No os puedo juzgar

Lo siento, pero soy incapaz de juzgar a las administraciones por la gestión de los incendios. De momento. Sí, hay hechos que huelen mal, como la falta de inversión pública en prevención, denunciada por todos, de la Comisión Europea a las ONG. Y hay palabras que apestan, del “está calentita la cosa” de Óscar Puente al ”hooligan a favor del PSOE” de Miguel Tellado a la directora de Protección Civil.

Pero no tengo cualificación técnica —tampoco sus señorías del Senado, donde comparecieron los ministros la semana pasada— para saber dónde tenía que estar un helicóptero, o una unidad militar, durante los necesariamente confusos momentos en los que arden de forma simultánea fuegos heterogéneos y mutantes en una orografía compleja y amplia. El veredicto sobre si los recursos fueron utilizados correctamente solo puede salir de una evaluación rigurosa hecha por expertos a partir de un material que no pueden ser declaraciones de los políticos, vídeos de una hora con los tuits del ministerio (como el que se pasó en el Senado) o datos aislados.

Algunos eventos llaman la atención: retenes de bomberos parados o una cocina móvil para 200 personas que solo atendió a 20 —y dos turistas—. Pero no sé si en una situación de emergencias, con necesidades cambiantes, es más ineficiente que un retén esté unas horas en una gasolinera a kilómetros de un incendio o a 400 en un cuartel de Albacete. O que una cocina sirva la cena a 22 almas en una aldea remota y no a las que sea en su lugar habitual. Determinar si se han usado bien los recursos públicos requiere siempre un punto de comparación: su utilización real versus la alternativa más probable. Es lo que hacen los expertos en evaluación de políticas. No los senadores. Ni los periodistas.

Tampoco sé si las peticiones de las comunidades al Estado —hechas al unísono la noche del 15 de agosto, sospechosamente justo después de la visita de Feijóo a esas autonomías— fueron demasiado “abstractas” e “increíbles”. Ni si el momento idóneo para solicitar la intervención de la UME era el día 15 a las 12.00 o el día 12 a las 15.00. Ni si el Gobierno debería haber declarado una emergencia nacional. Pero es que dudo que los políticos lo sepan. Eso solo lo pueden saber los técnicos con experiencia ¿Por qué no darles pues a comisiones profesionales el poder para tomar esas decisiones? ¿Por qué es necesaria una carta, con membrete oficial, del presidente autonómico al ministro del Interior para pedir tantos soldados o helicópteros? No os puedo juzgar, pero os invito a reflexionar.