Ayuso castiga a la Complutense

La Universidad Complutense, el mayor campus presencial de España —con casi 61.000 estudiantes el curso pasado—, atraviesa la peor situación económica del ya de por sí grave estado de las seis universidades públicas de Madrid. Desde la recesión de 2008, todas ellas viven inmersas en una crisis debida a la infrafinanciación que, en el caso de la Complutense, se ha traducido en un recorte del 35% en los presupuestos de los decanatos, la falta de recursos para prácticas, los problemas para contratar docentes o la imposibilidad de mantener las instalaciones. El deterioro ha llegado a tal punto que no podrá abonar las nóminas de finales de año de los 11.400 miembros de su plantilla ni pagar a sus proveedores si no logra ya el crédito que lleva varios meses negociando con el Gobierno regional. La Comunidad de Madrid anunció el miércoles que el préstamo (34,5 millones y del que se desconocen por ahora datos clave, como el interés o el plazo de devolución) se concederá esta semana.

Hace casi 11 meses, en una actuación unitaria del todo inédita, los consejos de gobierno de los seis campus públicos madrileños suscribieron una dura carta abierta a la presidenta Isabel Díaz Ayuso en la que advertían de una situación crítica que podía volverse catastrófica. Su presión, junto a la de profesores, alumnos y trabajadores, logró que Ayuso subiese el presupuesto para este ejercicio en 47,3 millones. Los rectores reclamaban 200. Los parches no sirven ante un problema estructural que debe abordarse con un nuevo modelo de financiación que cubra las necesidades de los campus. Ayuso anunció en julio un refuerzo “significativo” de la inversión a seis años. Las condiciones que se exijan ahora a la Complutense y, sobre todo, la ley de educación superior que prepara su Ejecutivo medirán la solidez de ese compromiso.

Una gestión saneada es necesaria en cualquier institución que administre fondos surgidos del dinero de los ciudadanos, sea una Universidad o un Gobierno autónomo. Pero cuando el Ejecutivo madrileño ve necesario que la Complutense “haga su parte” equilibrando sus cuentas, debería tener presente que la actual penuria de los campus públicos es hija, sobre todo, de la asfixia a la que ese Ejecutivo lleva años sometiéndolos por discrepancias ideológicas. Entre 2007 y 2024 las transferencias corrientes de la Comunidad a la Complutense —con las que se pagan las nóminas o los suministros (el grueso de las necesidades financieras de una institución dedicada a la enseñanza superior)— crecieron un 4,7% mientras los gastos de personal subían un 21,2% y la inflación, un 44%. Madrid es la autonomía con mayor renta per cápita de España, pero la que menos invierte por alumno universitario.

La universidad pública no es un gasto sino la inversión más rentable, recordaba a comienzos de mes en la apertura oficial del curso el rector de la Complutense, Joaquín Goyache. Si Madrid quiere fortalecer su Estado del bienestar y luchar contra la desigualdad social, una de las mejores fórmulas es garantizar la estabilidad y la suficiencia financiera de sus campus públicos.