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Editorial

Prueba de fuego para Buckingham

La monarquía británica tiene que exigir para el expríncipe Andrés la misma justicia que para cualquier otro ciudadano

Andrés de Inglaterra con Virginia Giuffre y Ghislaine Maxwell. US Dept of Justice/ Alamy Stock Photo

A pesar de todos los escándalos que a lo largo de las décadas han sacudido a la familia real británica, no es exagerado afirmar que el arresto policial del hermano de Carlos III, Andrés Mountbatten-Windsor, supone un parteaguas trascendental para la monarquía de los Windsor. El expríncipe y exduque de York, despojado de sus títulos el pasado mes de octubre, fue detenido a primera hora de la mañana en su propia residencia, en el día en que cumplía 66 años, y trasladado a dependencias de comisaría para ser interrogado como un presunto delincuente. No ocurría algo así con un miembro de la familia real británica desde hace 350 años.

La turbia y supuestamente delictiva relación de Andrés con el pederasta estadounidense Jeffrey Epstein, documentada ampliamente en la investigación judicial sobre el financiero, ha llevado al límite el nivel de tolerancia de la sociedad del Reino Unido con la corona. La policía investiga un presunto delito de “conducta inapropiada en el desempeño de un cargo público” por parte del hermano del rey. Entre los millones de documentos del financiero que publicó el Departamento de Justicia de Estados Unidos había correos entre los dos hombres en los que Andrés informaba presuntamente a su amigo de información económica confidencial del Gobierno británico, obtenida a partir de su puesto de Enviado Especial para el Comercio Exterior.

Es una acusación muy grave, pero probablemente la menos importante para una opinión pública asqueada con todas las informaciones que ha conocido respecto al hijo favorito de Isabel II, que no han hecho sino confirmar la imagen ya consolidada entre los ciudadanos de un hombre privilegiado, soberbio y ajeno a la realidad.

Los archivos de Epstein confirman que Andrés participó directamente en el tráfico sexual y en el abuso de mujeres, muchas de ellas menores, organizado por Epstein. “Lolita exprés”, se bautizó en la sórdida jerga de este escándalo al continuo traslado de esas mujeres en aviones privados, en muchos casos con el Reino Unido como destino final. Nuevos documentos vinculan al menos uno de esos vuelos con el expríncipe. Otra mujer ha señalado a Andrés como su presunto agresor. Se suma así a Virginia Giuffre, víctima de Epstein que se suicidó en abril del año pasado después de cerrar un multimillonario acuerdo extrajudicial con el entonces príncipe, al que acusó de haber abusado sexualmente de ella en al menos tres ocasiones.

El rey Carlos III heredó este problema de su madre, Isabel II, cuya predilección por Andrés la llevó a proteger a su hijo en demasiadas ocasiones y descuidar así su deber como monarca. El nuevo rey ensayó castigos de aparente dureza, como retirar a su hermano todos sus títulos, alejarle de las tareas de representación pública de la familia real o echarle de la mansión que disfrutaba desde hace más de dos décadas en el complejo de Windsor.

Todos esos gestos han resultado insuficientes. Una nueva generación de británicos reclama que la realeza haga frente a la justicia como lo hace el resto de ciudadanos. El heredero de la corona, el príncipe Guillermo, ha entendido mucho más incluso que su padre que este era un momento definitorio para la monarquía, y ha exigido una respuesta dura a las presuntas fechorías de su tío Andrés. El comunicado del Rey, en el que toma clara distancia de su hermano, pide que la ley siga su curso y ofrece a la policía todo su apoyo y colaboración indica que el palacio de Buckingham ha entendido que se enfrenta a una prueba crucial en la que debe demostrar su utilidad y adaptación al siglo XXI.

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