Las dos caras de la economía

El Fondo Monetario Internacional (FMI), que acaba de actualizar sus previsiones de crecimiento global, sitúa a España como la gran economía avanzada que más crece. Y lo hace por segundo año consecutivo. El organismo calcula que la economía española crecerá este año un 2,9%, cuatro décimas más de lo que había previsto en julio y abril y más incluso de lo que calcula el Gobierno, que espera un aumento del 2,7% para este 2025. El FMI sigue así la estela del Banco Central Europeo y de las principales agencias de calificación: España es la sorpresa positiva en un escenario global marcado por una incertidumbre. Es más, el BCE recuerda que si la zona euro ha sido capaz de capear el temporal en el actual entorno ha sido en buena medida gracias al “excepcional desempeño” de la economía española.

Los datos son irrefutables en crecimiento, pero también en creación de empleo. España sigue creando empleo a buen ritmo, con más de 500.000 ocupados adicionales en el último año, se sitúa en récords históricos de afiliación —con 21,6 millones— tiene una tasa de paro cercana del 10,3%, la más baja desde la crisis de 2008. Esto sugiere una expansión sólida que está absorbiendo bien el aumento de la inmigración —lo que además explica los buenos datos de consumo— y que se apoya en el empuje del turismo y de la inversión pública vinculada a los fondos europeos.

Sin embargo, el sentimiento del español de a pie cuando le preguntan por su situación económica roza el pesimismo, como refleja la reciente encuesta Termómetro 5D elaborada por 40dB. El encarecimiento de la cesta de la compra, los salarios —en el mejor de los casos, estancados— y, por encima de todo, el coste de la vivienda explican el desaliento ciudadano. También aquí las cifras son incontestables: el pago del alquiler o de la hipoteca deja a muchas familias sin apenas dinero el segundo día de cada mes. En seis comunidades autónomas, los trabajadores necesitan más de una vida laboral para comprar una vivienda si se cumple el criterio recomendado por los expertos de no destinar a este capítulo más del 30% de sus ingresos.

Tal sobreesfuerzo financiero se traslada de inmediato a la calidad de vida. Los datos de pobreza que publica la fundación Foessa revelan que un 26% de los españoles vive bajo el umbral de la pobreza y un 8% lo hace en condiciones de pobreza severa. Los jóvenes y las mujeres con hijos son los mayores damnificados por esta situación. El contraste entre los buenos resultados del PIB y del empleo y el deterioro de la percepción social revela una fractura que exige la atención de todas las fuerzas políticas. La fortaleza económica existe, pero no logra calar en la vida diaria de una mayoría que siente que no mejora su situación, ni la de su entorno laboral o familiar. El escudo social diseñado del Gobierno ha contribuido a que la precariedad no escale, como sucedió tras la crisis financiera, pero está lejos de reducirla. Es a esa realidad a la que deben prestar atención todas las instituciones, independientemente de su color ideológico. La responsabilidad en la búsqueda de soluciones para problemas acuciantes como el de la vivienda se reparte entre el Gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Anteponer los cálculos partidistas a la urgencia social solo contribuirá a la desafección de los ciudadanos, a los que ayuda pero no consuela que el PIB vuelva a crecer este año.