Estados Unidos no tiene rey

Al fin alguien ha parado los pies a Trump. Y ha sido quien podía hacerlo, el Tribunal Supremo, árbitro e intérprete de la Constitución, sus nueve jueces vitalicios, seis conservadores y tres de ellos nombrados por el propio presidente. La sentencia contra los aranceles, mal llamados recíprocos, y hechos públicos en un acto solemne y pomposo anunciado como el Día de la Liberación el 2 de abril de 2025, hiere de muerte una pieza central de la política exterior trumpista, utilizada a discreción como arma de castigo y extorsión por su diplomacia agresiva, en vez de como herramienta contra los desequilibrios en la balanza comercial o las medidas agresivas en el comercio exterior, tal como es su función.

El argumento central para tal desaire hiere la mentalidad autocrática y narcisista del presidente. Trump se ha arrogado unos poderes que no le pertenecen. Ha actuado como un monarca, exactamente lo que querían evitar los padres constitucionales cuando diseñaron un sistema de poderes no tan solo divididos, sino compartidos entre el presidente y las dos Cámaras. Con esta sentencia, el Supremo pone freno a la concentración presidencial de poderes y devuelve al Congreso la competencia sobre la fiscalidad, en la que se incluyen los aranceles. Rehabilita a la vez la división de poderes y reivindica la vitalidad del Estado de derecho, que responde con eficacia ante la apelación a la justicia de las pequeñas empresas importadoras que recurrieron a la arbitraria imposición arancelaria. Nadie está por encima de la ley. Tampoco el presidente. Según ha recordado The Wall Street Journal, periódico propiedad de la familia Murdoch, “los estadounidenses combatieron en la Revolución porque creían que solo sus representantes, no el rey, tenían autoridad para gravar con impuestos a los ciudadanos”.

Trump ha utilizado profusamente los aranceles como arma política en sus relaciones exteriores para someter a quienes no aceptan sus exigencias ajenas al comercio. Las amenazas más recientes se han dirigido a los europeos que se han opuesto a sus pretensiones anexionistas sobre Groenlandia o a quienes no han querido formar parte de su extravagante Junta de Paz, pensada para Gaza pero dirigida a neutralizar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Aranceles en mano, ha intentado que la India deje de comprar petróleo ruso o que Lula perdone a Bolsonaro. También los ha blandido con la vanidosa pretensión de aparecer como un presidente pacificador, cuando países como Tailandia y Camboya o India y Pakistán se han sentado a negociar treguas y acuerdos de paz. Y, sobre todo, los ha utilizado coercitivamente en las grandes negociaciones comerciales con China y la Unión Europea, apelando a un desequilibrio de la balanza comercial que considera una “emergencia nacional”. Siendo una de las claves de la política arancelaria derribada por el Supremo, nada sería más natural que fueran revisados y no de momento ratificados los acuerdos asimétricos cerrados bajo tales amenazas, como es el caso del que firmó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en julio pasado.

La furiosa reacción de Trump ante la decisión del Supremo da una idea del tamaño de la ofensa para alguien tan aterrorizado por ser identificado con el estereotipo del perdedor. Muchos presidentes han criticado sentencias, pero nadie hasta ahora había dedicado una entera conferencia de prensa a descalificar la labor de la justicia, ni mucho menos a insultar a los magistrados. Trump ha calificado la sentencia de terrible, defectuosa, ridícula y escrita por personas sin inteligencia, unas presunciones directamente dirigidas a John Roberts, el presidente del Tribunal y redactor del dictamen mayoritario. Y ha tildado a los seis jueces de desgracia para la nación, tontos, perros falderos, republicanos solo en el nombre, serviles ante los extranjeros, antipatrióticos y desleales a la Constitución. Sus mayores y más directos improperios fueron para Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, los dos jueces conservadores que él mismo nombró, pero que han votado en contra de sus “preciosos aranceles”. Ha osado llamarles “una vergüenza para sus familias”, en una capciosa invitación al acoso por parte de su entorno social.

El mismo tribunal que protegió a Trump desde su primer período presidencial le ha propinado ahora el revés probablemente más serio de su mandato. Hasta ahora, los seis jueces conservadores formaban una mayoría deferente, que le permitió eludir la acción de la justicia por casi un centenar de cargos penales después del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Con una hábil utilización de los aplazamientos, culminada con la ominosa sentencia que declara su inmunidad retroactiva, sus abogados consiguieron que llegara de nuevo a la presidencia con una única sentencia condenatoria pero sin consecuencias penales. Esta sentencia, en cambio, es una inflexión esperanzadora en la marcha aparentemente ineluctable hacia la autocracia. Al menos, conforta la confianza que todavía despierta la democracia estadounidense en sus horas más bajas.

Para leer más:

Adam Liptak. ‘The Supreme Court’s Declaration of Independence’ (‘The New York Times’, 20 de febrero).

Adam Feldman. ‘A breakdown of the court’s tariff decision’ (‘Scotusblog’, 20 de febrero).

Michael Froman. ‘After the Supreme Court Ruling, What Is Next for Trump’s Tariffs?’ (Council on Foreign Relations, 20 de febrero).