración democrática de Polonia sigue siendo parcial y tiene feroces adversarios a todos los niveles. Como Bruselas cantó victoria y dio un paso atrás en cuanto pasaron las elecciones, el nuevo Gobierno ha tenido que luchar prácticamente en solitario contra un Estado cautivo.

Este fallo ha dejado al descubierto una gran laguna en las herramientas democráticas de la UE. El bloque dispone de instrumentos bien desarrollados para prevenir el retroceso democrático, como los procedimientos de infracción y el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, pero no posee un equivalente para apoyar a un Estado miembro que esté intentando revertir ese retroceso. Luchar contra la erosión democrática y reconstruir una democracia no son la misma tarea. Exigen herramientas distintas, plazos distintos y un tipo de compromiso distinto por parte de Bruselas. El principal aspecto del que los dirigentes de la UE se olvidan sistemáticamente es que Orbán no se limitó a ocupar las instituciones húngaras. Las rehízo legalmente para afianzar su autoridad por encima de las elecciones.

Es lo que podríamos llamar “agresividad constitucional”: el uso sistemático de instrumentos formalmente legales para hacer lo más difícil posible cualquier cambio democrático. El sistema electoral de Hungría se ha rediseñado de manera que incluso una mayoría popular sustancial puede no derivar en una mayoría de gobierno. La presidencia tiene la potestad de obstruir y retrasar las leyes y el Tribunal Constitucional está formado por personas leales designadas por el presidente para un mandato de 12 años. Las condiciones que impone la UE sobre el respeto al Estado de derecho sirven para los incumplimientos del Gobierno, pero no para una arquitectura constitucional concebida para sobrevivir a un cambio de dirigentes.

Esto es exactamente lo que se va a encontrar cualquier Gobierno postelectoral en Budapest. Si el principal rival de Orbán, Péter Magyar, y su partido Tisza ganan el 12 de abril, la UE tendrá el impulso de sentirse reivindicada y recuperar una relación normal. Eso sería repetir el error cometido con Varsovia. Magyar heredaría toda la arquitectura manipulada y, además, derrotar a Orbán no sería lo mismo que neutralizarlo. Sin las limitaciones de gobernar y con el respaldo de los recursos rusos y el apoyo político estadounidense, Orbán tendría incentivos más que suficientes para utilizar su Estado profundo de jueces y funcionarios leales en crear obstáculos a los nuevos dirigentes. Sin ayuda externa, el Gobierno de Magyar podría quedar paralizado antes de tener tiempo de demostrar que la gobernanza democrática funciona.

La UE debe reconocer de una vez que el alineamiento de Hungría con Moscú es una amenaza para la seguridad y no una simple diferencia de opiniones sobre el Estado de derecho. Las pruebas de la coordinación directa entre funcionarios húngaros y el Kremlin confirman lo que se sospechaba desde hace tiempo. Hungría ha compartido información confidencial con Rusia y ha proporcionado sistemáticamente cobertura diplomática a Moscú dentro de las instituciones de la UE. De aquí surge una pregunta que ningún líder se ha atrevido aún a formular en público: la de si un Estado miembro que sirve de vector de influencia extranjera hostil puede seguir ejerciendo sin condición alguna todos los derechos de los miembros, incluido el acceso a deliberaciones clasificadas en materia de seguridad.

Un cambio de primer ministro no resolverá automáticamente este problema de seguridad. Sin embargo, un plan de redemocratización sí podría, sin necesidad de modificar el tratado.

Para ello quizá habría que institucionalizar tres aspectos. En primer lugar, la reversibilidad democrática como condición para la adhesión. Un requisito para ser miembro de pleno derecho debe ser la capacidad de cambiar de gobernantes sin que haya bloqueos constitucionales. En segundo lugar, un apoyo estructurado a la reconstrucción. Desbloquear los fondos es necesario, pero insuficiente. Un auténtico plan de redemocratización requeriría la intervención de la UE a propósito de los nombramientos controvertidos y la solidaridad política sostenida frente a la obstrucción institucional. Y, en tercer lugar, los vínculos con potencias extranjeras hostiles deben tratarse como un problema de seguridad con arreglo a las obligaciones de cooperación actuales previstas en los tratados de la UE.

La UE no puede seguir improvisando sobre la marcha. La situación de Polonia —y tal vez la de una Hungría post Orbán— pone de relieve la necesidad de un marco que respalde la reconstrucción democrática después de una toma de poder autoritaria. Hace tiempo que debería existir una estructura que comprometa a las instituciones del bloque a acompañar este proceso con herramientas jurídicas, económicas y políticas, algo que ayudaría a los gobiernos democráticos a eludir las trampas institucionales dejadas por las administraciones salientes.