Prohibir productos adictivos a los menores

Los estudios más fiables apuntan a que uno de cada diez adolescentes presenta un uso problemático de redes sociales y uno de cada tres está en riesgo de cruzar esa línea. Como con los adultos, la frontera entre hábito y dependencia se vuelve difusa, y las consecuencias son tangibles: más espacios para el bullying, más presión sobre la autoimagen, alteraciones del sueño, peor rendimiento escolar.

La precepción de que existe un problema generalizado ha hecho saltar el debate al terreno político y las últimas iniciativas se centran en establecer una edad mínima para usar redes sociales. Australia ha optado por un enfoque contundente: obligar a las plataformas a impedir que los menores de 16 abran una cuenta, una medida que ya se ha puesto en marcha. Francia avanza hacia la prohibición por debajo de 15 años. El Reino Unido explora cómo vetar el acceso a contenidos nocivos, mientras otros países, de Irlanda a Noruega, discuten ya en sus parlamentos establecer límites de edad. La alternativa a la prohibición es compleja: la verificación de edad. Mientras Europa aterriza un marco normativo en torno al reglamento de servicios digitales, numerosos países, España entre ellos, intentan desarrollar sistemas para confirmar la edad de los internautas y usuarios, con escaso éxito por ahora.

En España, el movimiento más ambicioso está en la Ley Orgánica de protección de menores en entornos digitales, que pretende elevar a 16 años el umbral de consentimiento para el tratamiento de datos, exigir control parental por defecto en dispositivos con internet y reforzar la verificación de edad en servicios y contenidos especialmente nocivos. Al obligar a los fabricantes y las redes sociales a tomar medidas, se produce un cambio de paradigma: la pelota pasa del tejado de los progenitores al de las compañías. La regulación más real y extendida en España ha sido autonómica, con las restricciones del móvil en centros educativos. El aula no puede ser un experimento permanente de autocontrol adolescente, cuando los dispositivos están diseñados para capturar atención y maximizar interacción, saboteando el aprendizaje, la convivencia y la concentración.

En todo caso, la lección aprendida de estos años es que la infancia no puede seguir siendo el mercado de pruebas de la economía de la atención, acostumbrando a los menores a unos entornos insalubres para su desarrollo. Una investigación de EL PAÍS demostró, por ejemplo, que los controles de OpenAI para proteger la salud mental de los menores que usan ChatGPT no funcionan. El debate ya no apunta al contenido nocivo, sino a las empresas que se lo sirven a los menores en la soledad de su móvil. El responsable de que un menor acceda a productos nocivos, como el alcohol o el tabaco, es el que se los vende. El tiempo de la autorregulación de las grandes tecnológicas ya pasó.