Líbano: la tregua de los ardides

Líbano vuelve a estar al borde de un nuevo conflicto una vez que Tel Aviv, de manera unilateral y con el apoyo de Washington, ha prorrogado la tregua en vigor desde el 27 de noviembre pasado. Precisamente, el domingo, fin del cese de hostilidades de 60 días, 22 libaneses, entre ellos un militar, murieron por disparos de los soldados ocupantes y 124 resultaron heridos. Los civiles intentaban regresar a sus aldeas en el Sur; los soldados libaneses, garantizar su seguridad. En total, cerca de 40 personas han perdido la vida en los dos últimos meses, siempre bajo las balas israelíes, que han impedido el retorno a más de 60 localidades. Según las autoridades libanesas, que aparecen como una especie de intermediario entre el ejército israelí y la milicia de Hezbolá, los dos protagonistas del conflicto bélico de octubre-noviembre pasados, las fuerzas de ocupación han cometido más de 500 infracciones. Además de abrir fuego contra personas que “se habían acercado demasiado” a los destacamentos ocupantes, aquellas remiten a la demolición de edificios, la voladura de puentes y carreteras, la destrucción de huertos y áreas de cultivo (la fértil vega del río Wazzani) y la ocupación de lugares a los que no habían podido acceder durante la incursión del pasado otoño.

Estas violaciones se han producido ante la mirada impotente de las fuerzas de la Unifil, comandadas por el general español Aroldo Lázaro Sáez, y el propio ejército libanés. Los destacamentos de la ONU y las Fuerzas Armadas libanesas integran la comisión para el cumplimiento y supervisión del alto el fuego en Líbano junto con Estados Unidos, que la preside, Israel y Francia. París llamó a la retirada total de las tropas de Tel Aviv, pero la opinión del presidente Emmanuel Macron no cuenta demasiado, al parecer.

La justificación del Gobierno de Benjamín Netanyahu para impedir que todos los desplazados, en torno a un millón, regresen a sus hogares, tal y como establece el documento acordado, es que el ejército libanés no ha cumplido su cometido, que, según su interpretación particular de la tregua, incluía la destrucción total de los arsenales e infraestructuras de Hezbolá y el arresto de sus miembros al sur del río Litani. El texto, con enunciados ambiguos en determinado párrafos, no decía eso, pero, en todo caso, habría sido de muy difícil ejecución: los soldados israelíes han permanecido en numerosos emplazamientos y no han dejado de controlar los principales accesos terrestres, disparando incluso a los militares libaneses que llevaban a cabo sus propias labores de inspección.

El general estadounidense Jasper Jeffers, presidente de la comisión, destacaba a principios de enero los esfuerzos del ejército local para “consolidar la paz”. El hecho de que semanas después haya avalado la decisión israelí, hasta el 18 de febrero “por lo menos”, refleja la sintonía de la Administración del presidente Donald Trump, como antes la de Joe Biden, con las tesis de Tel Aviv y la dejación de sus obligaciones como mediador imparcial.

Y se trata de un error. Estados Unidos nunca ha comprendido el “avispero” libanés, mediatizado por su estrecha relación con el Estado de Israel y hoy la visión del neosionismo que ha permeado su política exterior en Oriente Próximo. Permitir que los uniformados israelíes permanezcan en territorio ocupado, a pesar de contravenir flagrantemente los términos de un acuerdo internacional, sirve para reforzar a Hezbolá, que ha mantenido un perfil discreto durante el periodo. Peor aún, socava la legitimidad del Estado libanés y su ejército. La gran apuesta de Washington para arrinconar a Hezbolá, aprovechando la animadversión de un segmento significativo de la población libanesa, ha sido promover al general Joseph Aoun a la presidencia y al jurista Nawaf Salam a la jefatura del Gobierno, encargados ambos de desarmar a las milicias.

EE UU sigue siendo el patrocinador principal del ejército y se ha comprometido a adiestrarlo y entrenarlo, a despecho de las suspicacias de la llamada Resistencia islámica; empero, la ocupación israelí ha tratado a los destacamentos de Beirut con una rudeza que no ha pasado desapercibida a un buen número de libaneses, comulguen o no con Hezbolá. El que las tropas israelíes hayan tomado posesión de colinas, altos y collados que, curiosamente, dominan las provincias septentrionales de Israel, junto con las proclamas de asociaciones de colonos y círculos políticos para “repoblar” el sur libanés o volver a explotar (como entre 1978 y 2000) sus notables recursos hídricos, refuerza la idea de que Israel sigue representando una amenaza vital para un proyecto nacional sólido en el País del Cedro. La ocupación de una franja de territorio sirio cerca del Golán o la ampliación de los asentamientos en Cisjordania no ayudan a conjurar la imagen de un vecino obcecado en reconfigurar el mapa de la región. Si esta tregua pretendía, desde la óptica estadounidense, conseguir en la paz lo que Netanyahu no obtuvo en la guerra —neutralizar por fin a Hezbolá—, el resultado puede ser otro: convencer a cada vez más libaneses de que sólo grupos como el Partido de Dios sabrán contener los impulsos de un proyecto expansionista.