Legalidad internacional, ‘realpolitik’ y astucia política

Las reacciones a la posición del Gobierno sobre el conflicto de Irán ilustran bien un fenómeno habitual en el debate político: la mezcla de argumentos incompatibles que, lejos de aclarar el problema, lo emborronan. Es lo que ocurre cuando la coherencia conceptual queda subordinada al impulso, casi mecánico, de oponerse al adversario. Uno dice que la intervención militar rompe con las normas del derecho internacional, que es ilegal; otra replica: “Les animo a irse solas y borrachas por Teherán”, o sea, Irán oprime a las mujeres. Ambos tienen razón, pero hablan de cosas distintas. El ataque a Irán no está cubierto por las condiciones que exige la Carta de las Naciones Unidas para el uso de la fuerza sobre un Estado soberano. Punto. Que en ese y en otras muchas decenas de Estados se vulneren los derechos humanos no afecta al núcleo del problema. Ni siquiera es evidente que la intervención humanitaria esté plenamente justificada por la legalidad internacional. Esta solo se admite en situaciones extremas, como el genocidio o los crímenes de lesa humanidad, y aun así seguiría siendo ilegal sin aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Luego están las críticas al Gobierno apoyadas en consideraciones de realpolitik; es decir, las consecuencias que pueda tener para nuestros intereses el enfrentamiento directo con un coloso como los Estados Unidos, que es además aliado. En este caso, evitar la furia de Donald Trump, arriesgarnos a su venganza. Ese cálculo ha condicionado el apoyo a regañadientes de la mayoría de los países del bloque occidental —y del propio secretario general de la OTAN—, que han preferido ponerse de perfil antes que llamar a las cosas por su nombre. En lo que respecta a nuestro país, una decisión de realpolitik hubiera sido autorizar el uso de las bases estadounidenses en nuestro territorio. Pero habría que haber asumido la incongruencia con la declaración anterior. Al final sí hubo una cesión: el envío de una fragata española para la defensa de Chipre, aunque está perfectamente ajustada a nuestras obligaciones como miembros de la OTAN.

Vayamos a una tercera dimensión del problema, la más interesante desde una perspectiva de política nacional: la acusación de que, en el fondo, la sobreactuación de Sánchez obedecería más a consideraciones de política interior que a cuestiones de principio; aprovechar l’occasione maquiaveliana que le ofrece esta situación para perfilarse como la némesis europea de Trump y potenciar su imagen interior liderando lo que es un sentimiento mayoritario en este país. Yo habría convocado al líder de la oposición antes de pronunciarme, habría tratado de coordinarme con otros dirigentes europeos y convocado inmediatamente al Parlamento. Pero para entonces, aun diciendo lo mismo, lo cierto es que se habría perdido el momentum de la oportunidad política. Luego vimos que otros líderes europeos se vieron arrastrados a decir algo parecido, incluso la propia Giorgia Meloni. Y ahora que comenzamos a ver la errática dirección de la guerra y sus estragos, quien lo advirtió primero se lleva las medallas.

Es aún pronto para pronosticar cuál vaya a ser el impacto electoral de todo esto: dependerá mucho de cuáles acaben siendo las consecuencias futuras de este posicionamiento. Lo único cierto es que ha dejado a la oposición fuera de juego. Esta lo habría tenido más fácil si al menos hubiera compartido con el Gobierno la ilegalidad de la guerra, y se hubiera ofrecido a apoyarlo en la defensa de los intereses de España y el refuerzo de la unidad europea. Es lo que tiene la oposición a sangre y fuego: que la obsesión por combatir al adversario acaba ofuscando la inteligencia de saber leer cada contexto político específico.