Desalojo e irresponsabilidad

El desalojo del antiguo instituto B9 de Badalona en el que malvivían cerca de 400 inmigrantes desde 2023 ha vuelto a poner sobre la mesa la extrema vulnerabilidad en la que se encuentran miles de personas sin vivienda en España. La expulsión se hizo a petición del Ayuntamiento de Badalona, en manos de Xavier García Albiol (PP), que desde el primer momento ha alardeado no solo de querer echar a las personas que vivían de forma tan precaria en su municipio sino también de no ofrecerles ninguna alternativa habitacional. El que fuera el mayor asentamiento de inmigrantes de Cataluña y uno de los mayores de España albergaba todo tipo de realidades sociales: desde personas sin papeles hasta trabajadores perfectamente regularizados que ni con un trabajo pueden permitirse pagar una vivienda digna. Pese a esta disparidad de situaciones, el Ayuntamiento badalonés siempre ha tratado esta situación como un simple problema de orden público sin atender al hecho que la inmensa mayoría de quienes habitaban en el antiguo instituto no son delincuentes.

Solo 166 de las más de 400 personas que llegaron a vivir allí tenían un seguimiento por parte de los servicios sociales municipales. La jueza avaló la entrada del consistorio en el recinto, pero exigió que se activara “el protocolo de asistencia para personas sin techo”, aunque sin especificar medidas concretas, al contrario de lo que sí había solicitado la Fiscalía. El despliegue de los servicios sociales ha sido, en la práctica, mínimo. La realidad es que ninguna administración ha arrimado el hombro para atender la emergencia social que suponía el asentamiento. Pero dentro de la cadena de responsabilidades destaca sobremanera no solo la inacción del Ayuntamiento de Badalona —primer responsable de la atención a los vecinos—, sino la gesticulación del alcalde. Albiol, que ha erigido su carrera política con discursos de mano dura contra la inmigración, que ha presumido de no ofrecer ninguna solución a quienes se han quedado sin lo que llamaban casa en vísperas del más crudo invierno. Por si fuera poco, se ha jactado de no gastar “ni un euro” en ayudar a los desalojados.

Albiol ha querido exprimir políticamente y en beneficio propio el creciente clima social que criminaliza a pobres e inmigrantes y que deshumaniza a quienes viven en los márgenes del sistema aprovechando que no tienen derecho a voto. Lo ha hecho, además, siguiendo un modus operandi que va camino de convertirse en un preocupante patrón cada vez que su partido afronta una crisis de gestión: sacudirse las responsabilidades y culpar de todo a las otras administraciones por más que el reparto de competencias esté perfectamente establecido. Para más inri, al señalar directamente al presidente del Gobierno —“que Pedro Sánchez les busque vivienda”, llegó a decir— banaliza su propia actuación y le añade un desprecio hacia sus conciudadanos impropio de su cargo.

La acogida de inmigrantes, la búsqueda de soluciones sobre el drama de la vivienda y la integración social de personas que no tienen nada no puede recaer solamente sobre los Ayuntamientos. Pero ninguna administración, y mucho menos la local —que es la más cercana a los ciudadanos—, puede hacer alarde de tan irresponsable discurso, que solo consigue criminalizar a personas sin atacar la raíz del problema. De un alcalde se espera el cumplimiento estricto de la ley y de las resoluciones judiciales por entero, no parcialmente. También, responsabilidad y proporcionalidad. Y, por supuesto, que contribuya a buscar soluciones en lugar de limitarse a cambiar los problemas de sitio.