La vivienda, problema europeo

Bruselas parece empezar a tomarse en serio la crisis estructural de la vivienda que afecta a toda la Unión y ha lanzado este martes su primer plan comunitario de vivienda asequible, una estrategia para impulsar la oferta habitacional, estimular la inversión, reducir la burocracia y abordar el problema de los alquileres turísticos. Aunque la Comisión carece de competencias reales en política de vivienda, que son responsabilidad de cada país o incluso de sus regiones y ciudades, como en España, se trata de una hoja de ruta a nivel comunitario para hacer frente a una de las necesidades más apremiantes de los ciudadanos europeos, que a menudo tienen la percepción de las instituciones de Bruselas como una burocracia lejana que no se ocupa de sus problemas. Al fijarse en la vivienda, la UE está señalando por fin el principal factor de angustia económica de las familias en toda Europa.

Los datos son demoledores. En la última década, los precios de la vivienda han aumentado alrededor de un 60% de media en la UE, muy por encima de lo que han crecido los ingresos, con consecuencias directas para la cohesión social, la movilidad laboral y la competitividad, entre otros. En España, el encarecimiento ha sido mayor, un 72% según datos publicados en octubre por el Consejo Europeo, frente al 26% de media en Francia, el 13,3% en Italia o el 51,3% en Alemania. Una realidad que provoca que uno de cada diez europeos no pueda pagar el alquiler o la hipoteca a tiempo debido a la escasez de oferta, los altos tipos de interés y los costes energéticos. En las grandes ciudades esta situación se agrava aún más. En Barcelona y Madrid se destina de media al pago de la vivienda el 74% del salario medio, una cifra solo por detrás de Lisboa y por encima de Milán, Roma o Dublín. Los informes avanzan que para 2050 el 83% de la población europea vivirá en las grandes ciudades, por lo que cualquier solución es bienvenida y urgente.

La Comisión calcula que Europa necesitará añadir a las 1,6 millones viviendas que ahora se construyen anualmente otras 650.000 más para hacer frente a la crisis habitacional. Solo en nuestro país, el Banco de España cifra el déficit de vivienda en 700.000 unidades para hacer frente a la demanda actual. Bruselas busca movilizar inversiones por 150.000 millones al año para hacer frente a la escasez de vivienda. La cifra puede parecer abultada, pero está muy lejos de la demanda formulada por un grupo de alcaldes de las principales ciudades europeas que denunciaba recientemente una brecha de inversión de 300.000 millones. La Comisión promete asimismo revisar las normas comunitarias sobre ayudas estatales, al estilo de la estrategia seguida en materia de defensa, para apoyar las viviendas sociales y a precios asequibles.

Bruselas sí es explícita al identificar a las plataformas de alquiler a corto plazo, como Airbnb o Expedia, como una de las principales causas de la falta de pisos asequibles para los residentes locales, especialmente en el centro de las grandes ciudades. Sin embargo, hasta bien entrado 2026 no presentará una iniciativa dirigida a dotar de un marco jurídico a las ciudades para frenar la especulación.

Europa debe y puede hacer más por atajar un problema que afecta seriamente a la vida de sus ciudadanos y con consecuencias directas para la propia estabilidad de su modelo democrático y social. La vivienda debe ser considerada como una infraestructura crítica para construir una sociedad más justa, más funcional y más competitiva. El plan presentado esta semana es un paso, que debe ir seguido de otros muchos y debe adoptarse con la máxima celeridad.