Una imagen que vale mil engaños

La imagen de la toma de posesión de Donald Trump en el interior del Capitolio en la gélida mañana del pasado 20 de enero fue, cuanto menos, un tanto inquietante. Se veía a la familia del presidente, encabezada por su esposa Melania con el sombrero oscuro que apenas dejaba entrever sus gestos; su vicepresidente, J.D. Vance; y detrás, una cohorte de partidarios compuesta, entre otros, de varios hombres clave en el mundo de la digitalización y la información: el fundador de Amazon, Jeff Bezos; el de Meta, Mark Zuckerberg; el CEO de Apple, Tim Cook; el de TikTok, Shou Chew; el de Google, Sundar Pichai; y, por supuesto, Elon Musk, propietario de la red X.

Todos ellos gozaron de ubicaciones privilegiadas, incluso a costa de desplazar a gobernadores de estados tradicionalmente republicanos y otros altos cargos del partido. Sabemos que Trump no es un hombre partidario de la moderación ni de encajar las críticas, por lo que no es descabellado preguntarse hasta qué punto el inquilino de la Casa Blanca ejercerá presión sobre estos amos de las tecnológicas para influir en la opinión pública a su antojo y, sobre todo, para propagar la desinformación y el discurso engañoso o de odio. Ya hemos visto, desde que Trump asumió el cargo, cómo el presidente ha ido copando los titulares de la prensa con anuncios incendiarios que nos obligan a tomarlo en serio por ser quién es, cumpla o no finalmente con lo que amenaza.

En poco tiempo, y con el ascenso de Trump como colofón, hemos sido testigos de tres regresiones a la barbarie. Primero, las todopoderosas tecnológicas han sabido hacer lobby para embarullar el debate sobre quién es el responsable de moderar los contenidos publicados en internet. Se supone que estas empresas deben cumplir con unas políticas que protejan los derechos fundamentales, mientras que los usuarios deben actuar diligentemente. Sin embargo, han logrado que las normativas vigentes de varios países acaben por adoptar enfoques distintos sobre la responsabilidad de las plataformas: unas buscan un equilibrio entre inmunidad y responsabilidad, mientras que otras descargan casi todo el peso sobre los usuarios. Al final, por una u otra interpretación, las plataformas salen indemnes.

En segundo lugar, como esta impunidad no era suficiente, dieron más pasos para zafarse de las normas. Primero X y más tarde Meta (Facebook, Instagram y WhatsApp), eliminaron los verificadores de contenidos por parte de organizaciones independientes y modificaron sus restricciones en temas como inmigración o género, apuntando que estas prácticas frenaban la libertad de expresión y el debate político.

La tercera regresión se produce con la decisión de Google de retirarse de los compromisos adquiridos con el Código de Buenas Prácticas contra la Desinformación de la Unión Europea. Google, que había sido un actor clave en esta iniciativa, decidió dar marcha atrás justo cuando se buscaba convertir dicho código en una normativa vinculante bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA). Básicamente, como esta normativa complica la estrategia competitiva de la firma de Silicon Valley, pues anuncian que no la van a cumplir.

Y cuando pensábamos que los derechos fundamentales no podían estar más en riesgo, aparece China con DeepSeek, su copia de todo a cien de ChatGPT, pero que seguramente mejorará con el tiempo y será más peligrosa de lo que ya es a la hora de difundir su propia visión del bien y el mal. Entre su expandido sistema de vigilancia de reconocimiento facial, toda la información que tiene de nosotros por el uso de sus redes sociales y comerciales, y su sistema de inteligencia artificial, el Gobierno chino acabará sabiendo más de nosotros que nosotros mismos.

Estas decisiones amenazan con empeorar la propagación de desinformación en un contexto marcado por la creciente impunidad de la que gozan las grandes plataformas tecnológicas, que han sido capaces de construir un poder paralelo que opera fuera del alcance de Estados, organismos internacionales y sistemas judiciales. Estas empresas ya no cumplen la función de ser meras intermediarias de la comunicación digital, sino que moldean sin filtros el ecosistema informativo mundial y deciden qué ven o leen millones de personas, influyendo en sus percepciones de lo que es correcto y lo que no.

Desde la Fundación Hermes creemos que la verificación de datos es una disciplina periodística clave en la lucha contra la desinformación, pero la eficacia del trabajo de estas iniciativas no depende solo de la calidad de sus contenidos, sino también de su capacidad de hacerlos llegar a grandes audiencias a través de las mismas vías por las que se expanden las falsedades. Al mismo tiempo, los medios de prensa tradicionales, que luchan con sus herramientas internas contra la manipulación mediática, también necesitan el mayor acceso a los canales digitales para contrarrestar las falsedades. Esta dependencia involuntaria de las grandes tecnológicas para frenar la mentira y propagar la verdad hace más grave que permitamos esas regresiones a la barbarie.

La falta de sistemas robustos de verificación de las redes sociales allana el camino a los comportamientos dañinos en internet, desde extorsiones y calumnias hasta la difusión de contenido sexual no consentido. Europa debe reforzar su lucha para limitar el poder de las tecnológicas y fomentar un entorno digital más seguro. Es decir, debemos ir en la dirección opuesta, consolidando un modelo de negocio que prioriza el bienestar de sus usuarios sobre la rentabilidad económica y la tentación de esparcir patrañas malintencionadas y tendenciosas.

Este fenómeno requiere una estrategia multidimensional: marcos regulatorios internacionales adaptados a las realidades tecnológicas, inversión en tecnologías de detección de desinformación y programas educativos que sensibilicen a la ciudadanía sobre los riesgos asociados con el contenido generado por IA. Abogamos por un enfoque centrado en la ética, la transparencia y la colaboración público-privada para garantizar que la tecnología digital, incluida la inteligencia artificial (IA), se desarrolle de manera responsable.

Con este fin, y para contrarrestar la decisión de las grandes tecnológicas de prescindir de las verificaciones, desde hace años hemos sostenido que el anonimato debe desaparecer de internet sin que la protección de la intimidad se vea afectada por ello mediante un proceso que debe ser transparente para los ciudadanos. Esta iniciativa tendría la inmediata atención europea y España podría liderar un proceso que sería fundamental en la definición del modelo de derechos de ciudadanía digital de los Estados democráticos en todo el mundo.

Me viene a la mente una conocida frase que Antonio Machado escribe en uno de sus poemas: “¿Tu verdad? No, la verdad; y ven conmigo a buscarla. La tuya guárdatela”. Podemos tener una opinión sobre una verdad y tenerla con más o menos certeza, pero esta verdad puede tener matices. Lo que es indiscutible es la realidad, lo factual, aquello que no admite discrepancias. La verificación de la información y la imposición de compromisos éticos y legales a las grandes tecnológicas son clave para que las opiniones y las mentiras no prevalezcan sobre las certezas.

Es importante que desde todos los ámbitos, públicos y privados, quede claro que iniciativas que ayudan a obtener la verdad en el mundo digital no buscan ni frenar la innovación tecnológica, ni socavar el derecho de privacidad de las personas. Todo lo contrario, pretenden favorecer la primera y proteger lo segundo. La tecnología es una herramienta poderosa que, si se gestiona correctamente, es un motor de progreso y bienestar. Para ello, debemos trabajar juntos como sociedad, estableciendo límites claros, promoviendo la inclusión y asegurando que los beneficios de la innovación sean compartidos por todos. España tiene la oportunidad de liderar este cambio y convertirse en un modelo para el mundo. Si la dejamos pasar, retrocederemos varios años en el reloj de la civilización. Ahora es el momento de actuar.