Protección civil da por acabada la crisis por los incendios: “Este trágico episodio de la historia de España ha finalizado”

Agosto termina y con él la lucha contra una de las peores oleadas de incendios que ha asolado España. Los devastadores fuegos, que han afectado principalmente a las comunidades de Galicia, Castilla y León y Extremadura, han quedado este domingo bajo control después de calcinar unas 300.000 hectáreas —el servicio europeo Copernicus las eleva a 400.000— en todo el país durante unas jornadas agónicas, provocando el desalojo de 40.000 personas y pérdidas millonarias en el sector primario. También decenas de viviendas arrasadas, así como un duro golpe al turismo rural. Un drama que se ha producido además en medio de un choque frontal entre Gobierno central y PP —al frente los Ejecutivos autonómicos, responsables del mando de la emergencia—, por la responsabilidad en la gestión de los medios.

“Este trágico episodio de la historia de nuestro país de grandes incendios forestales simultáneos en 20 días en una parte importantísima de nuestro país ha finalizado”, aseguró a primera hora de este domingo la directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, tras la reunión de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias (CEDOD). En una comparecencia en la que hizo balance de la crisis, Barcones insufló un respiro a quienes se han enfrentado a la tragedia. De los 93 fuegos originados, solo quedan activos ya tres con nivel dos.

Ya con la situación estabilizada, y aunque por el momento son solo estimaciones, los datos preliminares apuntan a que, con unas 300.000 hectáreas quemadas, este 2025 superará en cuanto a superficie dañada la de 2022. Ese había sido hasta hoy el peor año de fuegos desde mediados de los años 90 del siglo pasado. La directora de Protección Civil informó asimismo de que han sido cuatro las personas fallecidas debido a los incendios —un bombero, dos voluntarios y un trabajador de una hípica— y 48, las heridas.

“El número máximo de incendios en situación operativa dos fue el día 16 de agosto, con 23 incendios simultáneos: 12 en Castilla y León, cinco en Galicia, tres en Extremadura, dos en Asturias y uno en Cantabria”, precisó Barcones. En cuanto al número de grandes incendios forestales —aquellos que sobrepasan las 500 hectáreas— el cómputo completo ha sido de 39. En lo referido al despliegue de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional, han actuado 5.500 efectivos.

El máximo de intervenciones simultáneas se produjo el 16 de agosto, con 13 operaciones abiertas en las comunidades autónomas de Castilla y León, Extremadura, Galicia y en el Principado de Asturias. Por duración de incendios, Lleres, en León, 21 días; Barniedo, en León, 13 días; Oimbre, en Ourense, 12 días; Larouco, en Ourense, 11 días, y en Jarilla, 10 días. Mientras que el Centro Nacional de Alertas y Emergencias ha recibido, entre el 1 y el 30 de agosto, “más de 500 llamadas externas y ha gestionado más de 1.000 llamadas”. Finalmente, el número total de detenidos y de investigados es de 57 personas detenidas y 142 investigadas.

“Ninguno de los que trabajamos en Protección Civil podemos bajar la guardia, y por eso seguimos en esta fase de alerta y seguimiento permanente, con todos los medios del Estado a disposición del territorio”, reiteró la directora general del organismo, insistiendo en el apoyo del Gobierno Central a todas las comunidades autónomas, en palabras de Barcones. Y después de días en los que Ejecutivos autonómicos cargasen contra La Moncloa asegurando que se estaba negando o demorando la cesión de los medios. La responsable de Protección Civil ha sido a su vez diana de duras críticas por parte del PP, que la han acusado de trabajar al servicio del PSOE. “Todos los medios del Estado han estado, están y estarán a disposición ante cualquier incidencia o cualquier fenómeno meteorológico adverso que pueda ser requerido”.

En verano extremo de incendios ha desencadenado también un fuerte enfrentamiento político entre las administraciones autonómica y central. Y entre los dos principales partidos, PSOE y PP. Al inicio de la crisis, unos tuits del ministro Óscar Puente censurando mediante bromas socarronas la ausencia del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, provocaron la reacción feroz del PP, que exigió su dimisión. En paralelo, los Gobiernos autonómicos de los populares María Guardiola, en Extremadura; Alfonso Rueda, en Galicia, y el Mañueco arreciaban su afrentan con La Moncloa por lo que consideraban un envío insuficiente de medios. Eso sí, siempre mantuvieron la situación de emergencia 2, dejando el mando bajo competencia autonómica.

Más tarde, el choque fue en aumento cuando el 15 de agosto el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acudió a Castilla y León a visitar una de las zonas afectadas. Allí reclamó públicamente una movilización inédita de medios militares que iba mucho más allá de la Unidad Militar de Emergencia (UME) ya desplegada. A las pocas horas, las comunidades más afectadas, Galicia y Castilla y León y en menor medida Extremadura, pasaron de asegurar que disponían de los medios necesarios para enfrentarse a la crisis a solicitar al Gobierno por escrito, entre las 13.42 y las 23.32 horas de aquel día, más efectivos y maquinaria del Ejército, a veces de un modo muy genérico. Las peticiones de los ejecutivos del PP doblaban incluso a todo el despliegue que tenía disponible Bruselas para todos los países de la UE.

Días después, el cruce de acusaciones explotó cuando el vicesecretario del PP Elías Bendodo tachó de “pirómana” a la directora de Protección Civil. Mientras, los efectivos de Castilla y León y de Galicia acusaban “descoordinación” en la estrategia de los trabajos de extinción y deficiencias en la prevención. Por su parte, el presidente Sánchez respondió a las acusaciones de falta de ayuda por parte de las comunidades, proponiendo un pacto de Estado sobre el cambio climático, cuyos mimbres serán desgranados este lunes en el acto del inicio del curso político del PSOE. En el pistoletazo de salida de los populares, este domingo en Pontevedra, Feijóo ya adelantó que rechaza cualquier entendimiento. Respecto al resto de formaciones políticas, las intervenciones tanto en el Senado como en la reunión de la Diputación Permanente de la semana pasada apuntan a que se mostrarán con la mano tendida. Aunque el camino de las negociaciones que arranca ahora en septiembre no será fácil para los socialistas, habida cuenta de los intereses cruzados de los partidos.

Mientras continúa la liza política, en las zonas calcinadas, los afectados pueden empezar ya a tramitar las ayudas económicas autonómicas. El Gobierno aprobó además en el Consejo de Ministros el martes pasado la declaración de zonas afectadas por una emergencia. Y anunció que trabaja en un futuro real decreto, al que no pone fecha, pero que debería estar listo en los próximos meses, para subir las ayudas económicas para los damnificados de desastres naturales y otras emergencias. Sobre la tierra quemada, los damnificados piden nuevos planes de prevención y a los grandes partidos aparcar sus diferencias.