Pensar en el día después

Al ciudadano de este país al que desde el poder se le reclama permanentemente su atención por motivos de signo e importancia muy diversa (de una guerra global a algún llamativo episodio de acoso, de la inmigración al resultado de unas elecciones autonómicas, del cambio climático a un caso de corrupción del adversario) se le está hurtando, con tanto ruido, la respuesta a la que quizá constituya la madre de todas las preguntas: ¿cuál es el plan? Porque, para empezar, aquellos que, desde hace ya un tiempo, han convertido en el eje de su discurso político alertarnos del peligro del triunfo electoral del PP, tan proclive a pactar con Vox, no parecen preocupados por dejarles en herencia no solo unas herramientas legislativas e institucionales cuestionables, sino también unos precedentes indeseables (como poner en marcha una profunda transformación de la estructura fiscal del Estado con la simple base de un acuerdo de investidura entre dos partidos de ámbito autonómico). Con el agravante de que quienes hubieran promovido semejantes deterioros carecerían de la menor autoridad para criticarlo luego, cuando les tocara ejercer de oposición.

En efecto, puede constituir un severo error político considerar que cualquier iniciativa resulta aceptable si sirve para responder al amenazador populismo autoritario de derechas que parece avecinársenos. Porque el hecho de que algo pueda ser provechoso electoralmente no significa que sea bueno políticamente. Pero es que, además, no cabe descartar la posibilidad de que en algunos momentos hayan sido justo algunas de dichas iniciativas las que han contribuido a potenciar la mencionada amenaza, habida cuenta de que la misma no ha hecho sino aumentar de manera continuada en los últimos tiempos.

Probablemente la clave que explique todos los males posteriores se encuentre en aquel grito fundacional “¡somos más!”, de julio de 2023, en el que se encontraba ya el germen confrontacional que luego no ha hecho más que desarrollarse. Porque ¿cuál era el “nosotros” del “somos”? Digámoslo ya: todos menos el PP (y Vox, claro). No importaba, al parecer, que la suma total que iba a permitir alcanzar el Gobierno central incluyera formaciones ya no solo heterogéneas sino peligrosamente contradictorias con un programa progresista en sentido propio (con la exigencia de privilegios diversos por parte de los independentismos de forma destacada). Tres años después de aquello, debemos de pensar a qué indeseable disyuntiva nos abocaría perseverar en esa misma lógica.

Porque, por un lado, sin demasiado esfuerzo cabe anticipar qué podría implicar lo que algunos consideran el mejor de los escenarios posibles, esto es, el de reeditar un Gobierno como el actual. Resulta evidente, por lo que indican todas las encuestas, que dicho Gobierno precisaría de un número de apoyos parlamentarios políticamente heterogéneos todavía mayor que el actual. Añadamos a esto que, visto lo visto, parece más que probable que tanto los antiguos como los nuevos socios fijaran la premisa de que a lo que prestaban su apoyo era exclusivamente a una investidura del candidato socialista, pero que ello en modo alguno equivalía a un pacto de legislatura. Lo que anunciaría, claro está, un horizonte de permanente inestabilidad que podría dejar en mantillas lo vivido desde las últimas elecciones de 2023.

Por otro lado, para la eventualidad de la derrota, también parece existir un plan. Como se da por descontado que el único Gobierno alternativo posible (PP-Vox) tendría en sus entrañas el germen de la inestabilidad y el conflicto (con Vox intentando desde dentro el sorpasso al PP), los recién descabalgados gobernantes podrían fantasear con que su estancia en la oposición fuera un interregno efímero y pudieran regresar al Ejecutivo en poco tiempo, intensa agitación social mediante (provocada, en especial, por las políticas de sesgo neoliberal en materia de servicios públicos). Pero este otro plan soslaya una reflexión ineludible. Porque un grave peligro sobrevuela la situación actual y es el de que, por no perder el Gobierno bajo ningún concepto, lo que ahora se estén creando sean las condiciones para dejar el espacio de la izquierda arrasado y, en consecuencia, para que esa izquierda, en contra de las previsiones de sus dirigentes actuales, tarde mucho en estar de nuevo en condiciones de recuperar el poder.

Ahora bien, estas consideraciones, siendo rotundas, permanecerían en el plano de lo relativamente genérico si no añadiéramos una inequívoca y concreta especificación que nos ayudara a escapar de la disyuntiva, tan indeseable como paralizante, de tener que escoger entre Vox o una gobernabilidad imposible. Para, efectivamente, cerrarle el paso al fascismo, por decirlo con el lenguaje épico que tanto gusta a algunos, la izquierda debería poner todos los medios a su alcance —abstención incluida, de ser necesaria— para que aquel ni alcanzara el Gobierno central ni pudiera condicionar su gestión. No deja de ser significativo que las elecciones autonómicas en las que el PSOE ha obtenido el mejor resultado hayan sido las de Castilla y León, donde su candidato proponía que gobernase la lista más votada. Su propuesta era del todo coherente: resulta más deseable un Ejecutivo en solitario de la derecha moderada que en colaboración con la extrema derecha.

Obviamente, si nos quedáramos aquí pero, una vez constituido el nuevo Gobierno, persistiéramos en la lógica confrontacional, lo único que estaría garantizado sería una severa inestabilidad de la legislatura, fuera cual fuera el signo del Ejecutivo entrante. Si no queremos terminar haciendo un pan como unas tortas, la propuesta de que gobierne la lista más votada debería ir acompañada de un conjunto de acuerdos mínimo en aquellas cuestiones que, precisamente para salvaguardar la gobernabilidad del país, deberían sustraerse de la confrontación partidaria en la medida en que afectan al interés general en cuanto tal (ejemplo: el futuro de las pensiones) o en que son cuestiones de Estado (como las de política exterior). Incluso cabría ir más allá y señalar que, en algunos de los asuntos básicos relacionados con modificaciones de la arquitectura constitucional pendientes, el acuerdo entre los dos grandes partidos resultaría perfectamente viable. Tal es el caso de las reformas de signo federal que precisa nuestra Carta Magna. Si en algún lugar puede encontrar el PSOE eventuales aliados para emprenderlas es en los sectores más ilustrados del PP, pero no entre los que han sido hasta ahora sus socios (o bien confederalistas o bien, directamente, independentistas). Lo propio le sucede al PP, que no podría encontrar a su derecha con quién emprender las reformas de calado que necesita nuestro país.

Por descontado que quienes desde la izquierda rechazan esta manera de cerrarle el paso a Vox repetirán que con esta derecha no hay nada que hacer, que se ha echado al monte, que no queda en ella rastro de moderación ni altura de miras, etc. Ahora bien, ¿desde cuándo el presumible rechazo de dicha derecha ha sido motivo suficiente para que la izquierda dejara de presentar las propuestas que consideraba necesarias? Idéntica lógica por la que juzgamos razonables afirmaciones como las que se han venido repitiendo en las últimas semanas con ocasión de la guerra de Irán (“no se puede responder a una ilegalidad con otra, ni a la violencia con más violencia”) resulta aplicable para sostener que no se puede responder a la previsible actitud intransigente y cerril del Partido Popular con la misma actitud. Y, por si todo ello fuera poco, no parece que dispongamos de muchas más alternativas. Si de verdad nos creemos que la extrema derecha es la peor de las opciones posibles, claro está.