Juicio a las redes sociales

El pasado miércoles, Mark Zuckerberg, consejero delegado de Meta (la empresa propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp) declaró como testigo frente a un jurado del Tribunal Superior de Justicia del Condado de Los Ángeles (California). Lo que se juzga es si las redes sociales son productos que generan adicción y, en consecuencia, han causado daño a personas y familias. Es un caso diseñado para crear jurisprudencia, explícitamente inspirado en demandas similares contra la industria del tabaco —conocedora de los efectos nocivos de sus productos—, y que, si tiene éxito, puede suponer indemnizaciones milmillonarias y cambios sustantivos en cómo funcionan las redes sociales comerciales. Lo que ocurre estos días en esa sala californiana, por tanto, tiene trascendencia mundial.

La denunciante en este caso, K. G. M. , tiene 20 años y es usuaria de redes desde la infancia. Según relata, ha sufrido depresión, ansiedad y problemas de dismorfia corporal. Para sus abogados, plataformas como Instagram están pensadas para prolongar el tiempo de uso y, de ahí, a la adicción, que lleva al bullying, al acoso sexual y hasta al suicidio. La acusación se centra en el diseño de las aplicaciones, no en el contenido, que en Estados Unidos está fuertemente protegido por la Primera Enmienda y la Ley de Telecomunicaciones.

Ante el jurado, Zuckerberg defendió que su empresa actúa con buena fe y responsabilizó a la demandante de violar los términos de uso de Instagram por abrir una cuenta con nueve años. Desde 2019, la edad mínima se sitúa en 13 años, aunque el 30% de los usuarios en Estados Unidos, alrededor de cuatro millones de menores, tienen entre 10 y 12. “Creo que hay un grupo de personas, potencialmente un número significativo, que mienten sobre su edad para usar nuestros servicios”, reconoció Zuckerberg.

Los balones fuera de Zuckerberg responsabilizando a los menores pueden ser una estratega de defensa efectiva, pero no contribuyen a la confianza en Meta y en sus productos. Recuerdan exactamente a la defensa de la industria del tabaco en su día. Hay que recordar que si un menor miente sobre su edad para comprar alcohol, por ejemplo, el vendedor sigue siendo responsable.

No es la primera vez que las redes sociales se someten al escrutinio judicial, pero sí es la iniciativa mejor organizada y que puede tener efectos más profundos. La documentación que se obtenga, más las declaraciones de los directivos de estas empresas, permitirán conocer cuánto saben realmente las grandes tecnológicas de los efectos nocivos de sus creaciones. No hace falta demostrar que las grandes tecnológicas venden a los ciudadanos (especialmente a los menores) un producto adictivo a sabiendas para tomar la iniciativa de controlarlas más seriamente, pero, desde luego, reforzará las decisiones políticas en esa dirección.